ESTUDIANTES QUE DECIDIERON ORGANIZAR A TRABAJADORES

 

Después del 2 de octubre de 1968 se expandió la lucha

*Tras la represión unos murieron, muchos fueron presos, muchos se desanimaron.

*Algunos optaron por la vía armada y se sumaron a las guerrillas.

*Hubo otros que se orientaron hacia las fábricas con la idea de concientizar a los obreros.

*En el libro PROHIBIDO OLVIDAR se narra esta y otras historias. Dale click para leerlo.

 

Por Carlos Guillén Soriano, 

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En el aniversario 53 de la represión al movimiento estudiantil popular de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, recordamos a las incontables víctimas de la barbarie gubernamental, que cayeron abatidas por las balas y bayonetas de las fuerzas armadas.

Probablemente nunca sepamos cuántos estudiantes, obreros, trabajadoras, niños y madres o padres, perdieron la vida por reclamar algo que hoy podemos ver tan elemental como las libertades democráticas, pero cuyo reclamo se consideró por el gobierno como una conjura.

El movimiento estudiantil llenó las calles y plazas de las principales poblaciones del país durante meses, de cantos, de alegría y coraje, de reclamos y de invitaciones al pueblo a sumarse a la lucha por dejar atrás el autoritarismo y el conformismo.

El movimiento acordó un pliego petitorio de seis puntos que pedían derogación de los artículos 145 y 145 del Código Penal que definían el delito de disolución social, libertad a los presos políticos, deslinde de responsabilidades, destitución de los jefes policiacos responsables de la represión, desaparición del cuerpo de granaderos y no creación de cuerpos similares e indemnización a las familias de muertos y a heridos.

Pero además del pliego petitorio, el movimiento fue construyendo otro programa, el surgido del contacto y la solidaridad del pueblo trabajador. Este programa, mucho más rico, incluía mejor transporte y servicios en las ciudades, apoyo al campo y salario y democracia en las fábricas, entre muchos otros puntos. Este otro programa y la creciente vinculación de sectores populares al movimiento constituían el peligro que "amenazaba" al sistema político dominante. La incorporación de la clase obrera a la lucha implicaba poner en riesgo las "muletas" en que se apoyaba el sistema político que, a falta de una base social propia, se sostenía con el apoyo del charrismo en los sindicatos y caciques en el campo.

La violenta respuesta del gobierno al movimiento no fue porque cumplir el pliego petitorio del movimiento pusiera en riesgo alguno al sistema y su control sobre la población, fue para impedir que se integraran obreros y campesinos al movimiento.

Después de ese 2 de octubre, el movimiento retrocedió; ya no pudo salir a las calles. La mayoría de sus dirigentes fue enviada a la cárcel y muchos murieron. Había que decidir qué hacer. Una parte importante de los estudiantes en lucha creían que debía continuar el movimiento, pero con otras formas de lucha.

Muchos de ellos, convencidos de que las formas democráticas de participación se cancelaron el dos de octubre, optaron por la vía armada. Ya fuera integrándose a los grupos guerrilleros previamente existentes -sobre todo en el medio rural- o creando organizaciones urbanas político militares, en una actitud heroica pero poco ligada a las masas; muchos jóvenes estudiantes pasaron a la clandestinidad. La respuesta del Estado fue una guerra sucia que sacrificó a cientos de jóvenes luchadores, los infiltró y los quiso enterrar en el olvido.

Otra parte de estudiantes, también convencidos de que la lucha debía continuar, lo hizo llevando su experiencia y prácticas democráticas al corazón mismo del sistema, a las fábricas, a las colonias y barrios obreros, a las comunidades de trabajadores del campo. Sin el impacto mediático que acompañó al movimiento armado, estos estudiantes fueron parte fundamental de la insurgencia obrera que sacudió al país en los años posteriores y que aún hoy, está presente en la mayoría de las expresiones sindicales en lucha, tanto en el campo como en la ciudad.

Con motivo de un aniversario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el equipo responsable de este proyecto de información de y para los trabajadores, publicó el libro Prohibido Olvidar, en el que se incluyó el capítulo "De las aulas a las fábricas" a fin de rescatar la memoria de esta experiencia de organización obrera con la que se continuó la lucha del movimiento estudiantil de 1968 y se rindió el mejor homenaje que se puede hacer a los caídos, que es continuar su lucha.

Hoy que desde algunas organizaciones que se reivindican de izquierda, prácticamente se ha olvidado el papel de la clase obrera en la lucha, reduciendo todo a un movimiento ciudadano por la democracia, sin considerar el papel de los trabajadores en la producción, es de gran utilidad recordar las experiencias de lucha de otros momentos y aprender de ellas para rescatar los positivo y evitar cometer los mismos errores. Invitamos a leer las historias de lucha recopiladas en este libro.

LENTO Y CON ERRORES EL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

 A dos años y medio de su creación

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Casi dos años y medio de que fue establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) avanza lentamente, y persisten errores en sus listados, como el de que hay 7 sindicatos con denominación nuclear con secciones ya desaparecidas y hasta aparece como secretario general una persona que hace 35 años no es integrante del Sindicato de Trabajadores Nucleares Mexicanos. Así de añeja está la información oficial sobre sindicatos en México.

Para los trabajadores hay insuficiente información lo que ha provocado confusión, pues en el caso, por ejemplo, de una de las tareas que debían cumplir los sindicatos, que es la adecuación de sus estatutos a las nuevas disposiciones de la ley, primero se dio un plazo que vencía a fines de 2019 y después se dijo que en 2020.

Cuando algunas organizaciones han querido registrar sus cambios, la lenta y escalonada entrada en funcionamiento de la nueva autoridad laboral y el cierre de la anterior con el pretexto de la pandemia.

En el caso de la legitimación de los contratos colectivos, según la información del el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ( CFCRL) hasta la semana que terminó el 11 de septiembre de 2021 se ha consultado a 872 mil 213 trabajadores, con poco más de mil 600 contratos colectivos legitimados como resultado, incluyendo el de los trabajadores del IMSS que suman 387 mil 453.

En el caso contrario, sólo 7 contratos se han terminado al ser rechazados por los trabajadores involucrados, quienes suman algo más de 1,700. Cabe mencionar que entre los que el Centro reporta como terminados aun no aparecen casos recientes, como el de la planta Silao de General Motors. A estos se pueden agregar las consultas ya programadas que suman 273, para un total de cerca de 1,900 contratos consultados o en proceso.

De acuerdo con la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -aun autoridad en materia de registros sindicales mientras no funcione el CFCRL- en México 7 mil 617 sindicatos cuentan con registro, por lo que teóricamente ese debería ser el mínimo de contratos a legitimar, aunque debe ser un número mayor, si se considera que hay sindicatos que son titulares de más de un contrato y los hay que detentan decenas.

Las cifras no están claras, pero suponiendo que fuera un contrato colectivo por sindicato, se tendría apenas un avance de 24% de contratos consultados, cuando ha pasado ya la mitad del plazo para hacerlo. El porcentaje de avance es mucho menor si se toma en cuenta que los sindicatos de industria pueden firmar varios contratos colectivos pues agrupan a trabajadores de distintas empresas. Igual si se toma en cuenta que la estructura del sindicalismo mexicano permite concentrar en un solo sindicato a trabajadores de muy variadas ramas de actividad.

El panorama se complica más y los datos reales se alejan al hacer una búsqueda superficial de sindicatos registrados por la autoridad registral en funciones. Así, aparecen las secciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) como si fueran organizaciones distintas.

Precisamente, otra de las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFRCL) es el registro de sindicatos, contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y rendiciones de cuentas de las directivas sindicales.

Gran tarea espera al Centro cuando inicie estas funciones, el próximo mes de octubre de 2021, aunque por lo pronto ya reporta que hay 1,225 sindicatos registrados, ha entregado 40 constancias de representatividad y publica 3 rendiciones de cuentas y 6 contratos colectivos. De los últimos números se desconoce si son los únicos recibidos por el centro o son los únicos que publica.

Al momento, informa el CFCRL que ha participado en 4,328 eventos. Seguramente se requerirán muchos más para que haya orden en la información sobre registros sindicales y contratos colectivos y para que desaparezcan los contratos colectivos y los sindicatos de protección. Pero la principal necesidad para que esto ocurra, es que los trabajadores estén organizados y luchen por sus derechos. Esto, no lo sustituyen ninguna reforma ni oficina gubernamental.

Sus funciones son la conciliación de los conflictos laborales para evitar ir a juicio y el registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo y contratos-ley, así como de reglamentos interiores de trabajo y otros procedimientos relacionados, de acuerdo a la LFT y a su propia ley orgánica.

En los artículos transitorios de la ley laboral se establecieron los plazos para el cumplimiento de los cambios introducidos por la reforma laboral. Particularmente, en lo que compete a este nuevo organismo, se fijaron dos años para su entrada en funciones. En tanto esto sucedía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación deberían continuar con las funciones que tenían en materia de conciliación y registro, por lo que trámites como el registro de sindicatos y contratos colectivos no se detuvieron y la legitimación de los contratos, se inició de inmediato.

EL SUTIN CUMPLIÓ 57 AÑOS DE LUCHA

 Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

A mediados de una década de intensos cambios y cuyo distintivo fue la rebeldía, la de los sesentas, el 8 de septiembre de 1964 nació el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. A pesar de los intereses que buscaban integrar al nuevo sindicato a la estructura sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), los trabajadores nucleares, rechazaron tal integración y se constituyeron como sindicato independiente.

A principios de la década siguiente el sindicato de trabajadores nucleares mexicanos creció con la incorporación de jóvenes profesionistas que habían vivido la experiencia democrática del movimiento estudiantil y se establecieron relaciones con los electricistas del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la RM, con una larga experiencia de lucha.

Así, se conjuntan la convicción de permanecer al margen del charrismo sindical, con las experiencias de los electricistas y del movimiento estudiantil de 1968. Este proceso llevaría a la integración de los trabajadores nucleares al sindicato unificado de electricistas, lo que permitió salir del apartado B y firmar el primer contrato colectivo de trabajo en 1974.

Los nucleares fueron parte central de la Tendencia Democrática del SUTERM, lo que fue motivo para que fueron reprimidos junto con los electricistas democráticos, con la cancelación de su CCT en julio de 1976. Se les forzó a formar un nuevo sindicato sujeto al apartado B y dentro de la FSTSE.

A fines de los setentas, la lucha de los trabajadores nucleares contra una iniciativa de ley que abría la puerta a la iniciativa privada en la industria nuclear y su defensa de un proyecto nacional para esta industria, logró el regreso al apartado A y la firma de contratos colectivos con los organismos resultantes de la división del INEN.

En los inicios del neoliberalismo, una huelga mal preparada y aislada dio pretexto al gobierno para cerrar una de las empresas. Se perdió más de la mitad de la membresía y un CCT.

La defensa de la materia de trabajo y la lucha por una política energética nacionalista permitieron a un sindicato disminuido y atacado desde diversos ángulos, superar la situación y seguir en la lucha con sus propias propuestas y programas.

Las políticas oficiales seguidas durante décadas, de abandono a la investigación científica y una política energética basada en el petróleo y con una creciente apertura al capital privado, llevaron a la fuente de trabajo actual de estos trabajadores, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) a una situación difícil. El insuficiente presupuesto para el ININ, crecientes ataques a la contratación colectiva y la imposibilidad de renovar la plantilla de trabajadores, están entre los principales problemas. Esto se agrava con la contratación irregular de personal, con el trato a los trabajadores de base como si fueran funcionarios, promoviendo el burocratismo y con la permanente campaña promotora del individualismo que se da en todos los terrenos.

Todo esto y el alejamiento de la formación política y sindical han generado condiciones difíciles. No obstante, la base de la organización, la que rechazó al sindicalismo corporativo, la que se nutrió del movimiento estudiantil y de las luchas históricas de los electricistas, la base rebelde del Centro Nuclear, que siempre ha logrado superar las peores condiciones con sus propuestas en materia de investigación y energía, mantiene al sindicato de los trabajadores nucleares mexicanos como una organización de lucha por hacer realidad cada día su lema: Por la Unidad Proletaria.

UNA HISTORIA NO CONTADA

 Víctor Rico Galán. Un rojo desde niño

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La clase social capaz de dirigir hacia su transformación social es la obrera y para lograrlo requiere contar con un partido de cuadros que sea capaz de organizar a los trabajadores de vanguardia, con una perspectiva de clase y socialista. Este partido debe tener entre sus características centrales la capacidad de guiar la lucha a partir de un análisis profundo de la realidad, que permita ligar las luchas inmediatas con las de largo plazo. Estos fueron algunos de los planteamientos de Víctor Rico Galán que recordaron los ponentes en un acto denominado Una historia no contada que se realizó en Morelia, Michoacán, el pasado 6 de agosto de 2021.

Ante un público compuesto por dirigentes políticos y sociales michoacanos, se recordaron aspectos de la vida y planteamientos del periodista y dirigente socialista Víctor Rico Galán, quien nació en España y llegó a México a los once años, ya que junto con su familia participó en la guerra civil española en el bando republicano. Tocó en el evento a quien escribe estas líneas, hacer una semblanza de Rico Galán.

Hijo de un dirigente socialista al servicio de la República, Víctor ya desde niño participó en actividades revolucionarias, al servir como correo de la resistencia y ayudar en la distribución de la prensa revolucionaria envolviendo en pliegos de ésta, hogazas de pan.

A los once años, al llegar a Nueva York, primer punto de contacto en América, Víctor dio su primer discurso político presentando la proclama de los refugiados españoles que tenían como destino México, gracias a la solidaridad del presidente Lázaro Cárdenas.

Su padre pronto recibió la nacionalidad mexicana y con ello, también el joven Víctor se convirtió en mexicano. Estudió en la Escuela Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y trabajó en la imprenta universitaria. También apoyó a su padre con investigaciones históricas para la elaboración del texto Hacia un concepto de la conquista de México . Incursionó en la docencia como profesor de literatura española y en el periodismo. Escribió en las revistas: Sucesos para todos , Política y Siempre!

Al triunfo de la Revolución Cubana viajó en diversas ocasiones a la isla donde desarrolló una estrecha relación con la dirección cubana, lo que le valió un riguroso seguimiento por parte de la policía política mexicana, la Dirección Federal de Seguridad, ya que para el gobierno era un personaje “peligroso“.

Convencido de que el análisis en la prensa no era suficiente, sino que la palabra debía acompañarse con la acción, participó tanto en la formación del Movimiento de Liberación Nacional como en el Movimiento Revolucionario del Pueblo, organización ésta que buscaba la formación política y aún militar de sus integrantes. El seguimiento policial y las delaciones hicieron que más de un centenar y medio de integrantes del MRP fueran encarcelados. Las acusaciones a Víctor fueron incitación a la rebelión, conspiración y acopio de armas.

En la cárcel continuó su actividad política con la integración de círculos de estudio y la creación del Frente Socialista desde el cual se impulsó la organización revolucionaria de la clase obrera con ideas como las señaladas al inicio de esta nota. Ya libre, inicia la publicación del periódico obrero La Unidad . Falleció el 11 de enero de 1974.

En el acto se leyó el texto Víctor Rico Galán, Un extraordinario militante revolucionario enviado por Ruxi Mendieta. En éste se destaca la solidaridad de Víctor que siempre estuvo a flor de piel. En cualquier momento mostraba su amplia disponibilidad para ayudar, o para orientar a sus compañeros de la cárcel. Extendía la mano, no sólo a sus cómplices de ideología y de sueños, sino con cualquier compañero que, por alguna razón, tuviera contacto con él.

Señala el documento la capacidad de análisis y la congruencia en la forma de exponer y en la forma de concluir sus artículos y sus investigaciones periodísticas. En uno de sus textos, escrito en la cárcel de Lecumberri, el 23 de noviembre de 1971 -recordó Ruxi- nos dice Víctor… “Porque el PRI, puede declarar. Pero nosotros tenemos que construir, que crear, que hacer.”

Entre las anécdotas citadas dijo que, a todos los que pasaron por la Crujía “N” como presos políticos, Víctor los convocaba a participar en los círculos de estudio. Propuso esta tarea imprescindible, aprovechando el encierro injusto. La hora de estudiar era un espacio impostergable, puntual y de gran disciplina. Cada quien daba cuenta de sus lecturas, compartían, analizaban y debatían con absoluto compromiso.

El estudio, en el caso de aquellos presos políticos alentados por Víctor, fue sin duda alguna, la gran oportunidad, no sólo para aprender y adentrarse en el marxismo, fue también, un respiro que les sirvió como terapia para sobreponerse a los momentos de terror, como las torturas por órdenes de la policía. Dijo que fue Víctor quien más sufrió de graves lesiones. En una ocasión regresó tan golpeado a la celda, que duró varios días enfermo, pero su voluntad no lo abandonó y siguió adelante. Había mucho que leer y analizar, ya que, saliendo de prisión, tenían que ponerse al día y seguir militando, como si nada hubiera pasado.

Agregó que, en aproximadamente seis años de cárcel, lo ahí vivido, compartido y experimentado fue de gran enseñanza, aprovechada como sólo lo hacen aquellos revolucionarios con un gran espíritu de lucha y una enorme conciencia política y social.

Se dio lectura también al escrito enviado por Carlos González Muñoz, uno de los jóvenes estudiantes que conoció a Rico Galán en la cárcel, donde lo visitó en unas diez ocasiones. Carlos participó en el movimiento estudiantil de 1968, después del cual algunos decidieron seguir la lucha con las armas, pero al mismo tiempo crecía una propuesta que apuntaba hacia las fábricas, hacia los obreros y los barrios donde vivían. Algunos que creían el movimiento estudiantil ya no daba para más, encontraron en las cartas de Víctor Rico una respuesta a sus inquietudes.

Cuenta Carlos que la visita a los presos políticos en Lecumberri le permitió comprobar la existencia de quienes habían motivado la consigna de ¡presos políticos libertad! que cientos de miles coreaba en las calles en el 68. Vio que los presos políticos habían construido en la cárcel un espacio de libertad en cada rincón de la crujía, donde compartían comida, libros e ideas. Ahí nació el núcleo fundador que trabajaría por la organización revolucionaria de la clase obrera.

Agregó que aprendió de Víctor no sólo la teoría sino el valor que daba a la unidad de la clase obrera en la conformación de la conciencia de clase y su insistencia en que la emancipación de la clase obrera tenía que ser obra de ella misma. Comprendió que no podía seguir siendo estudiante y a la vez combatiente por el socialismo, solamente los fines de semana, por lo que dejó la escuela y se incorporó como obrero a la lucha en el sector minero metalúrgico.

En su turno, Agustín Ortiz dijo que la principal enseñanza de Víctor Rico Galán fue que lo más importante que debe tener un militante es hacer el análisis político del momento. Éste no debe confundirse con los deseos de cada quien ni ser distorsionado con prejuicios personales. Debe estar fundamentado; en lo más básico, debe partir de una nueva concepción del mundo, la concepción materialista de la historia, desarrollada por Marx.

Señaló que es el ser social lo que determina, pues actuamos no según nuestra conciencia, sino que es la sociedad la que nos determina. Esta concepción determinó cómo la historia de la humanidad llegó a una determinada forma de producción que tiene como clases fundamentales, la que es dueña de los medios de producción y quienes los trabajan.

Se refirió al papel de la clase obrera en la sociedad e insistió en que lo que define el carácter del proletario como sujeto revolucionario no son sus ingresos o por ser mayoría o no, sino su papel ante la producción. Un proletario no puede plantearse parcelar la fábrica para beneficio personal, sino expropiarla para beneficio colectivo.

Señaló que otras clases como los campesinos pueden dividir un latifundio, pero para hacer producir la tierra requieren maquinaria, riego, fertilizantes. Es decir, deben recurrir a la producción industrial que es realizada por los proletarios. Su papel es muy importante pero no fundamental.

No obstante, dijo que el trabajo diario del proletario es enajenado y peligroso; no es consciente, entre otras razones, porque los patrones imponen su forma de pensar para evitar que trabajadores desarrollen su pensamiento.

Destacó la necesidad del análisis del contexto histórico. Dijo que el movimiento estudiantil de 1968 fue muy importante y de ahí surgieron muchos luchadores. Algunos, tomaron las armas, pero también hubo otros que optaron por la organización obrera. En ésta hubo golpes y represión, pero Víctor Rico enseñó que eso no debe llevar a abandonar la lucha o a la desmoralización, pues se trata de procesos históricos que no son determinados por los individuos, sino por la lucha de las masas.

Otro planteamiento de Rico galán fue acerca de qué era el PRI, al que siempre se criticó, pero no siempre se analizaba. Este organismo no surgió de la nada, sino que fue resultado de un proceso social fundamental que fue la Revolución Mexicana que, entre otras cosas, disolvió el ejército de clase, creando una situación distinta a la del resto de América Latina. Víctor analizó esto en textos como el Primero de mayo y el bonapartismo en México.

Mencionó los cambios en décadas recientes en el PRI, el surgimiento de la corriente democrática, el desplazamiento de las corrientes históricas que eran la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y la de Organizaciones Populares y cómo el PRI devino en un organismo más parecido al PAN que a lo que fueron sus orígenes.

Enfatizó en la obligación de ser rigurosos en el análisis, haciéndolo con datos duros y evitar confundir la realidad con los deseos propios. Con el contexto histórico y el análisis de la coyuntura, estudiar la realidad concreta.

A continuación, se dio la intervención de Silvia Bazúa, quien recordó la respuesta de las comunidades indígenas michoacanas a los llamados de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, señalando que ya Rico Galán había previsto el papel del cardenismo. En su escrito póstumo, señaló que el cardenismo era una realidad viva; que no era volver atrás sino dar modelo para avanzar; tomar referencia del pasado para ir al futuro.

Dijo que hay una conciencia larvada que no se manifiesta sino en determinadas condiciones y que ha sido revelador cómo los michoacanos han sido protagonistas de la historia, por ejemplo, cuando por acuerdo de comunidades se votó por Cárdenas.

Mencionó cómo en la memoria de indígenas michoacanos había permanecido la electrificación rural en Michoacán por los electricistas que después integrarían la Tendencia Democrática, lo que los llevó a apoyarla.

Sobre la lucha de los electricistas, destacó su programa, la Declaración de Guadalajara, que retomó enseñanzas de Rico Galán y es plenamente vigente en muchos aspectos, entre los que mencionó los puntos de democracia e independencia sindical , la reorganización democrática del movimiento obrero , la sindicalización de todos los asalariados, aumento general y escala móvil de salarios y la defensa, ampliación y perfeccionamiento de la seguridad social .

Dijo que se trató de un programa nacionalista que dio base a las luchas obreras de setentas.

Terminó señalando que lo que se debe hacer es avanzar de manera organizada hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, ni oprimidos y opresores, en la que todos puedan caminar con la frente en alto con la misma dignidad.

Finalmente, Francisco Zamudio, organizador del acto, narró su experiencia como obrero de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). Cómo siendo obrero sin interés alguno en la política y sin formación, conoció a jóvenes de origen universitario que habían dejado las escuelas para apostar por la organización obrera.

Sobre su experiencia, dijo que inició como delegado sindical siendo ya integrante de círculos socialistas, los cuales había en casi todas las áreas de Sicartsa. En estos círculos estudiaban marxismo y las luchas sociales en América Latina y en Europa, porque sin tener formación académica, los obreros tenían intuición social.

Las condiciones de vida y trabajo en la planta, implicaban un constante deterioro de la salud de los obreros por la contaminación por acero con polvos, ruido y calor excesivos, lo que llevó a los jóvenes metalúrgicos a la primera huelga en la cual participó, que tuvo una duración de 6 días, sin experiencia, sin fondo de resistencia, sin nadie que los apoyara, pero con la organización desarrollada con las ideas de Rico Galán.

Este trabajo de organización llevó a la formación de una corriente sindical abierta, que tomó la denominación de Democracia Proletaria para defender la democracia obrera para defender la autonomía obrera y defender las libertades sindicales y para brindar solidaridad. Trabajó no solo por la unidad de los obreros de Sicartsa, sino por la de estos con los de otras plantas, por lo que desarrollaron vínculos con los obreros de Monterrey, Monclova, Ecatepec, lo que los puso en la mira de la dirección nacional del sindicato minero, la que procedió a sancionarlos, con hasta tres años sin derechos sindicales, los que los dejó indefensos ante la empresa que podía despedirlos sin problema.

A nivel nacional, se acordó en 1982 participar en la lucha electoral, a la cual se sumó Democracia Proletaria ampliando su acción a otros sectores, combinando la lucha obrera con la electoral y popular.

Así, se recordó una historia que solo los protagonistas conocían y que es una pequeña contribución ante algunas de las principales debilidades de los trabajadores mexicanos en su lucha para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo, que son la falta de memoria y la ausencia de formación política, lo que lleva a que muchas luchas tengan que partir de cero y no aprovechen experiencias previas cuyo conocimiento les permitiría aspirar a mejores resultados.

¿DERECHOS LABORALES EN LAS HUMANIDADES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA? SÍ O NO

El CONACYT puso a debate lo que es obligación respetar

*Algunos funcionarios sugieren eliminarlos o restringirlos a trabajadores del sector.

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

 

Inició un ciclo denominado Mesas de Diálogo en torno a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (HCTI) organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 10 de agosto de 2021. Lo paradójico es que algunos funcionarios sugirieron eliminar los derechos humanos laborales en el ramo.

El evento constará en total de 6 sesiones, en las que también participan como organizadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Conacyt y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de analizar el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en sus aspectos laborales.

La primera mesa “Marco Jurídico de las y los trabajadores de la ciencia”, contó con la participación de Luis Armando González Plascencia, funcionario de ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Lic. Arturo Alcalde, asesor de diversos sindicatos, Gilberto Chávez Orozco, Presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo y la Lic. Daniela Herrera, especialista en derecho fiscal y temas electoral y de administración tributaria.

En la inauguración, la directora de Conacyt se refirió a la necesidad de contar con un marco jurídico apropiado a los nuevos tiempos, para lo cual se ha llamado a participar en la elaboración de la una ley general de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Dijo que la comunidad científica debe contar con todos los derechos fundamentales iniciando por lo laboral y todo lo que impliquen mejores condiciones laborales. Señaló que en Conacyt hay tolerancia cero al acoso laboral.

El Maestro Manuel García Urrutia, titular de la Unidad de funcionarios Conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), en representación de su titular, se refirió a la necesidad de que el estado defina políticas en materia de investigación.

Señaló que en esta iniciativa pugnarán por la homogeneidad de las condiciones laborales de los 26 centros de investigación, ya que hay diversidad en los marcos normativos laborales de los mismos. En cuanto a los investigadores asignados a instituciones educativas, dijo que se deberán definir condiciones más claras y precisas.

Luis Armando González Plascencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dijo que se debe incluir una perspectiva de derechos humanos, sobre todo ahora que la educación superior es un derecho humano.

Dejó ver que hay que considerar la posibilidad de cambio del trabajo de quienes se dedican a la ciencia, sugiriendo que deben ser sujetos del apartado B del artículo 123 constitucional. Consideró que la obligación de respetar y proteger los derechos humanos establecida en el artículo 1 constitucional, hace que trabajadores de ciencia y tecnología sean garantes del derecho humano a la educación, ciencia y tecnología, lo que, en su opinión, pone límites a ciertos derechos laborales.

Sugirió abrir una discusión de fondo de lo que significan la educación o ciencia como derechos humanos y se refirió a la libertad de investigación y de catedra; dijo que no se puede alegar como violación, la imposibilidad de seguir una agenda ajena a lo fijado como prioridad nacional.

Enseguida el Lic. Arturo Alcalde, abogado laboralista, señaló que el evento es una muestra de apertura de Conacyt, pues lo laboral era prácticamente prohibido y se tenía que abordar casi en secreto.

Dijo que se es importante conciliar los derechos laborales con la calidad académica y al mismo tiempo, cuidar los recursos públicos. Dijo que hay una gran diversidad en el sector, no sólo en lo que respecta a los aspectos laborales, sino incluso en los marcos jurídicos de las instituciones de educación, ciencia y tecnología, lo que genera confusión. Esta diversidad, dijo, no responde a un plan.

Otro aspecto en el que hay diversidad, señaló, es el origen de los presupuestos, ya que vienen no solo de las transferencias federales, sino que incluyen aportaciones estatales e ingresos propios. Esta situación genera incertidumbre, tanto en los trabajadores como en los mismos funcionarios pues llega a ocurrir que se autorizan gastos, pero no se dice con precisión de dónde hacerlos.

Dijo que en el sector hay exceso de trabajadores por honorarios, lo que genera precariedad e inestabilidad laboral. En algunas instituciones, este personal llega a porcentajes muy elevados.

Propuso trabajar hacia una plataforma básica para todos los centros de investigación, basada en la remuneración, la libertad de organización, Apartado A para todos, entre otros aspectos. Sobre lo último, dijo que el constituyente habló de un régimen general en lo laboral y no de un régimen excepción.

Planteó que se debe garantizar la autonomía de los órganos académicos, avanzar hacia la comprensión de la diversidad y hacia una carrera del personal administrativo, así como que la organicidad del sistema debe reconocer las especificidades de cada centro.

En su intervención, Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo abundó sobre la naturaleza jurídica del trabajo que se realiza. Coincidió con el Lic. Alcalde en que permanezcan en apartado A los trabajadores de este sector, pues en el marco del apartado B se tienen restricciones a los derechos.

Finalmente, Daniela Herrera, funcionaria del Conacyt, especialista en derecho fiscal y temas electoral y de administración tributaria, dio datos sobre el sector. Dijo que hay 8581 trabajadores en el sector, de los cuales 1851 están en el Conacyt, donde hay 228 mandos superiores, 207 empleados de confianza, 183 sindicalizados y 1233 miembros de cátedras.

Se refirió al Sindicato de investigadores del programa Cátedras, Sintracatedras, diciendo que cuenta con 43 miembros y que ha planteado diversas demandas de cumplimiento y solicita firma de un contrato colectivo de trabajo. Dijo que estos trabajadores son los de mayores ingresos y solicitan incrementos diversos. Sugirió que las peticiones son muy elevadas para trabajadores con los mayores ingresos actuales.

Sobre los Centros Públicos de Investigación, CPI, dependientes del Conacyt, dijo que en 26 CPIs hay 6730 trabajadores, 2983 investigadores, 1886 técnicos y 1861 administrativos. Están organizados en 26 sindicatos, 16 de los cuales son sujetos del apartado A del artículo 123 constitucional y 10 del apartado B.

Acerca de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, dijo que ha demandado el cumplimiento de lo establecido tanto en contratos colectivos como en condiciones generales de trabajo.

Terminó señalando que se han incorporado algunas demandas de Sintracatedras al marco del programa Cátedras, sugiriendo que con ello dejan de tener objeto las peticiones de esta organización de firmar un contrato colectivo.

La segunda mesa Principales retos laborales de las y los trabajadores del sector de HCTI incluyó la participación de Miguel Olmos, Secretario General del Sindicato Independiente de Profesores e Investigadores del Colegio de la Frontera Norte, Mateo Mier y Terán y Saraí Miranda Juárez, dirigentes del Sintracatedras, Violeta Gleaves, dirigente del Sindicato Único de Personal Técnico y Administrativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Miguel Ángel Salgado Luna, secretario de trabajo del Sindicato de Trabajadores del Conacyt, José Luis Rodríguez López, secretario de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y el Dr. Rafael Espinoza Luna, director general del Centro de Investigaciones en Óptica.

El Dr. Olmos se congratuló de la apertura a los trabajadores que se da en estas mesas y se refirió al rezago salarial que sufren todos los trabajadores de ciencia y tecnología, mismo que ha intensificado a causa de la actual pandemia. Este rezago ha tenido, entre otras consecuencias, la fuga de cerebros.

Señaló que en los últimos años el salario real de los investigadores ha venido disminuyendo drásticamente, a pesar de lo cual, este año el tope salarial se mantuvo en 3.4% mientras la inflación fue mayor del doble del incremento salarial. Dio datos sobre la evolución de los salarios y las diferencias entre distintas instituciones y, en el caso de las prestaciones, dijo que hay una pérdida de 21.5% de 2013 a la fecha.

Agregó que la pérdida salarial en 2020 es de 3.15% respecto al año pasado y que, para lograr una recuperación salarial en 2022, considerando una inflación de 5% este año, el incremento del próximo año en los salarios debería ser al menos de 6.15%.

Se pronunció por la coordinación del trabajo entre autoridades de Conacyt y de los centros y los sindicatos, y dijo que se debería avanzar en la homologación de cláusulas, salarios y prestaciones.

En su turno, los doctores Mier y Terán y Miranda Juárez expusieron la situación de los trabajadores contratados mediante el programa cátedras Conacyt, así como el estado de las pláticas que esta organización sostiene con el Conacyt en el marco de su petición de firma de CCT.

El Dr. Mier se congratuló por la realización de estas mesas, aunque -dijo- no sustituyen la negociación ante las autoridades laborales. Presentó un panorama del programa y de la situación de los investigadores contratados a través del mismo, de los cuales la mayoría es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. El programa surgió en 2014 a fin de subsanar la insuficiencia de plazas en las instituciones públicas de investigación

Este personal es contratado en condiciones laborales inciertas, con nombramientos irregulares y son considerados como personal de confianza, no obstante que sus funciones corresponden a las del personal de base. Su contratación está sujeta a la suficiencia presupuestal y su permanencia en el empleo se ve determinada por evaluaciones subjetivas.

Ante esto, señaló, se decidió organizarse en un sindicato, el Sintracatedras y demandó de Conacyt la firma de un contrato colectivo de trabajo que dé paso a la bilateralidad. A su vez, Conacyt presentó una contrapropuesta que no responde a lo solicitado y en el caso de las evaluaciones punitivas, plantea un retroceso

La doctora Saraí Miranda abundó en el tema señalando que en la contratación de este personal se presentan como constantes, una noción de propiedad privada por parte de las autoridades de las instituciones, que hacen suyos los trabajos y proyectos realizados por los investigadores, una vigilancia y hostigamiento constantes y una meritocracia de corte neoliberal.

Dijo que, a pesar de haber tenido avances en pláticas previas, en la sesión del día anterior en la STPS, la representación del Conacyt dijo que no tenía sentido continuar en vista de que se hicieron modificaciones a las condiciones del programa que, según ellos, rescatan peticiones del sindicato, además de que Conacyt no está en condiciones de firmar un contrato colectivo.

Terminó solicitando que se evite enrarecer el clima, ya que mientras se realizaban pláticas el día anterior en la STPS, en la Mesa organizada por Conacyt se dio información inexacta acerca de las peticiones sindicales, por lo que, igual que el Dr. Mier pidió evitar la confrontación innecesaria.

La Maestra Gleaves presentó un panorama de la FENASSCYT, de los centros públicos de investigación y de la situación de sus trabajadores y habló de la importancia de contar con una nueva definición de servidor público.

Señaló que el sistema de CPI´s de Conacyt representa la segunda fuerza académica y de generación de conocimiento del país. Abordó la naturaleza jurídica de los centros, así como las garantías constitucionales contenida en los apartados A y B del artículo 123 constitucional, señalando algunas diferencias entre ambos, así como elementos a considerar en una nueva legislación.

Señaló que la situación de las instituciones pública de investigación, implica la existencia en las mismas, de órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública. Esto, si bien puede ser un elemento para un manejo adecuado de los recursos públicos, introduce aspectos de desconfianza al auditar constantemente tanto las áreas operativas como el desempeño académico y al omitir la naturaleza de las actividades académicas, en la consideración de servidores públicos a todos los trabajadores.

La rendición de cuentas a que están obligados los servidores públicos, al confundir a partir de criterios salariales, al personal académico con las jerarquías administrativas, introduce elementos de presión, para personal que no administra recursos ni tiene personal bajo su mando, por lo que se propone que en la ley en preparación se incluya una categoría especial, la de servidor público académico, al cual la evaluación se haga por pares y no por parte de los OIC.

El secretario de trabajo del Sindicato Independiente de Trabajadores de Conacyt, Miguel Ángel Salgado, hizo un recuento de las luchas de los trabajadores del sector por mejorar su situación, que llevó, entre otras cosas, a acudir a la Cámara de Diputados en solicitud de mayores recursos que permitieran mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal. Se logró ampliar el presupuesto para el sector y en respuesta, las autoridades del Consejo introdujeron masivamente el outsourcing que mantiene a los trabajadores sin estabilidad laboral y los mantiene en condiciones de precariedad.

Se pronunció por la unidad de los trabajadores y por lograr un tabulador para el sector que permita mejores condiciones y evite la precarización laboral.

El secretario de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, se refirió a la representación académica en el Consejo de Estado y los órganos de gobierno propuestos en el anteproyecto de ley en análisis.

Enfatizó en la importancia de contar con una representación académica en órganos que están integrados, en la propuesta, sólo por secretarios de estado. Para ello, señaló que la FENASSCYT propone que participe la representación sindical donde ésta exista o mediante académicos electos por la comunidad, cuando no la haya.

La idea es que los investigadores tengan mayor representación para lo cual presentó propuestas para incluir en los artículos 39 y 82 del anteproyecto en discusión.

Finalmente, Rafael Espinoza Luna, director general del CIO, institución en la que se ha denunciado recientemente la violación al CCT, ante la presentación de una propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología, distinta a la preparada por Conacyt, señaló que esta tarea corresponde a tal organismo e invitó al diálogo. Propuso el reconocimiento de los CPIs como instituciones fundamentales para alcanzar la independencia científica y tecnológica del país por lo que se debe -señaló- fortalecer el sistema nacional de centros públicos de investigación.

Pidió, asimismo, a fin de evitar desmentidos o descalificaciones y fortalecer la transparencia, que se hagan públicas las demandas que ha presentado el Sintracatedras y que éste, haga público su padrón de afiliados.

Un elemento a considerar en este ciclo de mesas es la diferencia con las actividades realizadas en otros momentos -como algunos ponentes señalaron- en que ahora sí se están escuchando voces de los trabajadores y sus organizaciones, o al menos se les están abriendo espacios para plantear sus posiciones. En el pasado era común que se invitara a este tipo de actos de manera casi exclusiva a investigadores a título personal y no como parte de sus organizaciones.

La alta participación de representantes sindicales en la mesa II, por ejemplo, da oportunidad a que se escuchen no solo voces aisladas, sino a trabajadores organizados. No obstante, experiencias recientes en el poder legislativo, en las discusiones sobre trabajo a distancia y subcontratación, alertan sobre la posibilidad de que se oiga a los sindicatos, pero no se les escuche ni tomen en cuenta sus propuestas.

En estas mesas no estuvieron ausentes las provocaciones. Esta vez, a través de comentarios en las redes sociales, en las que abundaron mensajes de descalificación a las demandas y propuestas de los trabajadores.

Un aspecto que llama la atención es que a pesar de que el anteproyecto de ley en análisis, es de carácter general por lo que aplicaría para todas las actividades de los sectores involucrados, en las mesas se está considerando casi solamente a los centros de investigación dependientes del Conacyt y se deja de lado no solo las actividades de investigación que se realizan en universidades, sino también a otros institutos de investigación como los del sector agropecuario, como el Colegio de Postgraduados o el INIFAP, el IMTA que depende la secretaría de medio ambiente y los del sector energía ININ, INEEL e IMP, así como al Cinvestav.

AUTORIDADES VIOLAN EL CONTRATO COLECTIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ÓPTICA

 A menos de un año de haberlo firmado

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El 9 de octubre de 2020, el Centro de Investigaciones en Óptica A.C. firmó un contrato colectivo de trabajo (CCT) con el sindicato que agrupa a la mayoría de los trabajadores de base, académicos y administrativos de este centro de investigación, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). A menos de un año, las violaciones patronales al contrato firmado, orillan a los trabajadores a emplazar a huelga en demanda de respeto a lo pactado.

De acuerdo con el contrato colectivo, el 1 de febrero de este 2021 se debieron revisar los salarios, señaló el Dr. Noé Alcalá, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigaciones en Óptica (SITACIO). Para ello el sindicato presentó, desde diciembre de 2020, la solicitud correspondiente en los términos de la Ley Federal de Trabajo. Hasta el 4 de febrero hubo una plática entre sindicato y administración, después de la cual los funcionarios responsables del centro se negaron a continuar, en una clara violación a lo firmado.

Poco después de la firma del contrato colectivo trabajo (CCT), se dieron una serie de interpretaciones unilaterales de parte de los patrones que trajeron, entre otras consecuencias, sanciones a trabajadores al margen de lo establecido en el CCT y en la normativa que rige las relaciones en el centro de investigación. En particular, se despidió al Dr. Enrique Castro Camus, investigador que estaba de año sabático en Alemania, quien, a causa de la pandemia, pidió la prórroga a que tiene derecho y pasando por encima de las normas se le negó y se rescindió su contrato.

La administración del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) no siguió el procedimiento establecido, ya que según el procedimiento correspondiente, debían estar presentes el sindicato y comisiones, lo que se omitió sin explicación alguna, a la vez que no se tomó en cuenta que en la ciudad de León, Guanajuato -sede de la institución- estaba vigente el semáforo sanitario rojo a causa de la pandemia, por lo que el personal realiza trabajo a distancia; a pesar de esto, la administración del CIO quería obligar al Dr. Castro a presentarse en su centro de trabajo.

Al respecto, además de la recontratación, el sindicato demanda la conformación de la Comisión Mixta de Conciliación y Reconsideración, para revisar casos similares.

En otro aspecto, el CIO ha contratado irregularmente a unas 20 personas, al margen del Consejo Técnico Consultivo, órgano interno que debe participar en la contratación de personal, lo que constituye una clara violación al procedimiento de contrataciones establecido en el Estatuto de Personal Académico; esto implica otra violación al CCT, la que se agrava considerando que varios de los así contratados han resultado ser exalumnos y gente cercana a los actuales directivos. Esto además contraviene los lineamientos que se han planteado desde el gobierno federal para evitar favoritismos.

Otra violación a lo pactado es la negativa a conceder las licencias correspondientes a la dirigencia sindical, lo que obstaculiza el derecho a la libertad sindical reconocido por la legislación mexicana y por la Organización Internacional del Trabajo.

El SITACIO acordó emplazar a huelga en demanda de la reparación a estas violaciones al contrato colectivo, lo que fue notificado en términos de ley a las autoridades laborales del ámbito federal; se estableció el estallamiento de la huelga para diez días posteriores a la notificación al centro por parte de las autoridades del trabajo. No obstante, hasta el 17 de junio se entregó la notificación del emplazamiento al patrón.

Este tipo de irregularidades no es nuevo. Ya desde la petición de firma de CCT, se dieron largas con el objetivo de evitar o por lo menos retrasar la firma. No fue sino hasta después de un año de pláticas -cuando emplazaron a huelga- que en una semana se llegó a un acuerdo.

En caso de no llegar a un arreglo entre el sindicato y la patronal, serían colocadas las banderas de huelga en el CIO, lo que causaría retrasos a los proyectos de investigación que desarrollan los investigadores, incumplimiento de compromisos con CONACYT y otras instituciones, así como afectación a los más de 140 estudiantes de cuatro posgrados, especialmente a los que cuentan con alguna beca y a quienes están cercanos a terminar sus estudios.

A fin de evitar llegar a esta situación, el SITACIO ha reiterado su disposición al diálogo con la institución. Sin embargo, hasta el momento la respuesta de Rafael Espinoza Luna, director del CIO, no marcha en el mismo sentido y más bien ha abundado en descalificaciones al sindicato, buscando la división de los trabajadores.

El Centro de Investigaciones en Óptica, con instalaciones en Guanajuato y Aguascalientes, fundado el 18 de abril de 1980, realiza investigación básica y aplicada en el campo de la óptica y la fotónica.

El sindicato nació en 2019, después de 41 años de trabajo del CIO; afilia a trabajadores administrativos y académicos, desde su fundación el 18 de febrero de 2019. Surgió ante la necesidad de defender colectivamente los derechos de los trabajadores ante la constante limitación a los derechos humanos laborales, común en este tipo de instituciones, en las que la alta calificación del personal no impide que se produzcan verdaderos casos de precarización del trabajo.

Como en otros centros de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los trabajadores del CIO decidieron integrar la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, a fin de tener mejores herramientas en la defensa de sus derechos y en la lucha porque la investigación científica tenga un lugar importante en la construcción de una sociedad justa y soberana.

A 50 AÑOS DEL HALCONAZO

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

A cincuenta años del 10 de junio de 1971, vale la pena recordar que fue un movimiento con un contenido e implicaciones mucho más allá de la violenta represión del gobierno, a manos de personajes que con el tiempo fueron llevados a juicio sin recibir castigo alguno. La lucha por las libertades democráticas no ha perdido vigencia. Tampoco la necesidad de contar con un programa de lucha más allá de las demandas inmediatas.

El 10 de junio de 1971, marcharían del Casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución, miles de estudiantes politécnicos, universitarios, normalistas, de Chapingo y otras instituciones de educación superior, convocados por el Comité Coordinador de Comités de Lucha, organismo surgido a la disolución del Consejo Nacional de Huelga al levantar el movimiento huelguístico de 1968.

Entre los ejes programáticos de la manifestación estaban la democratización de la enseñanza, la democracia sindical, la libertad a los presos políticos, la desaparición de las juntas de gobierno y el apoyo a la Universidad de Nuevo León. Uno de los ejes, que mostraba que ya no era sólo un movimiento encerrado en las escuelas, también era la demanda de democracia sindical.

La lucha por la democratización de la enseñanza apuntaba a sustituir la orientación autoritaria de la educación, con estructuras controladas por órganos como las juntas de gobierno de las universidades -que en lo fundamental persisten a la fecha- a fin de orientarla en un sentido de servicio a la patria y al pueblo trabajador.

Se planteaban las libertades democráticas frente a actos como la amnistía a los presos del 68, con los que el gobierno pretendía demostrar su “apertura democrática” en lugar de reconocer que era un logro de la vieja demanda de libertad a los presos políticos, al tiempo que se impedía por cualquier medio, como esa tarde, libertades como la de manifestación.

Después del levantamiento de la huelga estudiantil en 1968, se había intentado infructuosamente volver a las calles. Invariablemente estos intentos fueron impedidos ya fuera por la policía o por jóvenes vestidos de civil, pero con una clara preparación militar. Después se supo que eran los halcones.

Ya desde 1970 estaba presente nuevamente un viejo componente del movimiento por la democratización de la sociedad, pues había cada vez más presencia de grupos obreros en lucha por mejores condiciones de trabajo y por democracia sindical.

La convocatoria a la marcha del 10 de junio de 1971 produjo controversias. No todos los activistas y comités de lucha estaban de acuerdo en convocar a marchar. Las posiciones entre los activistas iban desde la necesidad de aprovechar la coyuntura para recuperar las calles, hasta quienes insistían en que no era aún momento de hacerlo, pues no había condiciones y la represión no se haría esperar. Entre estas, no faltaban quienes empezaban a ver que las formas de lucha democrática, ya no eran viables.

Uno de los planteamientos centrales de la discusión fue la elaboración del programa que, al incluir aspectos como la democracia sindical, abría las puertas precisamente a la incorporación a la lucha de la clase obrera, lo que se veía como un gran peligro desde el poder.

Aunque parecía resuelto el conflicto en Nuevo León, para algunos el hecho de que se hubiera dado bajo la forma de una intervención presidencial, daba motivos para continuar la lucha. Entre los impulsores de la manifestación estaban organizaciones de izquierda, así como brigadistas radicales que impulsaban un trabajo entre la clase obrera para ligarla a la lucha.

El 4 de enero de ese año, el cetemista Sindicato Nacional de Electricistas demandó la titularidad del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, organización surgida de la fusión de los sindicatos integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, que durante años habían luchado contra las empresas extranjeras de electricidad y que tenían una larga trayectoria democrática y propuestas de democratización del movimiento obrero. Esta demanda dio lugar naturalmente a la lucha del STERM en defensa de su contrato.

No era la única lucha obrera por esos tiempos. Había luchas por la democracia sindical y por mejores condiciones de trabajo entre ferrocarrileros, en varias empresas de Morelos, en Ayotla Textil, industrias Celorio, en el transporte urbano del Distrito Federal, en Chiclets Adams, en Automex.

Ya en algunas movilizaciones en 1968 se contó con la presencia de grupos obreros, lo mismo que en algunos intentos posteriores de volver a manifestarse en las calles. En la marcha del 10 de junio de 1971 se expresó también este resurgimiento de la lucha obrera. En la descubierta iban trabajadores de Ayotla Textil.

La respuesta del gobierno demostró la falsedad del discurso del presidente Luis Echeverría que ofrecía una “apertura democrática”, así como el error de intelectuales y algunos activistas que creyeron que habría un cambio.

La marcha no era muy grande. Apenas el tamaño de las menores marchas de 1968. Sin embargo, representaba la posibilidad de reanimación del movimiento estudiantil y la posibilidad de que se ampliara a otros sectores de la sociedad como la clase obrera. Ya en las discusiones entre los activistas y organizaciones estudiantiles, había propuestas para ligar su lucha con los obreros y campesinos. Había grupos que ya estaban orientando su actividad en tal sentido. De ahí la magnitud de la respuesta gubernamental.

La represión logró en ese momento frenar el crecimiento del movimiento estudiantil. No fue la única consecuencia. Las posiciones de grupos y activistas se polarizaron.

Para una parte de la intelectualidad que había apoyado al movimiento estudiantil, la vía de la movilización estaba cancelada; se fueron al extremo no sólo de subirse al carro de la “apertura democrática”, sino que hubo quien llegó al extremo de proclamar que el camino era “Echeverría o el fascismo”.

Otros se encerraron en su actividad organizativa en las escuelas, esperando mejores momentos. Para otros, en cambio, el 10 de junio de 1971 era la prueba de que el camino de la lucha democrática estaba cerrado y optaron por seguir el camino de la lucha armada.

Hubo grupos que también consideraron que el trabajo en las escuelas estaba cerrado, pero que la lucha debía continuar por otras formas y caminos. El movimiento campesino y el trabajo en las colonias que pronto daría lugar al movimiento urbano popular, se nutrieron de estos grupos. Pero también hubo una parte que optó por seguir aspectos fundamentales del marxismo y encaminó sus esfuerzos hacia la clase obrera.

Los resultados fueron variados. El movimiento estudiantil no se llegó a recuperar y a pesar de que posteriormente ha tenido episodios importantes de lucha y organización, no volvió a los niveles de 1968.

Para quienes optaron por la vía armada, las condiciones de clandestinidad y aislamiento, sumada a la infiltración de todas las organizaciones por la policía política, los hicieron presa de una represión que se dio a niveles de exterminio. Los aparatos de represión del estado implementaron la llamada guerra sucia, que ahogó en sangre los sueños de transformación de la sociedad de militantes con muy pocos contactos con ésta.

Fue de tal magnitud la represión, que se llegó a tomar al gobierno mexicano como especialista en la represión a los movimientos estudiantiles.

Quienes decidieron seguir el camino de la organización obrera, fueron parte central de lo que poco después se conocería como la insurgencia obrera. Como el 10 de junio, impulsaron un programa de lucha que en este caso tuvo su expresión más acabada en la Declaración de Guadalajara de la Tendencia Democrática del SUTERM, en cuya elaboración participaron muchos profesionistas y técnicos provenientes del movimiento estudiantil.

Estos movimientos obreros también debieron enfrentar, en términos diferentes a los anteriores, la fuerza de un estado que al final de cuentas apoyó al charrismo mientras le fue útil. También se vio afectado este sector por la indiferencia y el sectarismo de quienes, desde una supuesta pureza revolucionaria o desde los “nuevos” caminos de la actividad electoral abiertos por la reforma política, escatimaron la solidaridad a la insurgencia obrera. Con todo, una parte de los movimientos obreros y sindicales nacidos en ese tiempo, continúan más o menos activos.

Para la izquierda radical, la marcha del 10 de junio de 1971 fue el último acto en el que convergieron tanto activistas pertenecientes a los Comités de Lucha estudiantiles y a grupos izquierdistas (trotskistas, maoístas y otros) como aquellos que discutían su paso a la clandestinidad, o ya se encontraban integrados a una organización armada.

http://www.frecuencialaboral.com/prohibidolvidarMEDIOsiglodelHALCONAZO2021.html 

MURIÓ HÉCTOR BARBA, PERO DEJÓ LEGADO...HASTA SIEMPRE

 Un obrero que se preparó para defender a trabajadores

MURIÓ HÉCTOR BARBA, PERO DEJÓ LEGADO...HASTA SIEMPRE

 

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El 15 de abril de 2021 Héctor Barba García dejó de vivir en este mundo para ingresar a la historia de las luchas obreras.

El joven Héctor Barba García, con apenas 14 años y recién egresado de la secundaria, ingresó a trabajar limpiando y trapeando la planta de Colimilla, de la Compañía Eléctrica de Chapala en Jalisco, una de tantas empresas que en aquellos años proporcionaban el servicio de electricidad en el país. Casi desde su ingreso, reclamaba a gritos a los funcionarios sindicales que pedían dinero a los obreros para realizar trámites.

A mediados de los cincuenta, ya era jefe de turno y delegado sindical y regresó a estudiar preparatoria y después derecho en la Universidad de Guadalajara. El sindicato de trabajadores de su centro de trabajo era parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE), organismo que agrupaba a los sindicatos de la gran cantidad de empresas de electricidad de capital extranjero que había por todo el país.

Los electricistas mexicanos estaban agrupados por esos años en tres organizaciones: el cetemista Sindicato Nacional de Electricistas, al cual estaban afiliados los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que agrupaba a los trabajadores de la Mexican Ligth and Power, que daba servicio en el centro del país, y la FNTICE, que tenía 72 contratos colectivos con empresas de capital extranjero por todo el país. La FNTICE y el SME constituían organizaciones democráticas, forjadas en la lucha por los derechos obreros ante las empresas privadas. El sindicato cetemista, por su lado, era parte del sindicalismo gobiernista en que había devenido la CTM.

Por esos años se produjeron diferencias profundas en el sindicalismo mexicano. Por un lado, la CTM con una política de expulsión de los comunistas de los sindicatos, contención salarial conforme a los planteamientos gubernamentales y prácticas antidemocráticas en su seno. Por otro lado, los grupos independientes, con petroleros, ferrocarrileros, los electricistas y la CROC, aunque no llegaron a consolidar un proyecto permanente, impulsaron importantes luchas en defensa del salario y mantenían formas democráticas de organización entre la clase obrera. La FNTICE, de la que formaba parte el sindicato en que estaba Héctor Barba, fue de las principales organizaciones de este sindicalismo de lucha.

La nacionalización de la industria eléctrica en septiembre de 1960, fue un importante paso que complementaba lo iniciado con el petróleo en 1938, hacia la soberanía energética del país. En el terreno sindical, abrió el camino para la unidad de los trabajadores. De la FNTICE, que agrupaba a 52 sindicatos, se pasó a la creación del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM). Se vencieron las resistencias de obreros que consideraban que su contrato era el mejor y que podían perder conquistas en un proceso de unidad, y se logró la unificación de los 72 contratos colectivos que tenía la FNTICE en uno solo que tenía lo mejor de los contratos por empresa.

Un elemento que permitió el avance, fue la limitación del poder de la dirección nacional con una organización como sindicato nacional de industria, basado en secciones con autonomía relativa en la administración de la contratación colectiva y en el manejo de las cuotas sindicales, mismas que se distribuían por igual entre la dirección nacional y las secciones. La FNTICE llegó a plantearse la discusión acerca de la construcción de un partido obrero, aunque no prosperó.

En enero de 1967, Héctor se trasladó a vivir en el Distrito Federal en su carácter de integrante del Comité Ejecutivo Nacional del STERM. Para fines de esa década, a pesar de que los sindicatos electricistas habían firmado un pacto que garantizaría el respeto a sus contratos colectivos y zonas de trabajo, los charros cetemistas no lo respetaron y demandaron la titularidad del CCT del STERM.

El STERM respondió con una lucha nacional en defensa de su contrato colectivo. Se llegaron a realizar manifestaciones simultáneas en 49 ciudades a las que se denominó Jornadas Nacionales por la Democracia Sindical. Estas jornadas lograron una creciente participación de grupos de obreros en lucha por la democracia sindical que empezaban a surgir por todos lados, así como estudiantes, campesinos y colonos.

La lucha en defensa del CCT del STERM culminó con la unificación del sindicato nacional y del STERM para crear el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). El nuevo sindicato, constituido el 27 de septiembre de 1972 como sindicato nacional de industria, incluyó en sus estatutos los planteamientos organizativos del STERM, con una estructura basada en secciones con autonomía relativa, y señalando que “la voluntad de los trabajadores se manifestará en las asambleas, consejos y congresos y las decisiones mayoritarias serán acatadas”. Se previó, que en caso de no poder realizar asambleas “se recurrirá a la consulta directa de la voluntad colectiva, por medio del voto universal, directo y secreto”.

La dirección nacional del sindicato unificado se integró paritariamente. El secretario general fue Francisco Pérez Ríos, del sindicato cetemista; la presidencia de la Comisión Nacional de Vigilancia quedó a cargo de Rafael Galván, secretario general del STERM. Héctor Barba García fue el secretario de trabajo del sindicato unificado.

La unidad no se consolidó pues los charros sabían que la unidad y la democracia sindical significaba su fin y desconocieron a la parte democrática de la dirección nacional. Los electricistas que venían de la FNTICE y del STERM constituyeron la Tendencia Democrática del SUTERM, que agrupó a la insurgencia obrera, así como a sectores campesinos, estudiantiles y del movimiento urbano popular.

El 5 de abril de 1975, en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Héctor Barba, secretario de Trabajo del SUTERM, leyó un manifiesto que fue votado por aclamación por los miles de obreros que colmaban la plaza. El manifiesto, conocido como Declaración de Guadalajara, fue adoptado como el programa de la Tendencia Democrática de los electricistas mexicanos y de la insurgencia obrera de aquellos años. Ese fue uno de los principales episodios de la lucha proletaria en que Barba estuvo en la primera línea. La Declaración de Guadalajara, un programa de lucha que rebasaba con mucho lo sindical y planteaba temas y propuestas para la reorganización democrática del movimiento obrero, la reorientación de las empresas paraestatales, para una profunda reforma agraria; que proponía una reforma urbana y la democratización de la enseñanza. No es casual que la TD se convirtió en el centro que aglutinaba a muchos movimientos, jugando en los hechos el papel del inexistente y necesario partido obrero.

Un año antes, Héctor había firmado el primer contrato colectivo de los trabajadores nucleares, que se integraron al sindicato unificado y constituyeron una parte importante de la Tendencia Democrática.

La respuesta de líderes postizos y gobierno ante la posibilidad de que cayera el charrismo, la insuficiente solidaridad de una izquierda más ocupada en contar votos en 1976 y en criticar el pasado del principal dirigente de la Tendencia Democrática, así como la contradicción de ser una tendencia sindical y funcionar en los hechos como un partido obrero -que estaba lejos de ser- fueron parte de lo que llevó a la derrota de los electricistas democráticos y abrieron la puerta a las devaluaciones y poco después al neoliberalismo que no encontró una organización obrera que le hiciera frente.

Barba no dejó de luchar. Los años siguientes, como abogado, estuvo en una enorme cantidad de luchas obreras, apoyando con su conocimiento de las leyes y de las luchas obreras, las demandas de los trabajadores de industrias de lo más variado. Estuvo con sindicatos de la industria automotriz, de las telecomunicaciones, de la industria nuclear, de la educación, de la banca, de la cultura, con jornaleros agrícolas, con todo aquel trabajador que acudiera con él en busca de apoyo. Para Héctor no era un trabajo desde afuera; no era el abogado metido a asesorar trabajadores, sino el trabajador con título de abogado y profundo conocimiento de la vida y la lucha obrera.

Las experiencias de décadas de lucha las volcó siempre en su trabajo como asesor jurídico. Conoció a los abogados-central, aquéllos que en lugar de asesorar a los trabajadores, pretendían suplantarlos. Barba en cambio siempre fue muy respetuoso de la voluntad obrera. Exponía con claridad los aspectos legales y aun los políticos, pero siempre decía con firmeza que las decisiones eran de los trabajadores.

Conocedor de la legislación, supo que no podía esperarse todo de partidos y legisladores que representan en última instancia a otras clases sociales y que los trabajadores organizados debían elaborar sus propias propuestas. Trabajó intensamente durante años en la elaboración de propuestas de legislación para combatir el sindicalismo de protección patronal, para mejorar la justicia laboral y para combatir la subcontratación. Las recientes reformas laborales integraron algunas de las propuestas que junto con otros abogados laborales prepararon, aunque muchas otras fueron ignoradas por legisladores que desconocen el mundo del trabajo.

En el plano internacional, la voz firme y llena de sabiduría de Héctor denunció políticas y acciones antiobreras en la Organización Internacional del Trabajo, venciendo la resistencia y el sabotaje de supuestos representantes de los trabajadores mexicanos, verdaderos personeros del capital en realidad.

Muchos episodios del mundo del trabajo tuvieron en Héctor a uno de sus principales actores. Hoy ha partido a la historia de las luchas obreras.

Homenaje a Héctor Barba: https://vimeo.com/244763597

http://www.frecuencialaboral.com/HECTORbarbamurioDEJOlegado2021.html 

CREAN NUEVO SINDICATO DE INVESTIGADORES EN CONACYT

 Contra la precarización laboral en la ciencia

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En lucha contra la precariedad laboral que afecta también a catedráticos y científicos con alta especialización, el 10 de marzo de 2021, un grupo de investigadores contratados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mediante el mecanismo de las cátedras patrimoniales dio a conocer que decidieron formar un sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt, SINTRACATEDRAS, y demandaron al Conacyt la firma de un contrato colectivo de trabajo.

La crisis económica y los efectos de la pandemia han afectado de manera especial al mundo del trabajo, profundizando problemas como la falta de acceso a servicios de salud, la inexistencia del derecho a una indemnización al término de la relación laboral o una pensión al retiro y la carencia de estabilidad laboral. En pocas palabras, aumenta la precarización laboral.

Esto ocurre principalmente en sectores como los servicios y en actividades que no requieren mucha calificación, sin embargo, afecta también a trabajadores con muy alta calificación, poseedores de grados académicos y empleados en universidades y centros de investigación. Un número creciente de profesores e investigadores, son también trabajadores en condiciones de precariedad laboral.

Como en la economía informal, carecen de estabilidad y derechos. Algunos de ellos han iniciado procesos de organización.

Este joven sindicato, que ya cuenta con registro otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, surgió ante la necesidad de lograr derechos para quienes han sido contratados mediante las llamadas cátedras Conacyt.

Según la página del organismo responsable de la política científica nacional, las Cátedras Conacyt, “ son plazas de servidores públicos de carácter académico y que forman parte de la plantilla de servicios profesionales del Conacyt. Están dirigidas a investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y que son comisionados a Instituciones que resulten beneficiadas en los términos de la convocatoria vigente ”.

Se trata entonces, de investigadores, con grados de maestría o doctorado en diversas disciplinas, cuya actividad laboral, la investigación científica, se desarrolla en instituciones especializadas. De esta manera, se cubre la necesidad de empleo de este personal, al tiempo que se apoya a las instituciones a las que son comisionados.

Un problema es que al no existir relación laboral entre el trabajador y la institución a la que se le comisiona, ésta no lo reconoce como su empleado, por lo que no asume los compromisos a que cualquier patrón está obligado de acuerdo a la legislación laboral. Al no estar sus plazas en el presupuesto institucional, no hay garantía para su permanencia y la administración del centro de trabajo asignado, no tiene obligación laboral y profesional alguna con ellos, pues no son  sus  trabajadores .

Para las instituciones de investigación, la llegada de este personal es un apoyo en tanto sus actividades son parte de las tareas que se realizan y se trata de personal de alto nivel, que siempre es necesario y para cuya contratación directa, hay todo tipo de obstáculos, principalmente de carácter presupuestal.

A la falta de estabilidad en el empleo y otras carencias derivadas de la forma de contratación, hay que agregar la posibilidad de conflictos por el ingreso en condiciones distintas a las normas y convenios pactadas entre las instituciones y las organizaciones de trabajadores de la institución.

Este mecanismo pasa por alto, asimismo, la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, reconocidos por la legislación laboral mexicana y por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Insisten las administraciones en hacer sentir a los investigadores que no son trabajadores –por lo que no deben reclamar sus derechos- y que son personal de confianza, cuando la definición de trabajadores y de personal de confianza, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son claras y muestran que investigadores y personal académico son trabajadores y están lejos de ser personal de confianza, pues no cumplen funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, ni se relacionan con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Se genera así, una situación difícil para estos investigadores, pues no son reconocidos como trabajadores con derechos plenos ni por el Conacyt, ni por las instituciones en las cuales laboran, lo que genera incertidumbre y condiciones inadecuadas para realizar el trabajo de investigación científica y desarrollo tecnológico. Aunque sus ingresos pueden ser buenos -si se comparan a la situación salarial del común de los trabajadores- pueden ser despedidos al gusto de los funcionarios a cargo, sobre todo si llegan a denunciar alguna irregularidad.

El SIINTRACÁTEDRAS, presentó en días pasados su proyecto de lucha sindical al que denominó "Derechos laborales para una ciencia con pertinencia social". En él, señala que México enfrenta enormes retos sociopolíticos ambientales y económicos, ante los cuales se deben construir soluciones efectivas y de larga duración y para responder tal desafío, se requiere de una ciencia comprometida con la sociedad. Agregan que México requiere fortalecer el potencial de sus instituciones científicas y humanísticas para que la investigación sea parte integral de la construcción de la sociedad y evitar reducirla a una ciencia reactiva o que sólo atiende a intereses privados.

Es en este contexto -señalan- que catedráticas y catedráticos decidieron construir un sindicato para promover y defender el trabajo científico y humanístico comprometido con la construcción de una sociedad más justa, sin racismo, clasismo ni reproductora de relaciones patriarcales, donde exista un plan de incorporación laboral de las nuevas generaciones en el sector de las ciencias, las humanidades y la tecnología. Afirman que el sector académico podrá trabajar en defensa de la vida, en la medida que sus derechos básicos laborales se respeten y cumplan y que es responsabilidad del gobierno mexicano velar por estos derechos y garantizarlos.

En su declaración, SIINTRACÁTEDRAS destaca que, como en todos los sectores de la economía, las y los trabajadores de la investigación han vivido en las últimas décadas una degradación de sus derechos humanos laborales, reflejada en modalidades precarias de contratación, condiciones adversas de trabajo, entre otros procesos agudizados por las crisis económicas y los proyectos políticos de desmantelamiento del sector público.

En cuanto al programa Cátedras de Conacyt señalan que, desde su creación en 2014, Cátedras ha sido para muchos, el único mecanismo para ingresar a la carrera científica, en un contexto nacional caracterizado por condiciones que implican escasas oportunidades en las instituciones y universidades. El programa llegó a tener aproximadamente 1500 plazas, con 984 proyectos de investigación y tenía la meta de llegar a 2 mil plazas. Sin embargo, para julio de 2020, solo tenía 1076 cátedras y 664 proyectos.

Entre lo que han experimentado, señalan problemas como la incertidumbre laboral derivada de contratos individuales de trabajo, la dependencia precaria y condicionada a decisiones presupuestales federales y una continuidad que depende de mecanismos de evaluación con rasgos ilegales o que favorecen la injusticia y la arbitrariedad y vulneran a las investigadoras e investigadores de cátedras. Existe para estos investigadores un esquema de evaluación de los proyectos en el que algún investigador o investigadora de la institución beneficiaria, emite anualmente una opinión, que en la mayoría de los casos se toma como una evaluación al desempeño, generando jerarquías y relaciones de poder contrarias al trabajo colaborativo, que requiere relaciones horizontales entre pares. Hay en la evaluación de estos trabajadores, falta de objetividad en la evaluación, pues no pasa por comités de pares a los que tienen derecho los académicos que con contratados de manera regular por las instituciones.

Se han dado casos en que investigadores e investigadoras que han protestado por injusticias y arbitrariedades han sido despedidos, algunos de los cuales optaron por demandar al Conacyt, lo que implica largos procesos, más difíciles cuando se hace de manera aislada, sin organización.

SIINTRACÁTEDRAS está demandando al Conacyt la firma de un contrato colectivo en el que sean reconocidos como trabajadores y trabajadoras de base y se les garantice estabilidad laboral sin requisitos discrecionales o de membresía al Sistema Nacional de Investigadores. También solicitan a dicha institución, trazar junto con el sindicato los caminos necesarios para conseguir la continuidad de este programa de gran importancia para el país por el trabajo que realizan en ciencia y tecnología.

Este joven sindicato tiene ante sí enormes tareas. Una nueva organización, que hace crecer el número de organizaciones de trabajadores del conocimiento en lucha.

APLAZAN DISCUSIÓN DE JURISPRUDENCIA QUE RECORTARÍA DERECHOS DE TRABAJADORES

 Los quieren pasar del apartado A al B

*Los ministros se niegan a escuchar a trabajadores que han pedido exponer sus razones.

 

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había programado para el 8 de marzo de 2021 la discusión para modificar la jurisprudencia 1/96, que tiene la pretensión de pasar a los trabajadores de organismos desconcentrados que se rigen por el apartado laboral A al B, con lo cual podrían eliminar derechos pactados en contratos colectivos.

La discusión se aplazó y de estar el tema entre los primeros 4, pasó al número 27, por lo que la resolución al respecto puede tardar semanas.

Desde fines de 2020, se presentó la solicitud para cambiar esta jurisprudencia, con l que se afectarían los derechos de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, en caso de aprobarse.

Decidir el 8 de marzo -día de la mujer- sin escuchar a los trabajadores involucrados, a pesar de las reiteradas solicitudes que se han presentado para ser oídos, especialmente por organizaciones sindicales de centros de investigación, generaría inconformidad y rechazo social en este año electoral 2021.

En el poder legislativo se han escuchado voces que piden que se tome en cuenta a los posibles afectados y se han elaborado propuestas legislativas relacionadas con el tema, en medio de un ambiente de incertidumbre política y social, por lo que aprobar esa jurisprudencia por la Suprema Corte, es un camino casi seguro hacia protestas y a generar mayores tensiones a unos meses de las elecciones. Eso lo deben de haber considerado.

Una de las organizaciones que más ha insistido en que se deben considerar los posibles efectos de un cambio sobre la vida laboral y académica de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, antes de tomar cualquier decisión, es la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT).

Además de un sinnúmero de foros y publicaciones de todo tipo y de solicitar reiteradamente ser recibidos por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta organización ha buscado una salida en el ámbito legislativo, en el que ha encontrado eco en legisladores de diversos partidos.

En la Cámara de Diputados, desde el 5 de septiembre de 2019, la diputada Anita Castro presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado a fin de dejar fuera de ésta a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, para que sigan regidos por la Ley Federal del Trabajo.

Eso se aprobó por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y está pendiente de ser abordada por el pleno de la cámara. El 12 de marzo de 2021, en carta al presidente de la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, la FENASSCYT solicitó que sea presentada la iniciativa al pleno en el actual periodo de sesiones.

La iniciativa propone excluir del artículo primero de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado a los organismos descentralizados que tienen a su cargo funciones y servicios públicos. Con esta reforma quedarían quedar resguardados los derechos laborales y académicos de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación que integran la FENASSCYT, dicen los trabajadores de la ciencia y la tecnología en su petición.

Dos días antes, se propuso por los presidentes de las comisiones de Economía y Ciencia y Tecnología, Gustavo Madero y Beltrones, un Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución que se aprobó con la que el Senado de la República exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no sustituir la Jurisprudencia 1/96, permitiendo a los trabajadores de los organismos descentralizados mantener intactos sus derechos laborales.

Otras organizaciones sindicales se han manifestado igualmente en contra de la modificación a la jurisprudencia referida. En su reciente congreso nacional extraordinario, la Unión Nacional de Trabajadores rechazó este nuevo intento de agresión a los derechos de los trabajadores y días después publicó un desplegado en la prensa nacional sobre éste y otros temas, además de impulsar diversas acciones en solidaridad con los trabajadores.

Otro pronunciamiento público estuvo a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el cual también podría ser afectado por el cambio solicitado. A su vez, la Nueva Central de Trabajadores, así como un número importante de trabajadores de muy diversas instituciones, sobre todo de centros de investigación, presentaron recursos amicus curiae para pedir que sean escuchados los trabajadores.

El aplazamiento de la discusión en la SCJN da tiempo para buscar soluciones que no afecten derechos laborales, académicos y sociales. Los impulsores de la medida, cuya identidad es desconocida, difícilmente la abandonarán. Se requiere mayor solidaridad y ampliar protestas y propuestas.

http://www.frecuencialaboral.com/Supremacorteposponediscusiondejurisprudenciavstrabajadores2021.html