NUEVA LEY PROPONE CAMBIOS PROFUNDOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
* Esta iniciativa se debe llevar a la discusión más amplia
La iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, propone cambios en el ámbito de la investigación científica. Desaparecerían organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otros. Sus funciones serían asumidas por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), que estaría a cargo de la rectoría del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
El proyecto define que el CONAHCYT, que sustituiría al actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estará facultado para formular y articular las políticas públicas del Estado mexicano en la materia, así como para fomentar y apoyar las actividades relativas en el país, definir los lineamientos para la asignación de presupuestos, coordinar los Centros Públicos de Investigación y asumir la colaboración con los órganos u organismos competentes en las entidades federativas.
Esta centralización ha generado críticas que señalan que con la desaparición de estos organismos no habrá contrapesos ni mecanismos para la consulta, aunque la propia iniciativa establece que el CONAHCYT integrará, promoverá y coordinará instancias colegiadas y espacios de consulta sustantiva y participación, garantizando su composición incluyente y plural, así como su operación transparente. Estos espacios solo recibirán apoyo logístico.
Si los gobiernos anteriores hicieron todo lo posible por quitar facultades al estado para transferirlas a la iniciativa privada, ya fuera de manera directa o con la inclusión de representantes de ella en órganos consultivos , la actual iniciativa va en un sentido inverso, para recuperar la facultad del gobierno en la definición de las políticas públicas.
Al tiempo que continúan las noticias sobre nombramientos en diversas dependencias del gobierno federal, se siguen dando a la luz manejos de anteriores gobiernos que dejan al descubierto los alcances de la corrupción, que no se detuvo en el robo de petróleo, sino que llegó a las guarderías subrogadas y a los recursos para la investigación, igual que a universidades, como ya antes se había denunciado.
En este marco, ha empezado a ocupar espacios informativos, pero en menor magnitud, lo relacionado con esta iniciativa, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera, integrante de las comisiones de Agricultura, Justicia, Cultura y Anticorrupción y Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y quien, ante las críticas por no consultar previamente a la comunidad científica, contestó que tendrán oportunidad de ser escuchados, pero que los privilegios, abusos y corrupción se acabaron en este país.
En la exposición de motivos de la iniciativa se dice que se requiere una renovación jurídica del sistema de ciencia y tecnología, pero que este cambio no es posible a partir del actual orden institucional y sus mecanismos, ya que estos fueron diseñados para facilitar que empresas privadas se sirvan de los recursos públicos y para que gobiernos estatales suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos.
Propone direccionar los objetivos institucionales del régimen público de fomento y apoyos, así como de la política pública en la materia, hacia el desarrollo integral de la Nación y el bienestar social para lo cual, dice, debe haber una reestructuración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se considera que debiera haber reformas constitucionales, aunque no dice en qué términos, a los artículos 3, 4, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la presente propuesta de ley, que sustituiría a la Ley de Ciencia y Tecnología y en la que quedaría integrada la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , además de modificar disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Designa al CONAHCYT como la autoridad competente para vigilar la observancia de los principios de previsión, prevención y precaución por parte de quienes realicen actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico en el país, particularmente de aquellos investigadores o desarrolladores de tecnología beneficiados por el Régimen Público de Fomento y Apoyos a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico.
Corresponderá a este organismo -señala- definir la política de Estado en materia de humanidades, ciencias y tecnologías; apoyar la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, impulsar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la planta productiva nacional, con el propósito de consolidar la independencia tecnológica del país y definir el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como coordinar su ejecución y evaluación, a partir de criterios preferentemente cualitativos. Dicho en pocas palabras, el CONAHCYT diseñará, financiará, implementará y vigilará las actividades de humanidades, ciencias y tecnologías.
Al asumir de manera directa las funciones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, órganos que desaparecerían, se centralizan funciones y toma de decisiones en el sector.
Se señala que se trata de evitar la creación de nuevos órganos autónomos de cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de presión que actúen en representación de intereses particulares. De cualquier modo, no queda claro cómo se llevaría la consulta y la participación a quienes hacen la investigación y el desarrollo, que tampoco han sido tomados en cuenta por los organismos actualmente existentes.
Entre las nuevas atribuciones que se dan al CONAHCYT está la atención de consultas ciudadanas, de los sectores social y privado, y aquellas requeridas por otros órganos públicos federales, locales o municipales, en las condiciones y sobre las materias que se requieran . Plantear de manera tan vaga esto, pone al organismo responsable de la ciencia en México a cumplir funciones de una encuestadora o que corresponden a otras instancias de la administración pública y no queda claro de qué manera hacer encuestas solicitadas por cualquier gobierno o entidad pública y sobre cualquier materia, beneficiará a la ciencia.
En materia de presupuesto, el Consejo definirá las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para las humanidades, ciencias y tecnologías que deberá tomar en cuenta la Administración Pública Federal y, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la revisión y análisis integral de los anteproyectos de programa y presupuesto de la Administración Pública Federal para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico.
Se plantea que debe se debe hacer una evaluación, a partir de criterios preferentemente cualitativos para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación y desarrollo tecnológico, además de aprobar los proyectos en los que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pretendan ejercer dichos recursos.
La iniciativa señala que para el otorgamiento de los beneficios correspondientes, se preferirán proyectos orientados a los programas prioritarios del Gobierno Federal, los que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías en general con los sectores público, social y privado que incidan en el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de fuerzas productivas nacionales.
En este tema, como en otros, se advierte un cambio respecto a la actual ley, que canaliza recursos a las empresas que implementen alguna innovación a la que la propia ley define como “generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes” lo que da pie a que cualquier cambio en las formas de producción o incluso producto nuevo, hagan a la empresa que lo implemente acreedora potencial de recursos públicos.
Otro tema de la iniciativa es el de los centros públicos de investigación, cuya ley orgánica quedó pendiente. Para este sistema se propone la sustitución de los Convenios de Administración por Resultados por los Programas de Desarrollo Institucional, mismos que -se afirma- permitirán a los Centros tener mayor control y autonomía de gestión. Se establece que los ingresos que generen los Centros Públicos de Investigación derivados de la venta de servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, serán destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno y que sus montos no darán lugar a la disminución, limitación o compensación de las asignaciones presupuestales normales, autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el tema de los trabajadores académicos, se dice que se regirán de conformidad con los Estatutos de Personal Académico, que deberán ser aprobados por los órganos de gobierno y deberán establecer los derechos y obligaciones académicos, así como las reglas relativas al ingreso, promoción, evaluación y permanencia de ese personal en el ámbito académico. El derecho a la organización de estos trabajadores, así como sus derechos laborales, quedan así en una suerte de situación de excepción, como si el ser académico o investigador, eliminara sus condición de trabajador asalariado.
Esta iniciativa ha generado, como se señalaba líneas, arriba fuertes críticas sobre todo en los aspectos de centralización de decisiones por parte de CONAHCYT. Ciertamente, no hubo consulta previa alguna para su elaboración y no hay a la vista mecanismos para que la sociedad y los afectados puedan emitir sus opiniones y propuestas al respecto. Sin embargo, en algunas de las críticas se puede advertir más un ataque a la pérdida de posiciones de quienes sí fueron tomados en cuenta por los gobiernos anteriores, que una defensa de la investigación científica. Se ve más el interés por criticar al nuevo gobierno.
Se incluyen en la propuesta conceptos que quedan poco claros o que requieren mayor claridad como los de riqueza biocultural y saberes tradicionales, así como numerosas referencias a la seguridad en la investigación, invocando los principios de previsión, prevención y precaución, como si fuera algo que se omitiera en el trabajo cotidiano de investigación y desarrollo. Se requiere abrir la discusión en estos temas y aclarar significados y alcances.
Si, como se dice en la declaración de motivos, la idea es dar un golpe de timón para garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico se traduzcan en bienestar para la sociedad, se requiere abrir la discusión a esa sociedad a quienes se pretenden dirigir los esfuerzos. En primer término, se debe escuchar a los trabajadores de la ciencia que desde los cubículos, los laboratorios y los talleres hacen la investigación, los que han sostenido la investigación a pesar de la falta de recursos y quienes tampoco fueron escuchados por los que hoy se dicen excluidos.
Deben quedar en la legislación claros los mecanismos para la participación de los trabajadores de la ciencia en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan en su trabajo y en sus derechos. Debe quedar también establecido el respeto a la condición de trabajadores, con todos los derechos laborales y sociales al personal científico, académico, de apoyo y administrativo de las instituciones de educación e investigación.
publicadas por Carlos Guillén S. a la/s
10:36 a.m.
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