AUTORIDADES VIOLAN EL CONTRATO COLECTIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ÓPTICA

 A menos de un año de haberlo firmado

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El 9 de octubre de 2020, el Centro de Investigaciones en Óptica A.C. firmó un contrato colectivo de trabajo (CCT) con el sindicato que agrupa a la mayoría de los trabajadores de base, académicos y administrativos de este centro de investigación, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). A menos de un año, las violaciones patronales al contrato firmado, orillan a los trabajadores a emplazar a huelga en demanda de respeto a lo pactado.

De acuerdo con el contrato colectivo, el 1 de febrero de este 2021 se debieron revisar los salarios, señaló el Dr. Noé Alcalá, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigaciones en Óptica (SITACIO). Para ello el sindicato presentó, desde diciembre de 2020, la solicitud correspondiente en los términos de la Ley Federal de Trabajo. Hasta el 4 de febrero hubo una plática entre sindicato y administración, después de la cual los funcionarios responsables del centro se negaron a continuar, en una clara violación a lo firmado.

Poco después de la firma del contrato colectivo trabajo (CCT), se dieron una serie de interpretaciones unilaterales de parte de los patrones que trajeron, entre otras consecuencias, sanciones a trabajadores al margen de lo establecido en el CCT y en la normativa que rige las relaciones en el centro de investigación. En particular, se despidió al Dr. Enrique Castro Camus, investigador que estaba de año sabático en Alemania, quien, a causa de la pandemia, pidió la prórroga a que tiene derecho y pasando por encima de las normas se le negó y se rescindió su contrato.

La administración del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) no siguió el procedimiento establecido, ya que según el procedimiento correspondiente, debían estar presentes el sindicato y comisiones, lo que se omitió sin explicación alguna, a la vez que no se tomó en cuenta que en la ciudad de León, Guanajuato -sede de la institución- estaba vigente el semáforo sanitario rojo a causa de la pandemia, por lo que el personal realiza trabajo a distancia; a pesar de esto, la administración del CIO quería obligar al Dr. Castro a presentarse en su centro de trabajo.

Al respecto, además de la recontratación, el sindicato demanda la conformación de la Comisión Mixta de Conciliación y Reconsideración, para revisar casos similares.

En otro aspecto, el CIO ha contratado irregularmente a unas 20 personas, al margen del Consejo Técnico Consultivo, órgano interno que debe participar en la contratación de personal, lo que constituye una clara violación al procedimiento de contrataciones establecido en el Estatuto de Personal Académico; esto implica otra violación al CCT, la que se agrava considerando que varios de los así contratados han resultado ser exalumnos y gente cercana a los actuales directivos. Esto además contraviene los lineamientos que se han planteado desde el gobierno federal para evitar favoritismos.

Otra violación a lo pactado es la negativa a conceder las licencias correspondientes a la dirigencia sindical, lo que obstaculiza el derecho a la libertad sindical reconocido por la legislación mexicana y por la Organización Internacional del Trabajo.

El SITACIO acordó emplazar a huelga en demanda de la reparación a estas violaciones al contrato colectivo, lo que fue notificado en términos de ley a las autoridades laborales del ámbito federal; se estableció el estallamiento de la huelga para diez días posteriores a la notificación al centro por parte de las autoridades del trabajo. No obstante, hasta el 17 de junio se entregó la notificación del emplazamiento al patrón.

Este tipo de irregularidades no es nuevo. Ya desde la petición de firma de CCT, se dieron largas con el objetivo de evitar o por lo menos retrasar la firma. No fue sino hasta después de un año de pláticas -cuando emplazaron a huelga- que en una semana se llegó a un acuerdo.

En caso de no llegar a un arreglo entre el sindicato y la patronal, serían colocadas las banderas de huelga en el CIO, lo que causaría retrasos a los proyectos de investigación que desarrollan los investigadores, incumplimiento de compromisos con CONACYT y otras instituciones, así como afectación a los más de 140 estudiantes de cuatro posgrados, especialmente a los que cuentan con alguna beca y a quienes están cercanos a terminar sus estudios.

A fin de evitar llegar a esta situación, el SITACIO ha reiterado su disposición al diálogo con la institución. Sin embargo, hasta el momento la respuesta de Rafael Espinoza Luna, director del CIO, no marcha en el mismo sentido y más bien ha abundado en descalificaciones al sindicato, buscando la división de los trabajadores.

El Centro de Investigaciones en Óptica, con instalaciones en Guanajuato y Aguascalientes, fundado el 18 de abril de 1980, realiza investigación básica y aplicada en el campo de la óptica y la fotónica.

El sindicato nació en 2019, después de 41 años de trabajo del CIO; afilia a trabajadores administrativos y académicos, desde su fundación el 18 de febrero de 2019. Surgió ante la necesidad de defender colectivamente los derechos de los trabajadores ante la constante limitación a los derechos humanos laborales, común en este tipo de instituciones, en las que la alta calificación del personal no impide que se produzcan verdaderos casos de precarización del trabajo.

Como en otros centros de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los trabajadores del CIO decidieron integrar la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología, a fin de tener mejores herramientas en la defensa de sus derechos y en la lucha porque la investigación científica tenga un lugar importante en la construcción de una sociedad justa y soberana.

A 50 AÑOS DEL HALCONAZO

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

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A cincuenta años del 10 de junio de 1971, vale la pena recordar que fue un movimiento con un contenido e implicaciones mucho más allá de la violenta represión del gobierno, a manos de personajes que con el tiempo fueron llevados a juicio sin recibir castigo alguno. La lucha por las libertades democráticas no ha perdido vigencia. Tampoco la necesidad de contar con un programa de lucha más allá de las demandas inmediatas.

El 10 de junio de 1971, marcharían del Casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución, miles de estudiantes politécnicos, universitarios, normalistas, de Chapingo y otras instituciones de educación superior, convocados por el Comité Coordinador de Comités de Lucha, organismo surgido a la disolución del Consejo Nacional de Huelga al levantar el movimiento huelguístico de 1968.

Entre los ejes programáticos de la manifestación estaban la democratización de la enseñanza, la democracia sindical, la libertad a los presos políticos, la desaparición de las juntas de gobierno y el apoyo a la Universidad de Nuevo León. Uno de los ejes, que mostraba que ya no era sólo un movimiento encerrado en las escuelas, también era la demanda de democracia sindical.

La lucha por la democratización de la enseñanza apuntaba a sustituir la orientación autoritaria de la educación, con estructuras controladas por órganos como las juntas de gobierno de las universidades -que en lo fundamental persisten a la fecha- a fin de orientarla en un sentido de servicio a la patria y al pueblo trabajador.

Se planteaban las libertades democráticas frente a actos como la amnistía a los presos del 68, con los que el gobierno pretendía demostrar su “apertura democrática” en lugar de reconocer que era un logro de la vieja demanda de libertad a los presos políticos, al tiempo que se impedía por cualquier medio, como esa tarde, libertades como la de manifestación.

Después del levantamiento de la huelga estudiantil en 1968, se había intentado infructuosamente volver a las calles. Invariablemente estos intentos fueron impedidos ya fuera por la policía o por jóvenes vestidos de civil, pero con una clara preparación militar. Después se supo que eran los halcones.

Ya desde 1970 estaba presente nuevamente un viejo componente del movimiento por la democratización de la sociedad, pues había cada vez más presencia de grupos obreros en lucha por mejores condiciones de trabajo y por democracia sindical.

La convocatoria a la marcha del 10 de junio de 1971 produjo controversias. No todos los activistas y comités de lucha estaban de acuerdo en convocar a marchar. Las posiciones entre los activistas iban desde la necesidad de aprovechar la coyuntura para recuperar las calles, hasta quienes insistían en que no era aún momento de hacerlo, pues no había condiciones y la represión no se haría esperar. Entre estas, no faltaban quienes empezaban a ver que las formas de lucha democrática, ya no eran viables.

Uno de los planteamientos centrales de la discusión fue la elaboración del programa que, al incluir aspectos como la democracia sindical, abría las puertas precisamente a la incorporación a la lucha de la clase obrera, lo que se veía como un gran peligro desde el poder.

Aunque parecía resuelto el conflicto en Nuevo León, para algunos el hecho de que se hubiera dado bajo la forma de una intervención presidencial, daba motivos para continuar la lucha. Entre los impulsores de la manifestación estaban organizaciones de izquierda, así como brigadistas radicales que impulsaban un trabajo entre la clase obrera para ligarla a la lucha.

El 4 de enero de ese año, el cetemista Sindicato Nacional de Electricistas demandó la titularidad del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, organización surgida de la fusión de los sindicatos integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, que durante años habían luchado contra las empresas extranjeras de electricidad y que tenían una larga trayectoria democrática y propuestas de democratización del movimiento obrero. Esta demanda dio lugar naturalmente a la lucha del STERM en defensa de su contrato.

No era la única lucha obrera por esos tiempos. Había luchas por la democracia sindical y por mejores condiciones de trabajo entre ferrocarrileros, en varias empresas de Morelos, en Ayotla Textil, industrias Celorio, en el transporte urbano del Distrito Federal, en Chiclets Adams, en Automex.

Ya en algunas movilizaciones en 1968 se contó con la presencia de grupos obreros, lo mismo que en algunos intentos posteriores de volver a manifestarse en las calles. En la marcha del 10 de junio de 1971 se expresó también este resurgimiento de la lucha obrera. En la descubierta iban trabajadores de Ayotla Textil.

La respuesta del gobierno demostró la falsedad del discurso del presidente Luis Echeverría que ofrecía una “apertura democrática”, así como el error de intelectuales y algunos activistas que creyeron que habría un cambio.

La marcha no era muy grande. Apenas el tamaño de las menores marchas de 1968. Sin embargo, representaba la posibilidad de reanimación del movimiento estudiantil y la posibilidad de que se ampliara a otros sectores de la sociedad como la clase obrera. Ya en las discusiones entre los activistas y organizaciones estudiantiles, había propuestas para ligar su lucha con los obreros y campesinos. Había grupos que ya estaban orientando su actividad en tal sentido. De ahí la magnitud de la respuesta gubernamental.

La represión logró en ese momento frenar el crecimiento del movimiento estudiantil. No fue la única consecuencia. Las posiciones de grupos y activistas se polarizaron.

Para una parte de la intelectualidad que había apoyado al movimiento estudiantil, la vía de la movilización estaba cancelada; se fueron al extremo no sólo de subirse al carro de la “apertura democrática”, sino que hubo quien llegó al extremo de proclamar que el camino era “Echeverría o el fascismo”.

Otros se encerraron en su actividad organizativa en las escuelas, esperando mejores momentos. Para otros, en cambio, el 10 de junio de 1971 era la prueba de que el camino de la lucha democrática estaba cerrado y optaron por seguir el camino de la lucha armada.

Hubo grupos que también consideraron que el trabajo en las escuelas estaba cerrado, pero que la lucha debía continuar por otras formas y caminos. El movimiento campesino y el trabajo en las colonias que pronto daría lugar al movimiento urbano popular, se nutrieron de estos grupos. Pero también hubo una parte que optó por seguir aspectos fundamentales del marxismo y encaminó sus esfuerzos hacia la clase obrera.

Los resultados fueron variados. El movimiento estudiantil no se llegó a recuperar y a pesar de que posteriormente ha tenido episodios importantes de lucha y organización, no volvió a los niveles de 1968.

Para quienes optaron por la vía armada, las condiciones de clandestinidad y aislamiento, sumada a la infiltración de todas las organizaciones por la policía política, los hicieron presa de una represión que se dio a niveles de exterminio. Los aparatos de represión del estado implementaron la llamada guerra sucia, que ahogó en sangre los sueños de transformación de la sociedad de militantes con muy pocos contactos con ésta.

Fue de tal magnitud la represión, que se llegó a tomar al gobierno mexicano como especialista en la represión a los movimientos estudiantiles.

Quienes decidieron seguir el camino de la organización obrera, fueron parte central de lo que poco después se conocería como la insurgencia obrera. Como el 10 de junio, impulsaron un programa de lucha que en este caso tuvo su expresión más acabada en la Declaración de Guadalajara de la Tendencia Democrática del SUTERM, en cuya elaboración participaron muchos profesionistas y técnicos provenientes del movimiento estudiantil.

Estos movimientos obreros también debieron enfrentar, en términos diferentes a los anteriores, la fuerza de un estado que al final de cuentas apoyó al charrismo mientras le fue útil. También se vio afectado este sector por la indiferencia y el sectarismo de quienes, desde una supuesta pureza revolucionaria o desde los “nuevos” caminos de la actividad electoral abiertos por la reforma política, escatimaron la solidaridad a la insurgencia obrera. Con todo, una parte de los movimientos obreros y sindicales nacidos en ese tiempo, continúan más o menos activos.

Para la izquierda radical, la marcha del 10 de junio de 1971 fue el último acto en el que convergieron tanto activistas pertenecientes a los Comités de Lucha estudiantiles y a grupos izquierdistas (trotskistas, maoístas y otros) como aquellos que discutían su paso a la clandestinidad, o ya se encontraban integrados a una organización armada.

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