De la lucha callejera al voto y del voto a la desilusión

Una democracia que nunca llegó
Carlos Guillén S.

En el terreno político, México ha transitado en los años recientes de la inmovilidad y la lucha callejera, al voto y de éste a la desilusión; el siguiente paso está por definirse.

Después de décadas de gobiernos considerados herederos de la Revolución Mexicana, en que sólo se veía perturbada la llamada paz social por las luchas de algunos sectores como los estudiantes y la insurgencia obrera, en las décadas de los sesentas y setentas del siglo pasado, llegó hace una década el ansiado cambio político; al menos así lo pensaban amplios sectores.

Durante setenta años la hegemonía priista se mantuvo sin mayores sobresaltos. Aun el movimiento estudiantil de 1968-1971, con toda la movilización social que generó y las conciencias que despertó, no representó en lo inmediato peligro alguno para la permanencia del régimen. Si bien es cierto que a partir de las grandes movilizaciones de 1968 se inició un proceso de cambio, las demandas de los estudiantes, contenidas en el célebre pliego petitorio de los seis puntos, habrían sido de fácil solución sin poner en riesgo alguno al gobierno y a su hegemonía política.

En el caso de la insurgencia obrera de unos años después, la situación era algo diferente. Las demandas planteadas por la Tendencia Democrática y numerosos contingentes obreros que colmaban calles y plazas del país, tampoco representaban peligro para el gobierno y por el contrario, varias de ellas retomaban viejas banderas del nacionalismo revolucionario que había dado origen al PRI. Sin embargo, la democratización del sindicalismo, aspecto central de la lucha obrera de los setentas, sí apuntaba contra uno de los pilares del sistema político mexicano, en el que la clase dominante, al no contar con partidos y base social propia, se servía del movimiento obrero y de las organizaciones campesinas, como muletas para mantener el poder.

Por ello, a pesar de que la movilización obrera no se generalizó y se limitó a algunas zonas industriales y pocos sindicatos nacionales y que la inmensa mayoría de la clase obrera permaneció al margen –a diferencia del movimiento estudiantil que, años atrás llevó la huelga a las principales instituciones públicas y privadas de educación media y superior—la preocupación de los gobernantes fue mayor, ya que de desarrollarse, podía llevar a cambios de fondo.

En ambos casos, la respuesta del sistema fue la negativa a dar solución a las demandas planteadas y la represión; de manera unánime, gobernantes y dueños del poder económico, se agruparon para responder a los movimientos de protesta. Las esperanzas de algunos dirigentes del movimiento sindical democrático en recibir apoyo de sectores progresistas de dentro del gobierno, no solo no se cumplieron, sino que constituyeron una de las razones para la derrota.

La respuesta principal, sin embargo, fue de orden ideológico. Se desarrolló una ofensiva de grandes dimensiones contra las ideas de cambio revolucionario, impulsando corrientes de pensamiento basadas en el individualismo y se emprendió el camino de construcción de aparatos políticos propios, por una derecha que se había mantenido hasta entonces al margen de la actividad política propiamente dicha.

Un elemento adicional que favoreció la ofensiva patronal, fue la debilidad ideológica del bloque socialista que culminó con su derrumbe. La izquierda recibió un fuerte golpe. Unos se quedaron sin brújula y otros engrosaron las filas de las fuerzas centrífugas que se habían desarrollado en ese campo. Para muchos, sin embargo, fue el final del camino y sencillamente abandonaron las filas de la izquierda para dedicarse a la vida privada o de plano, se pasaron con armas y todo, al campo contrario.

Si en los sesentas y setentas había corrientes que impulsaban la lucha por las libertades democráticas y por la democracia sindical, como pasos hacia la transformación revolucionaria de la sociedad, para fines de siglo la lucha era por la democracia a secas, sin adjetivos decían algunos; sin cambios económicos y limitada a los marcos electorales, era la traducción y el resultado.

En ese terreno, hubo importantes avances. Los últimos gobiernos priistas, tuvieron cada vez mayores dificultades para imponerse y, finalmente el PRI perdió la Presidencia de la República. No pasó mucho tiempo para que fuera evidente que el cambio prometido no era tal y que ni siquiera la democracia “sin adjetivos” había llegado.

Las políticas económica y laboral no cambiaron; más bien, profundizaron sus prácticas de favorecimiento de los grandes empresarios en detrimento tanto de la pequeña y mediana empresa como del interés nacional y endurecieron el castigo al salario y a la organización obrera, aun a aquellas que no hacía mucho tiempo, habían sido sus aliadas.

De los cambios dolorosos pero necesarios, se pasó a las llamadas reformas estructurales. Lo que no alcanzó a hacer el PRI, se dispuso a culminarlo el PAN. Si De la Madrid, Salinas y Zedillo liquidaron la propiedad agraria colectiva, entregaron las empresas paraestatales a sus empresarios consentidos y abrieron el camino a la ultraderecha nacional e internacional, sus ediciones azules se afanaron en destruir la seguridad social solidaria, avanzaron en la entrega de la producción de electricidad a la iniciativa privada y se afanaron en transferir los recursos petroleros de la Nación a empresas transnacionales y sus socios locales, con los contratos de servicios múltiples.

En la administración pública, los cambios fueron cosméticos y se transitó del uso de los aparatos de gobierno en beneficio de un partido casi único, a su utilización por los mismos políticos corruptos de siempre, ahora cobijados por nuevos colores y con filas engrosadas por ejércitos de nuevos funcionarios, provenientes de la iniciativa privada o apadrinados por la descomposición de la izquierda y que nunca habían trabajado --ni unos ni otros-- por el cambio democrático que ahora rebosaba en sus discursos.

Hay que reconocer, sin embargo, que sí hubo avances en algunos campos, en entidades como el Distrito Federal, que había sido el escenario principal de las luchas democratizadoras y revolucionarias de las décadas previas y donde, merced a un centralismo avasallador, se concentraban los sectores más preparados y politizados del país. Los avances se presentaron principalmente en los terrenos cultural y educativo, de equidad de género y de respeto a la diversidad, aunque en lo laboral no hay gran diferencia entre los gobiernos federales y locales o entre las viejas y las presentes prácticas.

A menos de 1% de la esperanza

Las elecciones de 2006 no solo fueron una esperanza para millones de mexicanos, sino la oportunidad de agrupar el descontento y transformarlo en organización. Las gigantescas movilizaciones de antes y después de las elecciones de ese año, no respondían únicamente a la convocatoria de un dirigente carismático, sino que expresaban un descontento alimentado por los agravios contra el pueblo trabajador durante décadas y aumentado por la ausencia de cambios reales que se esperaban por el cambio de siglas del año 2000. Las movilizaciones sin embargo, no se tradujeron en organización de una magnitud tal que permitiera ganar las elecciones, demostrarlo e iniciar un proceso de cambio de rumbo. No fue posible articular el movimiento previo de sindicatos, organizaciones campesinas y de colonos –cada cual encerrada en los estrechos marcos de su ámbito de acción particular—con la actividad de los partidos y organizaciones políticas –empeñados en ganar espacios burocráticos de poder-- y con el movimiento de cientos de miles de mexicanos y mexicanas sin actividad política previa la mayoría, surgido al calor del proceso electoral.

El agrupamiento de las derechas de diversas tonalidades en torno a los resultados oficiales y la vuelta a la normalidad de organizaciones sociales y políticas –algunas nunca salieron de ella—transformaron una diferencia de menos de uno por ciento en una brecha enorme entre el cambio y el mantenimiento del status quo. Para muchos lo que siguió fue la desmoralización, sobre todo al ver que los años siguientes trajeron una recuperación de la vieja maquinaria política que seis años antes, algunos creían muerta.

El sindicalismo “oficial”

Mientras tanto ¿qué ha ocurrido con los sindicatos? La clase obrera, lo mismo aquella agrupada en el llamado movimiento obrero organizado, como la integrante del sindicalismo independiente y, con mayor razón, la no organizada, fue severamente derrotada en estos años. No sólo se deterioró el poder adquisitivo del salario, sino que hubo un grave retroceso en el empleo y la organización. Incluso el charrismo dejó de ser pilar del Estado, para ser un aliado prescindible en la modernización capitalista. La crisis quitó a los charros una de sus fuentes de legitimidad: la posibilidad de negociar concesiones para sus agremiados. Con una capacidad de control reducida, mal vistos por sectores del aparato estatal, e incapaces de ponerse al frente de los trabajadores en la defensa de su nivel de vida, quedó muy disminuido su papel de fuente de apoyo político y reserva electoral del sistema. Y pasó lo que antes habría sido inimaginable. No sólo patrones y gobierno lanzaron todo tipo de ataques contra los sindicatos –contra los charros y contra los democráticos; la venta de empresas paraestatales y los despidos masivos de personal no se detuvieron porque estuviera sindicato alguno de por medio, la imposición de los topes salariales no tuvo consideración alguna por los charros y se llegó al extremo de calificar de “viejo loco” al dirigente máximo de la CTM, encarcelar al dirigente del sindicato petrolero y, finalmente, limitar a la calidad de negocio de giro negro al sindicalismo oficial, quitándole cualquier posibilidad de influencia política.

Hubo casos de resistencia limitada. Centrales sindicales como la Confederación Obrera Revolucionaria, los sindicatos magisterial, petrolero y minero y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, a diferencia de la otrora todopoderosa CTM, se opusieron con timidez a la nueva política hacia los sindicatos. Los dirigentes magisterial y petrolero negociaron impunidad y espacios de poder e influencia con los nuevos gobiernos. La COR --dividida-- terminó en el olvido, surgieron nuevas organizaciones de desprendimientos del viejo charrismo y la CROC y mineros dieron la pelea por el control del Congreso del Trabajo, CT, organismo cúpula del charrismo, aunque la primera, después de coquetear con el sindicalismo democrático, terminó por ocupar espacios políticos en un PRI que nunca dejó el poder.

Mineros

El caso del sindicato minero es particularmente importante. Muestra la complejidad del sindicalismo y los alcances gubernamentales para imponer una política. Esta organización fue uno de los sindicatos nacionales de industria pilares del sindicalismo mexicano y en el cual coexistieron durante largo tiempo, lo mismo las posiciones del charrismo sindical, que las encabezadas por militantes de izquierda y comunistas. Secciones como la 271, 219, 65, 66, 67, 68, 200, 147, 288, 1, entre otras, protagonizaron luchas en defensa del salario, por la autodeterminación proletaria, en defensa de la salud obrera, por medios de seguridad en el trabajo. En más de una ocasión, los mineros-metalúrgicos fueron precursores tanto en las demandas como en las formas de lucha; cimbraron al país recorriéndolo en caravana (mineros de Nueva Rosita) rebasaron las formas sindicales (Consejo de Lucha, sección 271) innovaron las formas de protesta (desnudo colectivo, sección 1). A pesar del control del Comité Ejecutivo Nacional por parte del charrismo, fiel aliado del gobierno en turno, en el sindicato minero metalúrgico siempre hubo trabajadores en pie de lucha.

Los proyectos de reforma impulsados por el grupo en el poder, profundizaron las diferencias que habían surgido entre el llamado movimiento obrero organizado y el gobierno desde el inicio del neoliberalismo. En particular, el proyecto de reforma laboral obligó a definiciones. En el sindicato minero, cuyo nuevo comité nacional se acercó y aun apoyó las luchas de secciones como la 271 de Lázaro Cárdenas, se vio el peligro que dicha reforma representaba no para las direcciones sindicales, sino para el sindicalismo en su conjunto y planteó, en el seno mismo del CT, su oposición a la pretendida reforma. Con la mayoría del charrismo apoyando sin recato alguno las propuestas gubernamentales, el sindicato minero entró a disputar la dirección del CT, lo que representaba un riesgo para las pretensiones del nuevo grupo en el poder y esta organización ocupó un lugar especial en la mira de los enemigos de la organización obrera.

El retiro de la toma de nota al CEN del sindicato minero --a quien se le había entregado cuando se pensaba que no representaba mayor peligro, a pesar del conocimiento de las mismas irregularidades que después serían esgrimidas para desconocerlo—el apoyo a los grupos más entreguistas del CT y la cooptación de los vacilantes, los constantes obstáculos a los movimientos protagonizados por distintas secciones de este sindicato y el franco alineamiento al servicio de las empresas mineras en Cananea y otros lugares, no sólo son un castigo para una representación reacia a aceptar las posiciones del gobierno, sino un golpe a una organización que podía jugar un papel en la lucha obrera independiente, movimiento al cual se acercó este sindicato. Lo que el gobierno pretende con sus constantes agresiones a los minero metalúrgicos, no es la defensa del estado de derecho o el castigo a representantes sindicales que pudieran haber cometido algún delito, sino la desaparición de una organización obrera de lucha y el establecimiento de condiciones para que la patronal del sector pueda acumular riquezas sin límite alguno, con la superexplotación de minas y mineros, con remedo de sindicatos y contratos de protección. Por supuesto, con la bendición del gobierno.

Los independientes

En el caso del sindicalismo independiente, la situación fue peor. Si ya antes cualquier brote de descontento o lucha reivindicativa –por limitada que fuera—ponía a sus protagonistas en la mira del gobierno, ahora con mayor razón recibió este sector todo tipo de ataques. Se usó de todo. Desde el despido hasta el encarcelamiento. El manejo del registro legal como arma para decidir qué organización y qué dirección existen y cuáles no, fue una de las armas favoritas en este proceso. Los errores por parte de las dirigencias de esta franja del sindicalismo, contribuyeron a su debilitamiento y/o desaparición. Ya desde las huelgas de junio de 1983, el sindicalismo universitario y el SUTIN pagaron caro errores como la confianza y supeditación al charrismo y el alejamiento de la práctica de la democracia sindical. En los casos en que se han mantenido posiciones democráticas en los sindicatos, frecuentemente se han arriado las banderas de la lucha proletaria para conformarse con la gestoría sindical.

A pesar de todo, el espíritu unitario de algunos y el pragmatismo de muchos ha dado lugar a nuevas experiencias, o tal vez habría que decir, a nuevas ediciones de viejas experiencias. Surgieron expresiones como la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios y la Unión Nacional de Trabajadores, y el Sindicato Mexicano de Electricistas cobijó el surgimiento del Frente Sindical Mexicano. Estas expresiones sindicales, independientemente de la voluntad o las motivaciones de sus dirigentes, constituyen un paso adelante en la unidad de la clase trabajadora. No son las organizaciones que habrán de consolidar la unidad proletaria y llevar a la clase obrera a la lucha por su emancipación, pero tampoco son el charrismo sindical de viejo cuño.
Hoy el sindicalismo democrático se debate entre gestoría, coordinación y lucha política. Para sectores del sindicalismo democrático, las jornadas de fines del siglo pasado y las nuevas condiciones del país no han aportado motivo alguno para cambiar. Se siguen repitiendo esquemas y formas de lucha que en otras condiciones y otros tiempos funcionaron, pero que hoy han perdido su efectividad. Anclada en la gestoría laboral, esta franja del sindicalismo no cuenta ya con las condiciones económicas y políticas que hacían posible la negociación de mejoras para sus afiliados y ni siquiera con los cuadros sindicales que antes dieron dirección y señalaron rumbo a sus organizaciones. Cada proceso electoral se tiene más dificultades para elegir dirigentes y frecuentemente llegan a los comités ejecutivos elementos sin preparación sindical y política y, algunas veces, también sin escrúpulos. En estas condiciones, no es casual que las revisiones contractuales y la vida laboral y sindical cotidiana, paguen las consecuencias con el correspondiente alejamiento y desmoralización de la base de estos sindicatos.

En el terreno de las alianzas, persisten formas de coordinación que no siempre son capaces de trascender los tiempos y las demandas de las revisiones contractuales y se desaprovechan posibilidades de elaboración programática y acción política, a partir de desconfianzas y visiones inmediatistas. Con todo, estas formas de coordinación juegan un papel de cierta importancia en la solidaridad y difusión de las luchas de los trabajadores.

Por su parte, en la franja del sindicalismo democrático que se agrupa en la FESEBS y en la Unión Nacional de Trabajadores, se ha impulsado con ciertos resultados, la apuesta por la acción política de los sindicatos. La UNT ha desarrollado una intensa actividad con los poderes legislativo y ejecutivo, logrando introducir elementos de su agenda legislativa en la discusión nacional y algunas negociaciones exitosas con gobiernos y empresas. La presentación de su propuesta de reforma laboral y el rechazo al proyecto patronal-panista, han jugado un papel importante para que no se haya aprobado esta última. No obstante, aunque se han planteado iniciativas para una actividad política concertada como organización, generalmente los resultados dependen de la actividad y acuerdos alcanzados por algunos de los principales sindicatos que agrupa la UNT como los de telefonistas y de la universidad nacional.

En el campo internacional, la UNT –o sus integrantes—han emprendido acciones que han derivado en denuncias y acciones de solidaridad con el sindicalismo mexicano. La relación con sindicatos de Estados Unidos y Canadá ha estado presente y se participa en la reorganización del sindicalismo internacional a través de la Central Sindical Internacional, a pesar de que algunas de las organizaciones mexicanas han mantenido vínculos con la Federación Sindical Mundial, que quedó al margen de la nueva agrupación.

En otro terreno, la UNT ha logrado importantes agrupamientos con otros sectores, como el campesino, el integrado por organizaciones sociales y con sectores del sindicalismo otrora oficial como la CROC (de modo efímero) y de manera destacada con el sindicato minero.

El Frente Sindical Mexicano y el SME

Otro agrupamiento importante es el construido en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Sindical Mexicano. En éste, participan algunas organizaciones del sindicalismo universitario, al lado de organismos con presencia escasa o poco conocida en las filas del sindicalismo democrático, así como grupos políticos y organizaciones no sindicales de todo tipo.
La vida del FSM ha estado fuertemente influida por el SME. Sus reivindicaciones más conocidas son la defensa de la industria eléctrica y la oposición a cualquier cambio en la legislación laboral, además de una amplia práctica de la solidaridad con el movimiento democrático. Dada la influencia y el papel del SME en este organismo, el golpe a este sindicato indudablemente afectará al FSM.

La campaña contra el SME

La extinción de Luz y Fuerza del Centro, no es sólo un golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Se trata de un paso más de la política económica gubernamental. Es, como lo ha señalado el SME, la condición necesaria para entregar la infraestructura de Luz y Fuerza (y la de Comisión Federal de Electricidad) a los grandes empresarios de las telecomunicaciones. La entrega de la generación eléctrica, tiene ya un largo trecho recorrido. De lo que se trata ahora, es de poner en manos privadas, una fuente de ganancias enormes con Internet, video y telefonía, las modernas telecomunicaciones, sin necesidad de que inviertan en infraestructura. Por supuesto, la distribución del fluido eléctrico a los hogares, con sus incontables pérdidas y riesgos, queda en manos oficiales, ahora de CFE, empresa que ahora puede absorber los riegos que las empresas privadas no están dispuestas a asumir y la parte menos rentable del negocio de la electricidad.

La estrategia gubernamental se ha basado en demostrar la inviabilidad económica de Luz y Fuerza. No se habla de la responsabilidad gubernamental en el deterioro de una empresa que desde hace décadas estuvo en el abandono, a la que se mantuvo trabajando, en su parte comercial por ejemplo, la que daba la cara a la sociedad, con lápiz y papel, con cartulinas y máquinas registradoras dignas de un museo, con trabajadores sepultados por montañas de expedientes y tarjetas, sin una sola computadora, en pleno siglo XXI.
Se dice que se transferían grandes cantidades a esta empresa sin aclarar a qué se destinaban tales recursos o quién decidía qué hacer con ellos. Se oculta la creatividad de trabajadores que debían improvisar con desechos para mantener el servicio funcionando. Se magnifican los vicios y fallas de los trabajadores, sin decir que quienes pudieron haber hecho algo por corregirlos –quienes hoy están al frente del país y ayer estuvieron en la Secretaría de Energía-- jamás lo hicieron.

Las diferencias al interior del sindicato, la confianza de base y dirigentes en su fuerza y el conservadurismo de sectores del sindicato, fueron aprovechados también por el gobierno para avanzar en sus planes.

La cerrazón del gobierno, decidido a entregar a particulares la infraestructura de LyFC y a dar un golpe de muerte al SME han prolongado el conflicto y llevado a medidas extremas como la huelga de hambre, mientras la Suprema Corte de Justicia avaló la extinción de la empresa eléctrica.

La solidaridad al SME, si bien se ha dado de manera constante, no ha sido suficiente para revertir el golpe, al no integrar a la mayoría de organizaciones sindicales con medidas unitarias y que obliguen al gobierno a rectificar.

Los nuevos sindicatos aliados del gobierno

Electricistas y mineros han sido objeto ya del ataque oficial, pero el objetivo son todos los sindicatos reales y hasta los charros. El ideal oficial es el sindicalismo blanco que hoy se pretende imponer en Cananea, ya ni siquiera como aliados del gobierno en turno, sino como apéndices de las administraciones empresariales.

El sindicalismo blanco así como el de protección, no es nada nuevo en México. La diferencia en el momento actual es el franco apoyo al primero y la complicidad con el segundo. Desde la Secretaría del Trabajo, con grandes reflectores, se fortalece la presencia pública de federaciones urdidas en las oficinas de relaciones laborales de grandes empresas propiedad de los millonarios consentidos de los regímenes recientes y ahora señaladas como ejemplo de organización sindical responsable y en la oscuridad de archivos y oficinas gubernamentales de los ámbitos laboral y penal, se solapan las tropelías de delincuentes enriquecidos mediante el chantaje a empresas y la explotación a los trabajadores, por supuesto, con el aval de viejos y nuevos gobiernos.

En otros terrenos

A la permanencia y profundización de las políticas económica y social y la campaña permanente contra los sindicatos, se agregan otros casos, como el trato a los movimientos campesino y popular, con los que no se ha dudado en llegar al encarcelamiento y aun al asesinato de dirigentes. Las condenas impuestas a dirigentes como los de Atenco y las agresiones contra caravanas humanitarias son claro ejemplo de los alcances del régimen que, no conforme con la devastación del campo mexicano y la expulsión del país de millones de compatriotas, criminaliza la protesta social y usa todo el poder del estado contra quienes defienden la tierra.

Un factor que ha favorecido la permanencia de tal estado de cosas, es la neutralización de la izquierda partidaria. Alejada por completo del movimiento popular, esta izquierda se ha dedicado a pelear en el terreno en el que el grupo gobernante tiene más experiencia y recursos: la disputa por espacios de poder. Lejanas y en el olvido han quedado ya las posiciones que los partidos de izquierda tenían con respecto al sindicalismo, a la lucha campesina, al movimiento estudiantil, a la educación y a la cultura, a la intervención obrera en la producción. Ahora, en una eterna pelea intestina por (minúsculos) espacios de poder, la corrupción y el clientelismo han convertido a la izquierda en arena de disputas de caudillos, donde el interés popular, el de trabajadores del campo y la ciudad, no tiene cabida, más que de manera marginal.

Las perspectivas

Llegamos así al año 2010. En medio del peor deterioro económico para las mayorías y el enriquecimiento más escandaloso de unos cuantos. Con un descontento generalizado, por parte de estudiantes, la sociedad civil, sectores de la izquierda, los sindicatos, etc., pero nadie suficientemente organizado. Con un sistema decrépito, pero sin una alternativa popular que lo sustituya.

Si hace diez años, la mayoría de los mexicanos decidió no permitir más la permanencia en el poder del grupo que llevó al país a la situación de aquel momento, esa decisión, sin embargo, fue capitalizada por quien tenía más recursos, experiencia y habilidad en el manejo de los modernos medios de difusión. La llegada al gobierno de un partido distinto al PRI se quedó en cambios de nombres y de estilos, pero no de políticas como hemos visto.

A mitad del sexenio y con el reacomodo de las fuerzas políticas producto de los recientes procesos electorales, todas las fuerzas del espectro político “oficial” apuntan al 2012.
Para el grupo en el poder, más que quién quede al frente del gobierno, lo importante es mantener la política que han impuesto hasta ahora. Para los políticos, sin embargo, se trata de una pelea a muerte por los espacios de poder, por la administración de los recursos públicos. Los principios, las ideologías, los programas, tienen nula importancia ante la lucha por ocupar las posiciones más redituables, tanto en lo político, como en lo económico.

Para la izquierda parlamentaria, ante su incapacidad por generar una fuerza propia, capaz de disputar el gobierno para llevar adelante un proyecto político (que tampoco existe) solo queda como opción la misma lucha por espacios --aunque de mucho menor alcance-- y establecer "alianzas" que los mantengan dentro de las estructuras del poder.

Para el pueblo mexicano, los diez años pasados, además del deterioro de sus condiciones de vida, tuvo que cargar con el peso de la desilusión generada por la persistencia de los viejos problemas, el resultado de las elecciones de 2006 y siguientes y la posibilidad de una vuelta total al pasado, que ya se vislumbra no solo con la recuperación electoral del PRI, sino con los fallos de la Suprema Corte, la creciente represión y el control del legislativo por políticos de viejo cuño y empleados de las grandes empresas de las comunicaciones. Para los trabajadores, la tarea no es sencilla. No sólo se debe resistir los embates de gobierno y patrones. El principal reto es superar las viejas formas de lucha y organización, forjar la unidad, superar el sectarismo y el economicismo, pasar de la resistencia a la ofensiva.