2010. Un año negativo para los trabajadores mexicanos

A mitad del sexenio calderonista, 2010 presenta perspectivas negativas para México y la mayoría de la población. A pesar del reiterado fracaso del modelo neoliberal, que en más de dos décadas ha sido incapaz de sacar al país de una crisis que se profundiza día a día, y de que incluso en algunas de las metrópolis del capital, se han puesto en marcha políticas que difieren de las prácticas acostumbradas del neoliberalismo, el gobierno federal insiste en mantener el rumbo iniciado desde principios de los ochentas.

El resultado de estas políticas está a la vista. Mientras algunas grandes empresas crecen de manera desmesurada apoyadas con subsidios, devolución y aun exención de impuestos, costos ínfimos de materias primas, contención salarial, y se llega incluso al extremo de transferir a empresas transnacionales con operaciones en México, recursos que debían destinarse a la investigación científica --con el pretexto de que se trata de empresas innovadoras-- la mayoría de pequeñas y medianas empresas, se ven obligadas a disminuir operaciones y aun cerrar, debido a la depresión del mercado interno y a su incapacidad de competir con las grandes empresas consentidas del gobierno o con empresas transnacionales. En consecuencia, se pierden miles de empleos y se precarizan muchos de los que subsisten, empeorando no solo las condiciones de vida de los trabajadores, sino la situación económica del país.

Los excedentes petroleros, usados durante años para ocultar la crisis, ya no existen más. Durante años, fueron dilapidados en un gasto corriente en constante crecimiento por el aumento desmesurado de una alta burocracia tan onerosa como inútil, en lugar de destinar tales recursos al crecimiento de la economía. Con su ausencia, quedaron al descubierto las consecuencias de una política basada en la dependencia del petróleo. La otra variable de la ecuación gubernamental, la captación de inversión extranjera, tampoco ha dado los resultados que el gobierno esperaba, al menos no para la nación.

Sin las ganancias petroleras y sin las inversiones anunciadas, con la disminución de las remesas producto de la crisis en Estados Unidos, con la gigantesca carga de la alta burocracia y con una gran burguesía ávida de ganancias fáciles y rápida, acostumbrada al entreguismo gubernamental, sólo queda al grupo en el poder el incremento de la recaudación fiscal y la culminación de la entrega al gran capital nacional y transnacional de los recursos aun nacionales, esperando que ahora si, se reactive la economía y no se les deshaga el país en las manos.
Por ello, no reparan en las consecuencias que para la población trabajadora tienen medidas como el incremento al IVA, al ISR y a otros impuestos, así como el incremento al precio de los combustibles. Tampoco reparan en las consecuencias de la entrega a la gran burguesía de la infraestructura energética, no solo para la producción de electricidad propiamente dicha, sino para usufructuar las posibilidades que abre el uso de esta infraestructura para actividades tan rentables como las telecomunicaciones.

Mantener esta política, ha requerido eliminar o neutralizar los obstáculos que pudieran oponerse a tal curso de acción. Esto se ha hecho sin tregua alguna, desde el inicio de la aplicación de estas políticas en los ochentas hasta la fecha. El golpe a universitarios y nucleares a raíz de las huelgas de junio de 1983, la creciente marginación al cetemismo y otras cúpulas charras, el quinazo y la cooptación de dirigencias rebeldes, son distintas facetas de una política antisindical permanente. En contraste, cuando ha sido redituable, no ha dudado el grupo en el poder, en hacer concesiones ya sean económicas o preferentemente políticas a grupos con posiciones diferentes --o que pudieran llegar a tenerlas-- a las del grupo dominante. En el caso del sindicalismo, una vertiente de organización social que no llega a agrupar ni al 10 % de la población económicamente activa, tales medidas podrían parecer una exageración. Lo que se muestra es el temor ante lo que pudieran hacer, más que la acción realizada por los sindicatos, es decir, las posibilidades que estos tendrían, de contar con políticas y formas de lucha unitarias e independientes.
En otros casos, como los movimientos campesino y popular, no se ha dudado en llegar al encarcelamiento y aun al asesinato de dirigentes.

Un factor que ha favorecido la permanencia de tal estado de cosas, es la neutralización de la izquierda partidaria. Alejada por completo del movimiento popular, esta izquierda se ha dedicado a pelear en el terreno en el que el grupo gobernante tiene más experiencia y recursos: la disputa por espacios de poder. Lejanas y en el olvido han quedado ya las posiciones que los partidos de izquierda tenían con respecto al sindicalismo, a la lucha campesina, al movimiento estudiantil, a la educación y a la cultura, a la intervención obrera en la producción. Ahora, en una eterna pelea intestina por (minúsculos) espacios de poder, la corrupción y el clientelismo han convertido a la izquierda en arena de disputas de caudillos donde el interés popular, el de trabajadores del campo y la ciudad, no tiene cabida, más que de manera marginal.

Las perspectivas

A mitad del sexenio y con el reacomodo de las fuerzas políticas producto del reciente proceso electoral federal, todas las fuerzas del espectro político “oficial” apuntan al 2012.
Para el grupo en el poder, más que quién quede al frente del gobierno, lo importante es mantener la política que han impuesto hasta ahora. Para los políticos, sin embargo, se trata de una pelea a muerte por los espacios de poder, por la administración de los recursos públicos. Los principios, las ideologías, los programas, tienen nula importancia ante la lucha por ocupar las posiciones más redituables, tanto en lo político, como en lo económico.
Para la izquierda parlamentaria, ante su incapacidad por generar una fuerza propia, capaz de disputar el gobierno para llevar adelante un proyecto político (que tampoco existe) solo queda como opción la misma lucha por espacios --aunque de mucho menor alcance-- y establecer "alianzas" que los mantengan dentro de las estructuras del poder.

El caso del SME

La extinción de Luz y Fuerza del Centro, no es sólo un golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Se trata de un paso más de la política económica gubernamental. Es, como lo ha señalado el SME, la condición necesaria para entregar la infraestructura de Luz y Fuerza (y la de Comisión Federal de Electricidad) a los grandes empresarios de las telecomunicaciones. La entrega de la generación eléctrica tiene ya un largo trecho recorrido. De lo que se trata ahora, es de poner en manos privadas, una fuente de ganancias enormes con Internet, video y telefonía, las modernas telecomunicaciones, sin necesidad de que inviertan en infraestructura. Por supuesto, la distribución del fluido eléctrico a los hogares, con sus incontables pérdidas y riesgos, queda en manos oficiales, ahora de CFE, empresa que ahora puede absorber los riegos que las empresas privadas no están dispuestas a asumir y la parte menos rentable del negocio de la electricidad.

La estrategia gubernamental se ha basado en demostrar la inviabilidad económica de Luz y Fuerza. No se habla de la responsabilidad gubernamental en el deterioro de una empresa que desde hace décadas estuvo en el abandono, a la que se mantuvo trabajando, en su parte comercial por ejemplo, la que daba la cara a la sociedad, con lápiz y papel, con cartulinas y máquinas registradoras dignas de un museo, con trabajadores sepultados por montañas de expedientes y tarjetas, sin una sola computadora, en pleno siglo XXI.

Se dice que se transferían grandes cantidades a esta empresa sin aclarar a qué se destinaban tales recursos o quién decidía qué hacer con ellos. Se oculta la creatividad de trabajadores que debían improvisar con desechos para mantener el servicio funcionando. Se magnifican los vicios y fallas de los trabajadores, sin decir que quienes pudieron haber hecho algo por corregirlos, jamás lo hicieron.

Las diferencias al interior del sindicato, la confianza de base y dirigentes en su fuerza y el conservadurismo de sectores del sindicato, fueron aprovechados también por el gobierno para avanzar en sus planes.

La revisión contractual del SUTIN

En estas condiciones se llega a la revisión integral del CCT ININ SUTIN 2010. El CEN preparó el proyecto de revisión, basado en propuestas recogidas en congresos y procesos anteriores. Con dilación, a inicios de enero, se integró la Comisión Revisora electa en Asamblea el 7 de diciembre pasado, a la revisión del proyecto. Se hicieron ajustes y agregados menores y se corrieron los trámites legales.

El Proyecto comprende la modificación de 28 cláusulas del CCT. En algunos casos, se trata de modificaciones menores o ajustes de redacción que no representan mayor problema. En otros casos, se trata de añejas demandas sin respuesta positiva, como reconocimiento y compensación por antigüedad o permisos. Se incluyen propuestas de cambio tendientes a mejorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo de investigación y desarrollo en el ININ y los estímulos a la productividad y, finalmente, además de la petición de incremento salarial de 15%, están las modificaciones a cláusulas con implicaciones económicas.

En las cláusulas 36, 37 y 42 se proponen modificaciones que tiene que ver con aspectos fundamentales de la materia de trabajo: la aprobación de proyectos y la dotación de recursos para la realización de los mismos.

En las condiciones económicas actuales, con la fuerza y organización del sindicato y con la solidaridad del sindicalismo democrático, poner el centro de la revisión en la superación de los límites establecidos por el gobierno federal a los salarios y prestaciones, es correr el peligro de entrar en un callejón sin salida y dar a los enemigos de los trabajadores elementos para insistir en su gastado (pero efectivo) discurso de que los sindicatos defienden privilegios. No obstante, se debe insistir en el cumplimiento de lo pactado en el CCT, en la corrección de las deficiencias y omisiones del mismo, así como en la necesidad de recibir un salario justo que permita recuperar, asi sea parcialmente, su valor adquisitivo.

En este proceso se debe enfatizar en las propuestas que tienden a fortalecer la actividad sustancial del ININ, lo que además, permitiría insistir en la necesidad de diseñar una política de estado en materia de CyT y difundir las propuestas que se han elaborado al respecto por el SUTIN y otras organizaciones. En este marco, se pueden fortalecer las alianzas en primer lugar con organizaciones de trabajadores con características similares a las nuestras, retomando las banderas de la defensa de la materia de trabajo y de lucha por políticas científica y tecnológica de estado y en segundo lugar, con sectores académicos, sociales y políticos que han demandado hace tiempo, apoyo a educación, ciencia y tecnología así como a actores políticos a quienes podemos proponer actividades específicas con impacto energético, ambiental o social, ampliando el abanico de alianzas del SUTIN.

En la negociación con la administración del ININ y con la Secretaría de Energía, así como en los pronunciamientos públicos, debemos insistir en el impacto que conllevan nuestras propuestas en elevar el papel del ININ en la sociedad y con ello en la propia viabilidad del instituto, así como en los beneficios para el desarrollo nacional significa contar con instituciones públicas de investigación científica y desarrollo tecnológico.

La actividad del sindicato en este periodo --y aun más allá de la revisión contractual-- debe transitar por la vía de la defensa de la materia de trabajo como actividad prioritaria. Ello requiere dos tareas de primera importancia: discutir la problemática de la materia de trabajo en todas las instancias del sindicato e integrar a todos los sectores del mismo, cada quien en su ámbito de acción, en las diversas tareas de la organización.