Hacia una propuesta alternativa para el desarrollo energético nacional
Introducción
Hacia una propuesta alternativa para
el desarrollo energético nacional
En
nuestro país se ha establecido durante
las últimas tres décadas de política económica tributaria y dependiente, que
paga altos intereses al capital financiero; que orienta la apertura económica a
la importación de bienes con alto valor agregado y a la exportación de materias
primas, energía y mano de obra barata;
la que promueve la importación de alimentos, combustibles, refinados de
petróleo, gas, bienes intermedios, de consumo y de capital; en la que las
corporaciones globales, tanto de capital extranjero como nacional, constituyen
los actores económicos más relevantes, cuyos intereses se han impuesto sobre el
derecho humano al desarrollo de México y
sobre nuestra Constitución Política, con grave perjuicio y detrimento
del bienestar y los derechos humanos y libertades de la inmensa mayoría de los
mexicanos.
En
estas tres décadas se observó un crecimiento promedio anual del PIB de tan sólo
de 2.1% mientras que la capacidad de
crear empleos formales se ha reducido drásticamente.
Las
corporaciones globales y las hegemonías extranjeras, han impuesto a los
mexicanos, un Estado débil al haber nulificado de facto su poder para gravar sus actividades económicas; lo
que a su vez, ha debilitado su capacidad para fomentar la inversión productiva
de los particulares y del sector social de la economía. La reducción anómala y
abismal del ingreso-gasto público del Estado mexicano, al nivel del 24% del
PIB; contrasta con el promedio que hoy
se observa en los países de la OCDE (42% del PIB).
Para compensar este vacío de recaudación y
financiar el gasto corriente del
gobierno federal se ha recurrido a la explotación desmedida y acelerada de las
limitadas reservas petroleras y se ha impuesto a PEMEX un régimen fiscal opresivo. Lo que constituye una verdadera
irracionalidad ya el recurso petrolero es una riqueza natural no renovable que
debiera ser utilizada para crear valor agregado tecnológico e industrial, y
para la inversión productiva.
Este
secuestro y apropiación de la renta petrolera, para sustituir las obligaciones
fiscales corporativas agudizo la dependencia multidimensional del país
ante las grandes potencias, en
particular de los Estados Unidos de América. Dependencia resultante por cierto,
de la suscripción de diversos tratados
comerciales asimétricos a los que se suman los acuerdos de carácter
fiscal para la protección de las inversiones extranjeras.
Estos
instrumentos, que según la SCJN tiene prioridad
sobre las leyes federales, han
anulado de facto la rectoría del Estado,
al suprimir su capacidad para exigir criterios de desempeño a la inversión
extranjera, en función del interés nacional y al permitir que las grandes
corporaciones determinen en la práctica las políticas de empleo y salario así
como el desarrollo de la principales ramas de la economía.
La
alternancia de partidos políticos en la Presidencia de la República (2000) y en
el Poder Legislativo Federal (1997), no modificó en lo absoluto esta condición,
por el contrario la profundizó, debilitando aún más el poder nacional ante la
geoeconomía y geopolítica global.
Con
el argumento de la lucha, hasta ahora infructuosa en contra del
narcotráfico, se ha propiciado la intervención extranjera en
las instituciones nacionales encargadas
de esta tarea. Esta estratégica es
injustificable por su lógica y por sus resultados. Es necesario afirmarlo de
manera enfática: los más de 95,000 muertos, 10,000 desaparecidos, 250 mil
desplazados, y decenas de miles de huérfanos
representan un alto e inaceptable costo para nuestro país que se traduce en la destrucción del tejido
social, a violación reiterada de los derechos humanos de la población, la
militarización de regiones enteras del país
y finalmente, en la pérdida de
capacidad y eficacia de las instituciones nacionales de procuración e
impartición de justicia. Todo ello dentro de un proceso que forma parte de la
misma estrategia de subordinación, cuyo primer fundamento ha sido la pérdida de
la soberanía económica multidimensional.
Bajo
estas condiciones, si se mantiene la actual política económica tributaria y
dependiente, subordinada al poder económico-político de las corporaciones
globales y de los países que las respaldan, ninguna coalición política que
disponga del Poder Ejecutivo Federal y de mayorías legislativas, podrá realizar
el contenido de justicia y racionalidad establecido en la Constitución, y menos
aún realizar el mandato del Artículo 1º, que establece la obligación del Estado
de garantizar los derechos humanos.
La nueva ola de reformas
"estructurales”, busca profundizar la entrega de las riquezas naturales,
energéticas y de biodiversidad; así como una mano de obra con ingresos
miserables, sin seguridad social ni derechos sociales; así como disponer de las
compras de gobierno y el mercado interno; sin contribuciones fiscales
significativas al Estado mexicano; en beneficio de las corporaciones globales,
principalmente extranjeras.
Para
construir un modelo de desarrollo
alternativo, un ingrediente clave es un cambio de estrategia en la
industria energética. En efecto, por su
carácter multidimensional, la política energética no tiene un alcance
sectorial, sino estructural; y es en el momento actual, el principal soporte de
la soberanía de la Nación, no sólo económica, sino también política y militar,
por las siguientes razones:
1.
La renta petrolera es el principal sustento
del gasto público (entre 35% y 40% del presupuesto de egresos de la
Federación);
2.
El 99% de las reservas del Banco de México las
aporta PEMEX;
Las
exportaciones de crudo compensan aún, y no totalmente, el déficit comercial
sistémico, de una economía política que ha convertido a México en una potencia
importadora y no exportadora.
Sin
política energética nacional, México dejará de ser, de manera necesaria, una
Nación independiente capaz de satisfacer las necesidades de su población con
sus propios medios.
La
política energética nacional es la columna vertebral del desarrollo de México
en el siglo XXI, por lo que, los trabajadores integrados en la UNT,
consideramos que debe tener los siguientes objetivos estratégicos de corto,
mediano y largo plazo:
1.
Tener soberanía energética, es decir, disponer
sobre la base de nuestras propias capacidades, recursos y organismos públicos,
de las fuentes de energía requeridas por la sociedad mexicana para su propio
desarrollo.
2.
Sustentar la soberanía energética en los
organismos públicos que establece la Constitución y suprimir los contratos por
los cuales se ha cedido la realización de sus actividades sustantivas a
empresas privadas, principalmente de inversión extranjera.
3.
Utilizar
los recursos naturales de la Nación, exclusivamente para el desarrollo
integral de México y no para la seguridad energética de los Estados Unidos de
América.
4.
Reintegrar a PEMEX y coordinar sus actividades
con la CFE, en el marco de una política energética nacional integral.
5.
Liberar a PEMEX y a la CFE de las deudas que
les han sido impuestas por la SCHP para compensar las finanzas públicas, y
otorgarles los recursos de inversión propios que requieran para el desempeño de
sus responsabilidades, en el marco de la política energética nacional aquí
propuesta. Modificar el régimen fiscal de PEMEX.
6.
Crear un conglomerado nacional de
instituciones científicas y desarrollo tecnológico, que trabajen
coordinadamente para realizar a la escala y velocidad necesarias, la base
científica, tecnologías, procesos productivos, ingenierías, consultorías y
procesos de innovación, requeridos por la política energética nacional, sobre
la base del financiamiento y coordinación de esfuerzos de los organismos
públicos del sector (IMP, IIE, ININ, entre otros), con las actividades de las
instituciones nacionales de educación superior e investigación.
7.
Disponer de la renta petrolera como patrimonio
estratégico escaso, no renovable, para el desarrollo de México; destinarlo
principalmente al ahorro, la inversión y para compensar desigualdades
regionales y sociales del país.
8.
Suprimir la exportación de petróleo crudo y la
importación de refinados, gasolinas, gas y petroquímica, en un plazo urgente,
mediante inversiones aceleradas que sean ejecutadas por los organismos del
Estado y la participación que le corresponda a las empresas de capital nacional
proveedoras de bienes y servicios para las mismas.
9.
Sustentar en los recursos energéticos de la
Nación, el cambio de la política económica dominada por las corporaciones
globales, hacia el desarrollo del mercado interno.
10. Ser
soporte de la reindustrialización acelerada de México, mediante políticas de
fomento industrial que aumenten el crecimiento de la industria, sobre la base
preponderante de empresas de capital nacional.
11. La
Política energética nacional debe tener una visión sustentable de largo plazo,
por lo que incluirá energías renovables y no renovables.
12. Combatir
el saqueo por parte de funcionarios públicos, contratistas y la delincuencia
organizada de nuestros recursos energéticos que ha sido posible por la
corrupción, la impunidad y el desorden administrativo que hoy en día prevalecen
en PEMEX.
13. Desarrollar
el sistema de energías renovables sobre el impulso de la innovación tecnológica,
empresas y servicios prestados por organismos públicos y empresas de capital
nacional, que realicen las obras públicas, ingeniería civil, construcción,
desarrollo de tecnologías e innovación y consultoría; en energía solar, eólica,
geotermia, mareomotriz y nuclear.
14. Dar
uso racional a los hidrocarburos, mediante su transformación industrial y
aumento de valor agregado tecnológico-industrial, que reduzca su utilización
como energético.
15. Integración
de un sector industrial sustentado en empresas de capital nacional, para la
producción de la maquinaria, tecnologías de producción, proceso y control;
bienes de capital e insumos productivos; amparado en la reserva del Estado
mexicano para todo el sector energético, que está establecida en todos los
tratados internacionales de libre comercio.
16. Establecer
el marco jurídico e institucional que corresponda a los intereses nacionales, y
derogue las leyes anticonstitucionales, privatizadoras y extranjerizantes que
fueron aprobadas en 2008.
Para lograr lo
anterior, los trabajadores integrados en la Unión Nacional de Trabajadores,
proponemos;
I.
EN MATERIA PETROLERA
Diagnóstico de PEMEX
En el desarrollo de la industria petrolera y su
explotación en México, se consideran tres etapas:
En la
primera, desde el comienzo de esta industria los primeros alambiques y
refinerías fueron propiedad de extranjeros. Ya con Porfirio Díaz, se
legalizaron y otorgaron concesiones de explotación a compañías extranjeras que
llegaron a controlar 90% de los campos petroleros. Cometieron toda clase de
trampas en contra del marco legal, la hacienda pública y los intereses de los
trabajadores mexicanos. Como resultado del proceso revolucionario el principio
de soberanía nacional fue incorporada en la Constitución de 1917. Sin embargo, prácticamente no se aplicó en los hechos, ya
que las compañías extranjeras mantuvieron el control sobre el petróleo de
México y sus beneficios.
La
segunda, comenzó con la expropiación de 1938, cuando los trabajadores
petroleros exigieron el reconocimiento de su sindicato nacional y su contrato
colectivo único, logrando la unidad del pueblo y gobierno en contra del saqueo
y arrogancia de los inversionistas extranjeros.
La
explotación y comercialización petrolera por una empresa propiedad de la
Nación, favoreció el proceso interno de acumulación de capital mediante la
industrialización del país y la consolidación de la “iniciativa privada”; pero
también contribuyó a la creación de una burocracia política y sindical antidemocrática,
corrupta y derrochadora de los recursos petroleros, incapaz de elaborar una
propuesta de política que permitiera defender la industria y enfrentar la crisis económica y financiera
iniciada en los años 80.
La
tercera etapa inició con el gobierno de Miguel De la Madrid en 1982 (quien
impulsa el Neoliberalismo en el país) y continúa hasta hoy. La política
energética, y en particular la explotación de los hidrocarburos, ha consistido
esencialmente en la utilización de Petróleos Mexicanos,- organismo del Estado
responsable de su explotación,- como garantía de pagos de los
intereses de la deuda externa e interna a favor de la banca internacional,
durante la fase de ajuste estructural (1982-1994); y después como soporte
fiscal y de divisas del Estado, en una economía política tributaria y
dependiente, en la que las corporaciones globales, nacionales y extranjeras,
alcanzan tasas extraordinarias de acumulación en México, por la sistemática
reducción de sus aportaciones fiscales para el desarrollo nacional.
Los gobiernos
neoliberales establecieron deliberadamente durante los últimos treinta años una
política de dependencia energética, a través de la exportación acelerada de
petróleo crudo sin valor agregado; la utilización de la renta petrolera y de
los impuestos obtenidos para sustituir el vacío de aportación fiscal de las
corporaciones globales, nacionales y extranjeras; la utilización de las divisas
petroleras para compensar la balanza comercial y de pagos.
Las corporaciones
globales han sustituido al Estado en una parte importante de las actividades de
la industria petrolera que la Constitución reserva al Estado mexicano, y de
parte sustantiva de la generación de la energía eléctrica; por medio de un
sistema ilegal de privatización a través de modificaciones a leyes secundarias
y un sistema de contratos; que se corresponde con la sistemática desinversión
en infraestructura, refinación y petroquímica, que han conducido al país a una
situación de dependencia energética creciente y a la imposibilidad de utilizar
al sector energético para contribuir al financiamiento e impulsar otro
paradigma energético de desarrollo nacional.1[1]
Desde
que se llevó a cabo la división de Petróleos Mexicanos en Organismos
Subsidiarios, se produjeron la desarticulación de áreas estratégicas; la
interrupción o fragmentación de las cadenas productivas; la nociva imposición
de precios de transferencia entre subsidiarias en perjuicio fatal de la cadena
productiva con la pérdida de empleo a nivel nacional; la sustitución masiva de
personal capacitado por la contratación, también masiva, de empresas privadas
nacionales y extranjeras; la comercialización de productos con precios
indexados al mercado norteamericano y la multiplicación y superposición de
áreas administrativas, que en su conjunto han restringido la eficiencia y
eficacia de Petróleos Mexicanos como motor del desarrollo nacional.
Cada
organismo de Petróleos Mexicanos comenzó a desarrollar su “Plan de Negocios” en
forma separada de las demás y en descoordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en lugar de aplicar la planeación integral del sector y la
búsqueda del óptimo balance
energético nacional. Lo que el gobierno de los últimos 25 años ha querido y
conseguido, es convertir al país en proveedor de petróleo crudo a Estados
Unidos e importador creciente de gas, petrolíferos, petroquímicos y químicos,
al grado de que hoy día la balanza comercial nacional (pública y privada) de
productos petrolíferos tiende a ser negativa.
Consideramos necesario
cambiar la actual política de depredación del sector y aprovechar las condiciones naturales del país
para reforzar la planta industrial de Petróleos Mexicanos, la única
preocupación actual del gobierno es cómo lograr esa privatización sin perder
sus ingresos fiscales. Por eso, el gobierno está preparando una reforma
fiscal agresiva a la población en general, no para reinvertir en el mejor
negocio de los mexicanos (la energía), sino para poderlo privatizar sin
problema. Hace tiempo que la contribución tributaria de la empresa ha
permitido consentir fiscalmente a grandes capitales nacionales y extranjeros,
los únicos que no serán afectados por la reforma de impuestos que viene.
En cuanto a la actual
fuerza de trabajo de Petróleos Mexicanos, su destino parece ser el desempleo o
la recontratación, en combinación con la reciente reforma laboral a condiciones
contractuales de alta explotación.
Todos los países
petroleros del mundo, incluido Estados Unidos, defienden su soberanía
energética. Sólo en México se sigue la tendencia contraria, profundizando
incluso los errores que otras naciones ya están corrigiendo.
Nosotros sí queremos fortalecer y modernizar a Petróleos
Mexicanos, pero con nuestra experiencia y los recursos humanos disponibles en
nuestro País. Para nosotros, fortalecer a Petróleos Mexicanos; no es ceder
concesiones y contratos a empresas privadas trasnacionales, ni despedir a los
técnicos y profesionistas como en estos momentos se hace, sino tener una
planeación a corto, mediano y largo plazo. La competitividad nacional, a
diferencia de la empresarial, la entendemos como la capacidad de la economía
mexicana para producir bienes y servicios de alta calidad, a precios iguales o
menores a los de otras naciones, mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología
y la innovación, la formación y capacitación de los trabajadores, la eficiencia
empresarial y de las instituciones públicas, que permite elevar la
productividad del trabajo humano en una relación sustentable con la naturaleza,
en las que se involucran a las comunidades afectadas y congruente con el
respeto irrestricto a los derechos laborales.
Nuestra
posición también parte de la siguiente convicción: El sector energético
puede y debe ser el motor de la reindustrialización de México en el Siglo XXI,
ello perfila a Petróleos Mexicanos como la columna vertebral de una amplia
cadena productiva del País; educación y cultura, investigación y desarrollo
tecnológico, servicios y estudios diversos, diseño y construcción de
herramientas tecnológicas, plantas e infraestructura,
comercialización, sustentabilidad ambiental, etc.
Propuesta alternativa, en el
marco de una política energética soberana:
1.
El desarrollo económico y social nacional, prioridad del
reparto de la renta petrolera
Ø Restablecer la legalidad constitucional y detener la
transferencia de operaciones y renta petrolera al sector privado.
Ø Derogar las reformas y adiciones a la Ley
reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y hacer una revisión a fondo, a la
Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento para realinearla al mandato
constitucional
Ø Cancelar los Contratos de Servicios Múltiples,
“ampliados”, “autofinanciables” o “integrales” y todo tipo de convenio que
autorice a particulares realizar actividades reservadas al Estado.
Ø Asegurar que Petróleos Mexicanos conserve una parte
sustancial de los ingresos que genera para financiar proyectos estratégicos en
exploración, producción y transformación industrial.
Ø Asignar en forma directa y prioritaria una parte de
la recaudación petrolera a la infraestructura en investigación y desarrollo
tecnológico.
Ø Realizar una reforma fiscal que realmente
despetrolice el presupuesto federal, sobre la base de quitar los privilegios al
capital nacional y transnacional en materia fiscal, de ampliar el padrón de
contribuyentes y aplicar de manera eficaz las actuales tasas impositivas.
Ø Considerar el consumo doméstico de gas LP o gas
natural como parte de la canasta básica.
Ø
Emprender o en su
caso, ampliar programas en las comunidades asentadas en zonas petroleras que
las conduzcan a obtener y aplicar con justicia social los beneficios de la
riqueza petrolera y constituir e implantar el funcionamiento de Consejos
Comunitarios que impulsen y sancionen los avances de un Plan para la
seguridad y operación sin Riesgos de la Industria Petrolera y con desarrollo
comunitario en Zonas Petroleras.
Ø Suspender los aumentos de precios a las gasolinas y
diesel que periódicamente se realizan, en nuestro país como impuesto
disfrazado, pues actualmente las gasolinas son más baratas en USA que en
México, por lo que no se justifica.
2.
Seguridad y soberanía energética nacional, prioridades de
la planeación a corto, y largo plazos.
Ø Establecer una nueva relación entre el Estado y
Petróleos Mexicanos, donde el primero establezca como mandato la orientación y
objetivos de la política energética, para ello el segundo contará con plena
libertad operativa para la ejecución eficaz y eficiente de dicha orientación.
Ø Asegurar la coordinación entre Petróleos Mexicanos y
Comisión Federal de Electricidad para alcanzar el balance óptimo energético
nacional; ambas instituciones apoyadas con el desarrollo de nuevos proyectos
preparados en forma conjunta por UNAM, IPN, IMP, IIE, ININ, PEMEX y CFE
Ø Mantener, sin aumentar en el corto plazo, las
exportaciones de petróleo crudo, sobre la base de evitar la sobreexplotación de
yacimientos y generar divisas para financiar los proyectos de desarrollo
nacional, priorizando siempre entregar al sistema de refinación, el petróleo
crudo necesario para que trabaje al 100% su capacidad instalada. (1,690,000
bls./día);
Ø Modificar en el corto plazo los precios
interorganismos de las filiales de Petróleos Mexicanos, con base en sus costos
reales de producción, a fin de aprovechar las ventajas comparativas del país,
propiciar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos como exportador de
productos procesados y de las cadenas productivas necesarias para este fin.
Ø Priorizar la formación de expertos mexicanos en
exploración y explotación en aguas profundas.
Ø Rechazar el mecanismo de bonos, dado que tarde o
temprano los mismos (al igual que en el caso de una apertura del capital en la
Bolsa) quedarán concentrados en pocas manos.
3.
Fortalecer el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para
lograr el desarrollo tecnológico de PEMEX.
Ø Realizar esfuerzos tecnológicos de largo plazo para
asegurar la competitividad de los productos procesados, así como para
desarrollar tecnología ambientalmente sustentable. La responsabilidad será de
Petróleos Mexicanos y el proveedor prioritario para este fin, el IMP
Ø Sacar de la lógica de la mercantilización de la
investigación y del desarrollo a la labor del Instituto Mexicano del Petróleo y
reorientarlas según el carácter estratégico de la industria petrolera, por lo
que deberá estar 100% dedicado a la investigación básica y aplicada al servicio
de Petróleos Mexicanos, con recursos públicos.
En las adquisiciones de
tecnología, Petróleos Mexicanos deberá priorizar al IMP frente a terceros y
solo acudir a estos en función de las recomendaciones del propio IMP.
En cuanto a terceros, deberá
priorizar a proveedores nacionales por encima de extranjeros. Esto deberá ser
rigurosamente auditado. Si esto encuentra límites de cualquier tipo por la
aplicación del TLCAN, el Estado deberá evaluar de forma prioritaria la revisión
de tal tratado. Solo de este modo se podrá recuperar lo expresado en el
decreto, vigente, de la constitución del IMP: “Este Organismo tiene por objeto
la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por las industrias
petrolera, petroquímica y química”
Ø Las pruebas de escalamiento de tecnologías deberán
ser dirigidas ya sea por Petróleos Mexicanos o por el IMP, según convenga en
cada caso.
Ø Asimismo, la comercialización de productos,
proyectos y servicios no deberá en ningún caso distraer al IMP de sus responsabilidades,
y ésta deberá, al igual que la docencia, ser una actividad secundaria y sólo en
función del crecimiento teórico-práctico del conocimiento de la propia
institución. Tal medida requerirá dar marcha atrás parcialmente a las reformas
al decreto del IMP implantadas en 2001.
4.
Explotar y transformar en forma racional y eficiente los
hidrocarburos
Ø Explotar en forma racional y eficiente cuencas y
yacimientos petrolíferos y gasíferos, aplicando de manera sistemática técnicas
de recuperación secundaria y mejorada
Ø Condicionar las cuotas de extracción de crudo,
especialmente para exportación, a la obtención de la máxima recuperación de
hidrocarburos.
Ø Desarrollar un programa intensivo de exploración
para renovar reservas y sostener la producción petrolera y de gas natural,
asegurando la reposición de reservas a un mínimo de 20 años.
Ø Modificar las atribuciones de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos para fortalecer la fiscalización de proyectos estratégicos
evitando en todo momento su utilización para avalar proyectos contrarios a la
soberanía energética de la nación.
Ø Suspender inmediatamente la inyección de nitrógeno
en Cantarell, y Jujo - Tecominoacán y eliminar esta práctica de forma
definitiva, pues el daño que ha ocasionado es inconmensurable.
Ø Priorizar la metódica exploración de prospectos en
tierra y aguas someras antes de ir a aguas profundas. Éstas últimas, Petróleos
Mexicanos las debe contemplar en un escenario de mediano y largo plazo, en el
cual tiene tiempo suficiente para prepararse de la mejor manera y no ir
precipitadamente en condiciones desventajosas para México, ya que proponer ir
“acompañados” por compañías petroleras extranjeras, mediante “contratos de
riesgo”, de obra pública “ampliados” o “incentivados” o “autofinanciables”, o
como se les quiera llamar, significarán compartir la renta petrolera propiedad
de la Nación de manera innecesaria.
Ø Gas de lutitas, avanzar en su exploración y
cuantificación de reservas, pero no explotarlo hasta que existan tecnologías
que sean ambientalmente sustentables.
Ø En Refinación, llevar a cabo las acciones necesarias
para que el Sistema Nacional de
Refinación esté en condiciones de utilizar a plenitud su capacidad de
refinación atmosférica instalada, lo que permitirá reducir en el corto plazo la
importación de gasolinas e incrementar la disponibilidad de combustóleo para la
Comisión Federal de Electricidad, junto con la adecuada instalación de sistemas
anticontaminantes en las plantas termoeléctricas.
Ø Priorizar el avance de la Refinería Bicentenario y
reorientar la inversión para construir 3 nuevas refinerías, lo que permitirá
alcanzar la autosuficiencia en productos petrolíferos.
Ø Condicionar todo aumento de volumen de exportación
de petróleo crudo a la obtención y manutención de una relación reservas probadas/producción
igual o superior a 20 años y a que la demanda del mercado interno esté cubierta
con refinados producidos en el país.
Ø En Gas natural: reducir su uso como combustible,
utilizándolo en el desarrollo de cadenas productivas que generen mayor valor
agregado.
Ø Cancelar los Contratos de Servicios Múltiples para
explotación de gas en la Cuenca de Burgos por innecesarios, incosteables e
inconstitucionales.
Ø Cancelar los Contratos Integrales de Exploración y
Producción en campos maduros, Chicontepec y aguas profundas, porque entregan la
renta petrolera a las trasnacionales violando la Constitución.
Ø Cancelar la explotación de Chicontepec, por su
incosteabilidad, hasta que se desarrolle una tecnología que lo haga viable
económicamente.
Ø Suministrar gas y condensados requeridos para la
plena operación de las plantas de PEMEX Petroquímica y reactivar las cadenas
productivas regionales.
Ø Modificar la ley reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el ramo del petróleo para revertir la privatización y monopolio
en manos de extranjeros del transporte, almacenamiento, distribución y comercio
de gas natural.
Ø En Petroquímica, mantener la propiedad nacional
sobre la industria petroquímica, para restituir la responsabilidad exclusiva de
Petróleos Mexicanos en la producción y transformación de los hidrocarburos en
petroquímicos.
Ø Modificar la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional
y restaurar la anterior clasificación de productos petroquímicos, con base a
criterios técnicos y a su importancia estratégica, para el desarrollo
competitivo de cadenas productivas, dejando de lado los criterios políticos
utilizados para justificar las fracasadas privatizaciones.
Ø Orientar la inversión para reactivar la producción
en los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos, así como para realizar
las ampliaciones requeridas de acuerdo a la demanda interna de petroquímicos.
Ø Cancelar el arrendamiento, la administración y la
comercialización de los productos petroquímicos elaborados en el Complejo
Petroquímico Pajaritos a la empresa privada Mexichem, mismos que le fueron
cedidos por funcionarios que excedieron sus facultades legales al arrendar un
BIEN PROPIEDAD DE LA NACIÓN.
Ø Reactivar las cadenas petroquímicas de Petróleos
Mexicanos que surgen del metano y los licuables (etano, propano y butano).
Ø En Transporte de hidrocarburos, Aplicar un Plan de
Emergencia para la Seguridad y Operación Sin Riesgos que garantice el diseño,
la construcción y la operación óptima de las instalaciones y sistemas de
transporte en ductos terrestres críticos y de mayor riesgo para la población,
la infraestructura petrolera, la economía nacional y el medio ambiente.
Ø Desarrollar una política que privilegie la
transportación por ducto de los hidrocarburos, por ser económicamente más
rentable y seguro.
Ø Fortalecer por parte del gobierno, la estrategia
para el combate al robo de petróleo crudo y petrolífero, para eliminar e
impedir que se continúe con esta práctica, que representa un grave daño
económico a la empresa.
Ø Reconstrucción de la flota marítima de Petróleos
Mexicanos para el transporte de crudo y productos refinados
5.
Administrar con autonomía, eficiencia, transparencia y
sustentabilidad
Ø Reconvertir a la paraestatal en una sola empresa
integrada.
Ø Simplificar y transparentar los procesos
administrativos, principalmente los de adquisiciones y contratación de obras y
servicios.
Debe revalorarse la exigencia de autonomía de
gestión, utilizada actualmente con intención privatizadora. La propuesta de la
UNT contempla en cambio, la toma de decisiones en función del desarrollo de la
industria petrolera, una minuciosa revisión de los límites entre autonomía y
responsabilidad ante los mexicanos, que se refleje en una relación entre
Petróleos Mexicanos y sus órganos reguladores. En transparencia, asegurar una
adecuada rendición de cuentas a la sociedad y plena transparencia en la
administración de Petróleos Mexicanos.
Ø Realizar todas las actividades de comercialización a
nivel nacional e internacional de forma directa y transparente por Petróleos
Mexicanos, por lo que el “holding” de empresas PMI Comercio Internacional, S.A.
de C.V., deberá reconfigurarse para ser directamente dependiente del organismo
de comercialización que se establezca, o ser sustituido de acuerdo a los
requerimientos de transparencia y rendición de cuentas ineludibles.
Ø Integrar representantes de la UNTyPP al Consejo de
Administración de la empresa o, en su caso, a un Consejo Técnico-Administrativo
de Vigilancia al Desarrollo y Operación de Petróleos Mexicanos.
Ø Desarrollar una estrategia de participación
ciudadana, bajo figuras como la de un Consejo Consultivo, una Comisión
Ciudadana de Observación u otras, que incluya especialistas en la materia
(investigadores, académicos, etc.)
6.
Operar la industria petrolera con seguridad y respeto al
ambiente y a las Comunidades
Ø Fortalecer los programas dirigidos a mantener
niveles óptimos de seguridad en las operaciones y procesos industriales.
Ø Asegurar que todos los trabajos que desarrolle
Petróleos Mexicanos se ajusten a la normatividad de seguridad industrial y
protección ambiental.
Ø Asumir la deuda ambiental con las comunidades de
zonas petroleras, particularmente enfermedades y contaminación de suelo,
subsuelo y mantos acuíferos.
Ø Condicionar las expropiaciones para fines de
explotación petrolera a su pleno acuerdo y aceptación, verificable por
procedimiento de consultas legalmente validadas, a cambio de otros beneficios a
los afectados. Para tal efecto deberá contarse con los mecanismos de
verificación y sanción necesarios.
7.
Respeto irrestricto a los derechos humanos laborales.
Ø Petróleos mexicanos debe respetar los derechos
laborales de los trabajadores establecidos en los convenios internacionales y
las leyes laborales del país, principalmente los derechos de asociación y
libertad sindical de todos los trabajadores.
Ø Cesar la intimidación a trabajadores que luchan por
ejercer su derecho de asociación, por democratizar su sindicato y/o por
defender la industria petrolera.
Ø Cumplir el ejercicio transparente y sin condiciones
de las prestaciones contractuales.
Ø Incluir en los CCT un apartado en el cual se
salvaguarden los derechos de los trabajadores transitorios.
Ø Denunciar y castigar de manera ejemplar a
representantes de la empresa, sindicatos y autoridades laborales involucradas
en sobornos o procedimientos dirigidos a perjudicar al trabajador o a la
empresa.
Ø Garantizar programas de capacitación continua a
todos los niveles, con atención especial a las necesidades de corto plazo como
pudieran ser las perforaciones en aguas profundas y la construcción de nuevas
refinerías.
Ø Aplicar la normatividad en seguridad e higiene y
salud en el trabajo para garantizar la vida y la salud de los trabajadores.
Ø Implementar programas de evaluación de la salud
ocupacional, que incluyan el acondicionamiento de la infraestructura y medios
de trabajo; el fomento de buenas prácticas para prevenir enfermedades
ocupacionales.
Ø Aprovechar la experiencia y acervo de los
trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos, en la capacitación de las nuevas
generaciones, la elaboración de proyectos de ingeniería o construcción de obras
y para proporcionar servicios a la industria y a las comunidades petroleras.
8.
Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos. La
energía como un derecho de la humanidad.
Ø Cancelar la participación de México en la Asociación
para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a fin de romper
con los vicios de la política petrolera actual que subordinan a México a los
intereses de los Estados Unidos. Impulsar la integración energética con los
países latinoamericanos.
Ø Cancelar
el alineamiento de Petróleos Mexicanos a las exigencias de los Organismos
financieros internacionales.
TRANSICION
ENERGETICA
II. En materia de la
energía nuclear
Entre los grandes
problemas que enfrenta México, está lo relacionado con la generación de
energía; el desarrollo nacional la requiere en cantidades crecientes. Sin
embargo, la contaminación producida por la quema de hidrocarburos para producir
electricidad y el cada vez más cercano agotamiento de estos o al menos, las
condiciones más difíciles para tener acceso a ellos, obligan a buscar
alternativas viables.
A ello hay que
agregar que la producción de electricidad depende en parte de combustible que
se debe importar, al tiempo que se desperdician grandes cantidades de gas.
Además, la combustión de hidrocarburos, no es la mejor forma de sacarles
provecho, ya que se pueden utilizar como materia prima en la producción de
múltiples materiales y productos, logrando valores agregados más altos.
Los
problemas ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero que
resultan, entre otras cosas, por la quema de combustible fósil para la
producción de electricidad hicieron que el gobierno mexicano se comprometiera a
que en 2024 el país generaría el 35% de su electricidad a partir de energías no
fósiles, es decir energías limpias, como es el caso de la eólica, la solar, la
geotermia, la mareomotriz, la hidroeléctrica y la nuclear.
Por ello, se debe
ampliar en todas las posibilidades el portafolio energético, a fin de hacer un
uso adecuado de todas las fuentes primarias de producción de energía. La
energía nuclear es una de ellas, una opción real para
cubrir las demandas energéticas y ambientales que no sólo México requiere, sino
el mundo entero.
Energía Nuclear
La
energía nuclear genera alrededor del 13% de la electricidad del mundo por medio
de 435 reactores nucleares construidos en más de 30 países. Por medio de la
energía nuclear es posible generar electricidad de manera continua durante
meses sin interrupción (electricidad de carga base). Esto se consigue debido a
que el combustible es altamente energético. Una pastilla de dióxido de uranio
contiene tanta energía como 480 m3 de gas natural, 807 kilogramos de
carbón o 149 galones de petróleo.
Debido a
esto, el uso de plantas nucleares para generar electricidad implica amplios
beneficios ambientales. Como ejemplo, entre 1990 y 2011 los reactores nucleares
en operación evitaron la emisión a la atmósfera del orden de 27 mil 900
millones de toneladas de CO2 que se hubieran emitido si se hubieran usado
centrales eléctricas que queman combustibles fósiles como el carbón, petróleo,
gas natural, combustóleo y diesel para cubrir la demanda energética.
En el
marco nacional, desde 1990 y 1995 operan comercialmente las dos unidades de la
Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), con las que se ha evitado la emisión a la
atmósfera de 90 millones 193 mil toneladas de CO2. Las dos unidades generan
alrededor del 5% de la energía eléctrica del país.
En la
actualidad, 15 países tienen en construcción 67 centrales, además se planea en
7 naciones la instalación de otros 114 reactores. Países como Brasil y
Argentina tienen reactores en construcción y planeados, sin embargo los países
con economías emergentes como China e India, tienen planes mucho más ambiciosos
que incluyen la construcción de decenas de reactores en los próximos años.
Esta es
una llamada de atención para México en donde la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV)
ha operado durante años de forma eficiente produciendo la energía eléctrica más
barata en el país después de la producida por las plantas geotérmicas. Es
necesaria una transición energética con miras a una expansión de un programa
nuclear para cubrir la demanda energética con una cantidad significativa de
energías limpias, como incluso la propia Estrategia Nacional de Energía
considera.
El inicio
de la expansión nuclear debería ser la construcción de al menos dos nuevos
reactores nucleares en la CNLV, la cual cuenta con los estudios de sitio y el
espacio necesario para soportarlos.
Además de
las ventajas ambientales de la energía nuclear en cuanto a emisión de gases
contaminantes, se debe destacar la estabilidad en el costo de su combustible y
el bajo impacto del mismo en el costo de generación.
Impacto del
aumento en el precio del combustible.
El costo
de generación de energía eléctrica con combustible nuclear es comparativamente
más económico que el Carbón y Gas.
Como ya
se mencionó, dada la naturaleza altamente energética del combustible nuclear,
las plantas nucleares pueden operar de manera continua durante meses, lo cual
constituye una de las mayores ventajas para mantener la carga base (energía
eléctrica generada de manera constante) y poder cubrir la demanda energética.
En el
caso de las energías renovables, su naturaleza intermitente les impide ser
tomadas en cuenta como generadoras de carga base, por lo que deben ser
consideradas para cubrir la demanda pico.
Finalmente
cabe destacar que la operación de una planta nuclear implica una mayor cantidad
de empleos comparada con las otras plantas, ya que por cada 1000 MW instalados,
se crean al menos 500 empleos.
Compromiso 35-24
En México
existe el compromiso en la estrategia nacional que para el 2024 se tenga el 35%
de la generación de energía eléctrica por medio de energías limpias, es decir,
energías que no queman combustible fósil, como es el caso de la nuclear, la
hidráulica y las renovables. La pregunta en este punto es: ¿Es posible alcanzar
el 35% sin considerar la construcción de nuevos reactores nucleares?
Para
contestar dicha pregunta es necesario traer a discusión el caso de Alemania. En
Alemania existe una meta similar, el objetivo es generar el 35% de su energía
eléctrica en el 2020 usando únicamente energías renovables (actualmente genera
el 20%). Alemania es el país que más dinero invierte en el mundo en tecnología
e investigación en energías renovables. En 8 años se planean inversiones
equivalentes a entre 3.5 y 7% de su PIB del 2011 (alrededor de 250 billones de
dólares) para subir los 15 puntos porcentuales que le hacen falta para alcanzar
su meta.
En México
en la actualidad se genera aproximadamente el 15% de electricidad por medio de
energías limpias (nuclear, hidráulica y renovables) esto quiere decir que en 11
años deberíamos aumentar el uso de energías limpias en 20%. Si se decidiera
enfocar el esfuerzo a conseguirlo por medio de únicamente energías renovables
como es el caso de Alemania, nos implicaría una inversión similar a la de
Alemania, incluso mayor tomando en cuenta el grado de desarrollo actual. Esto
implica, que en México es prácticamente imposible alcanzar la meta del 35%
utilizando única y exclusivamente energías renovables, por lo tanto es
necesario que México incluya una expansión de la energía nuclear en el
portafolio energético nacional y de esta manera contribuir a los esfuerzos
mundiales para frenar el cambio climático.
La definición de un programa nuclear
La
Estrategia Nacional de Energía 2013-2024 considera un plan de acción para
definir el alcance de un programa nuclear si se opta por ampliar la capacidad
nuclear en México. Se menciona que la experiencia de México en la operación de
la CNLV permitiría realizar exitosamente un programa nuclear que contemple la
construcción de otras centrales nucleoeléctricas. Además se debe tomar en
cuenta que la CNLV cuenta con capacidad de expansión, por lo que se podrían
aprovechar los beneficios económicos de aplicar economías de escala y además
favorecer el desarrollo de la industria nacional.
Se
menciona que el país cuenta con recursos humanos suficientes para tal efecto,
cuya formación continua se deberá fortalecer de forma que se aproveche la
experiencia de quienes actualmente están activos y se garantice la continuidad
de un programa nuclear a mediano y largo plazo. Concluyendo que con la
experiencia actual, los recursos humanos y los marcos legales y normativos
existentes, es viable la expansión de la capacidad nucleoeléctrica en el país.
Si bien
es cierto que se cuenta con recursos humanos suficientes, también es cierto que
todo programa de expansión implica esfuerzos adicionales sobre todo en la parte
de formación de recursos humanos y modernización de instalaciones y equipos de
trabajo de los centros dedicados a la educación superior e investigación
relacionada con el campo nuclear, en particular el ININ.
Capacidades del ININ
En el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se cuenta con profesionistas e
investigadores capaces de soportar la expansión nuclear propuesta en la ENE.
Sin embargo el promedio de edad del personal que labora en el Instituto es alto
y adicionalmente existe un hueco generacional producto de los recortes
presupuestales y a que no se han creado las suficientes plazas para incluir
personal joven y bien capacitado.
Las
líneas de investigación del instituto, en el aspecto energético, están enfocadas
en varios aspectos clave para la construcción y operación de un reactor
nuclear. La experiencia de los trabajadores del ININ, afiliados al SUTIN,
incluye desde la realización de estudios de factibilidad para evaluar las
nuevas tecnologías disponibles, así como análisis de transitorios necesarios
para el proceso de licenciamiento. Además se realizan estudios y cálculos para
eficientar el diseño de ciclos de operación de la planta así como la vigilancia
de los materiales sometidos a radiaciones. La gestión de desechos nucleares es
también una rama de investigación muy importante en el ININ.
Cabe destacar que en 1996 el ININ entregó a la CFE 4 ensambles de
combustible para la CNLV fabricados en la Planta Mexicana de Fabricación de
Combustible Nuclear que operó en el ININ de 1980 a 1996 y que no obstante que
empezaba a dar frutos, fue cerrada por razones políticas y/o económicas. Un
programa nuclear debe considerar la reapertura de la planta.
También se deben considerar en un programa nuclear, la asignación
al ININ de las funciones que tenía encomendadas Uranio Mexicano hasta su
desaparición, relacionadas con el Ciclo del Combustible nuclear.
Otras caras de la energía nuclear
La generación de
electricidad no es la única forma en que la energía nuclear puede contribuir a
la solución de problemas nacionales. Existen una gran cantidad de aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear en áreas como la salud, la preservación del
medio ambiente, diversos procesos industriales y la agricultura. La puesta en
marcha de un programa nuclear debe servir también para apoyar estas
actividades.
Entre las actividades
que ya se desarrollan en el ININ y que
podrían recibir un impulso con un programa nuclear nacional, podemos mencionar
solo como algunos ejemplos las siguientes:
Aplicaciones en salud
- Planta
de producción de radiofármacos
·
Banco de tejidos radioesterilizados
·
Polímeros sintetizados por plasma para tratamiento de lesiones de médula
espinal
·
Dosimetría biológica
·
Metrología
Sector agrícola y alimentario
·
Mejoramiento por Irradiación de semillas
mejoradas de papa, haba, triticale, sorgo, y ajo entre otras.
·
Mejoramiento de
variedades de soya, aguacate, fresa, chile, cebada, cártamo, papaya y
limón; en floricultura se han mejorado
variedades de rosas, clavel, orquídeas, margaritas, orquídeas y tigridias.
rescate de una cactácea mexicana endémica del D.F. mamallaria
San Angelensis e inducir variabilidad en una especie de Agave
tequilero, para evitar su extinción debido al conocido sida del tequila.
Aplicaciones
tecnológicas
- Irradiador
Gamma. Usado para esterilización de productos desechables, alimentos,
cosméticos, uso médico e industrial.
·
Instrumentación y electrónica. Desarrollo de sistemas electrónicos para la Central
Nuclear de Laguna Verde (CNLV) en Verificación de Detectores Nucleares,
Monitoreo de Efluentes Gaseosos, Monitoreo de Radiación de Procesos, Desarrollo
de tarjetas electrónicas para el sistema de control electro-hidráulico de las
turbo bombas de la CNLV, alargando la vida útil de este sistema y la Red
Nacional de Monitoreo Radiológico Ambiental Gamma y el desarrollo del Medidor
de Radiación basado en un dispositivo Smart Phone.
·
Laboratorio
de detectores de radiación en el ININ,
único en su tipo en México y en Latinoamérica, reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) como Centro de Entrenamiento sobre Detectores Nucleares y Electrónica
Analógica para América Latina y el Caribe.
·
Calificación de
equipo en el ININ
·
Trazadores Radiactivos
La investigación básica en
el ININ contempla las siguientes áreas
- Física
·
Química
·
Sistemas nucleares
·
Estudios del ambiente
·
Estudio de materiales
·
Aplicaciones de la radiación en biología.
Más de energía
En el ININ se
desarrollan proyectos relacionados con el hidrógeno en la búsqueda de nuevos
materiales que puedan ser utilizados tanto para la producción de hidrógeno,
celdas de combustible, como para su almacenamiento. La importancia que el
hidrógeno con sus características es uno de lo más viable para sustituir a los
combustibles convencionales.
En cuanto a los desechos radiactivos,
el ININ cuenta con una Planta de Tratamiento de Desechos
Radioactivos y un Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos, que atiende
las necesidades de los sectores salud, industria e investigación y desde 2009,
el ININ cuenta con el único Laboratorio de Desechos Radiactivos en México, en
donde se desarrollar trabajos de investigación y desarrollo tecnológico
relacionados con todas las etapas de la gestión de los desechos radiactivos:
caracterización, pre-tratamiento, tratamiento, acondicionamiento y
almacenamiento.
II. En materia de Electricidad
Breve
diagnóstico y propuestas
En
el actual debate energético en la parte oficial (PRI PAN) hay una total
ausencia de visión de largo plazo, ya que cualquier propuesta de reforma
debería darse en el marco una POLÍTICA ENERGÉTICA INTEGRAL. Una política tal
que permita PLANEAR A LARGO PLAZO CON UN SENTIDO SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD
ENERGÉTICA NACIONAL, estableciendo el inventario de recursos energéticos
nacionales, orientado al mayor y mejor desarrollo económico, social y cultural
de la Nación.
En
México no se puede desligar la planeación petrolera de la eléctrica, ya que el
70% de los costos de la CFE son por la
compra de energéticos primarios fósiles y por la compra a extranjeros de
energía derivada de la quema de gas.
Padecemos
una escasa diversificación de fuentes de energía, hay una participación alta y
creciente del gas natural (en buena parte importado) lo que expone la seguridad
energética nacional, así como un bajísimo aprovechamiento de las fuentes de
energía renovables potenciales existentes en nuestro país.
Al
igual que PEMEX vivimos un permanente desmantelamiento de las capacidades
productivas de la CFE. Una muy importante parte de su parque de generación está
injustificadamente parada, para darles preferencia a los productores privados
que exigen cada vez una mejor posición en el negocio. Igualmente se tiene
programado desmantelar más de la cuarta parte de su capacidad instalada de CFE
en los próximos 10 años, mientras sólo se autorizan plantas nuevas de
generación para los privados, extranjeros todos ellos. Esto eleva los costos y
hace que tengamos una sobreinversión que se paga en las tarifas.
Hay
entonces una creciente privatización y extranjerización de la generación de
electricidad para el servicio público mediante las figuras de productores
independientes y las llamadas sociedades de autoabastecimiento.
Un
simple ejercicio de memoria colectiva, nos permitiría recordar que en 1960 se
nacionalizó la industria por la ausencia de inversión extranjera y las altas
tarifas. La nacionalización abre una etapa que dispara su desarrollo y modifica
su orientación en beneficio de las mayorías y atiende a las necesidades del
desarrollo económico y social.
A lo
anterior hay que agregar la aberración que significó en 2008 la aprobación de
la LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, en la
cual se abandona por el Estado y por lo tanto para CFE, su responsabilidad en el desarrollo,
investigación y aprovechamiento de las energías renovables para entrar en un
régimen de subsidiar a las firmas privadas, quienes serán de ahora en adelante
las que explotarán esos recursos con una visión de negocio, alejada de la letra
y el espíritu constitucionales.
POR LO QUE PROPONEMOS EN
RELACIÓN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA:
·
Revertir con la
privatización de la industria eléctrica nacionalizada. No más generación
privada anticonstitucional para el servicio público.
· Impulsar
la cogeneración de electricidad de CFE con PEMEX y de la industria nacional.
· Optimizar
la matriz de energéticos para generar electricidad, que fortalezca nuestra
seguridad energética, con los mejores precios de dicha generación y con el
cuidado del medio ambiente. Analizar el
uso del combustóleo y el carbón nacionales con tecnologías limpias, para
fortalecer la generación del parque de la CFE. Aprovechar íntegramente
la infraestructura de generación de CFE, reconvirtiendo, rehabilitando y
modernizando su parque de generación,
para revertir la dependencia de la generación en manos de empresas privadas
trasnacionales
· Impulso desde la CFE
y su Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el diseño, construcción
y operación de plantas de generación con base en energías renovables y
alternas. Alto a la entrega a los privados y trasnacionales de nuestro futuro
energético renovable.
· Optimizar
y eficientar los procesos del servicio eléctrico público para alcanzar de este
modo tarifas competitivas a la economía y tarifas accesibles a los sectores
sociales que lo requieren, garantizando el derecho universal a la energía.
· Que
sea el Congreso el que decida el esquema de subsidios a los usuarios de bajos
recursos y en las zonas cálidas, y que dichos subsidios provengan de la
federación y no de la propia CFE, como hasta ahora.
· Rescate de las capacidades y tradiciones productivas
de los antiguos trabajadores, técnicos y administradores de Luz y Fuerza del
Centro, restituyéndoles plenamente sus derechos laborales.
·
Rescate de la capacidad soberana del estado
mexicano para establecer la estrategia en materia eléctrica que más convenga al
país, que incluye la planificación en la electrificación, decidir los
energéticos empleados para generación eléctrica, la forma de construir nueva
infraestructura.
· Es necesario dar solución justa a la problemática
social que representan los 16,000 trabajadores electricistas que han quedado
sin empleo, como consecuencia de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del
Centro, además esa acción ha ocasionado graves deficiencias en la prestación del
servicio eléctrico en la zona centro.
· Sobre lo anterior coincidimos en la existencia de
dos alternativas, a) Creación de un nuevo organismo estatal para dar el
servicio eléctrico en la zona centro, que incorpore a dichos trabajadores b)
Que la CFE se asuma como patrón sustituto ante los mismos.
· Suspender
las licitaciones de centrales construidas bajo la figura productor
independiente.
· Suspender
la entrega de nuevos permisos que impliquen comercio ilegal de electricidad.
· Revisar
todos los permisos de autoabastecimiento, cogeneración y exportación, y
cancelar los que van más allá de la letra y espíritu de la ley y la
Constitución.
· Establecer
nuevos criterios en la planeación del sector que incluya la construcción de
centrales por parte de la CFE; amplia diversificación del parque de generación
y un fuerte impulso a las fuentes renovables de energía con metas precisas y
obligatorias a corto y mediano plazo.
· Crear
en una nueva Ley de Energías Renovables, la obligación del Estado de aprovechar
las energías renovables para el bien público sobre el interés privado.
· Crear
un capítulo social en el marco de esta nueva ley que obligue a la verdadera
consulta con los afectados por las obras de aprovechamiento solar, eólico, etc.
Ir más allá de una justa retribución y proponer involucrarlos en las plantas
que se construyan, desde como constructores, pasando por operadores y hasta
como copropietarios de ellas, junto con la CFE, en una nueva modalidad de
propiedad social en el caso de plantas menores a 30 MW.
· Obligar
a CFE al máximo aprovechamiento de sus recursos tecnológicos, humanos y
materiales, antes que seguir cediendo a privados sus actividades sustantivas,
esto incluye a los ex trabajadores de LFC.
· Fortalecer,
renovar y ampliar los trabajos del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS,
como el principal soporte científico y tecnológico de nuestra industria
eléctrica nacionalizada, abandonar la visión de que deben generar sus propios
ingresos, y proponer una fuerte vinculación con las universidades e
instituciones de educación superior públicas.
· Sanear
y hacer nuevamente solvente la operación de CFE.
· Asegurar
una coordinación obligatoria entre PEMEX y CFE para alcanzar el óptimo
nacional.
· Máximo
acceso a la información, transparencia y combate a la corrupción.
· Vigilancia
social de la CFE, desde las organizaciones de usuarios, el Congreso y la
obligación de los dirigentes del sindicato a consultar decisiones trascendentes
y rendir informes a sus agremiados respecto a su proceder en la junta de
gobierno de la CFE.
· Terminar
con las relaciones de represión y corrupción entre CFE-SUTERM que tienen atado
el potencial de los trabajadores electricistas.
IV.
En materia de las energías alternativas.
En
la Estrategia de Nacional de Energía 2013, presentada por el actual gobierno,
establece que “.. se tendrá que promover la conformación de una cartera de
proyectos suficiente y adecuada a partir de la incorporación de los costos
ambientales y el costo que representan las emisiones de carbono en función de
la meta. De acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y
el financiamiento de la Transición Energética, el sector eléctrico, deberá
ahora concentrarse en incorporar energías no fósiles en su cartera de fuentes
primarias de energía debiendo llegar a 35% de la generación con este tipo de
fuentes para el 2024.”
Cabe
mencionar que el programa sectorial de energía 2007-2012, de la SENER,
considera que la irradiación solar global en México tiene una capacidad para
garantizar el abastecimiento que requeriría un día todo el país con dos
desiertos de los estados de Sonora y Chihuahua, por lo que, el potencial de
ésta energía se puede considerar prácticamente infinita.
Sobre
la generación hidroeléctrica, la SENER considera que la Comisión Federal de
Electricidad ha identificado el potencial hidroeléctrico en sitios con una
potencia media mayor a 5MW, desarrollando centrales de tamaño menor.
Respecto
a la generación Geotérmica, la información de la SENER indica que México ocupa
el tercer lugar mundial como generador de esta energía.
El
potencial Eólico del país no ha sido evaluado de manera exhaustiva. Sin embargo, la dependencia de México para
realizar estas evaluaciones en regiones específicas lo ha desarrollado El
Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos, realizado
los mapas eólicos, para Oaxaca, Baja California Sur, las costas de Yucatán y
Quintana Roo y las franjas fronterizas
de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Es
necesario identificar como energías limpias:
v Renovables convencionales
•
Hidroeléctrica
•
Geotérmica
v Renovables
no convencionales
•
Biocombustibles
•
Eólica
•
Biomasa
•
Solar (fotovoltaica
y solar)
v
Energía nuclear
Beneficios
e inconvenientes de empleo de energías renovables para generación de
electricidad.
v Beneficios
•
Evita emisiones de
CO2 a la atmósfera
•
Evita el consumo de
energías no renovables
•
Beneficios
económicos a poseedores de los terrenos de parques eólicos
v Inconvenientes
•
Más cara la generación de electricidad que con
energéticos convencionales
•
Es intermitente, su
inestabilidad incrementa el costo del
servicio eléctrico
•
Tiene impactos
ambientales: Altos niveles de ruido, mortandad de aves
•
Ocasiona impactos
sociales, en áreas donde se establecen
los proyectos:
Ø Pérdida de terrenos para cultivos agrícolas
Ø Afectación a las actividades tradicionales de la
población
Ø Alteración de la integridad costumbres y
tradiciones, de pueblos indígenas
Es urgente que el Estado mexicano
rescate el valor estratégico de estos recursos interviniendo directamente en los
siguientes temas:
GENERACIÓN
EN PLANTAS MEDIANAS Y MAYORES CON BASE A RECURSOS RENOVABLES (EÓLICOS, SOLARES,
HÍDRICOS, GEOTÉRMICOS), apegándose al
texto de la Constitución, y excluyendo las figuras privadas
anticonstitucionales que avalan las leyes reglamentarias.
•
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, relativo
a la exhaustiva composición del mapa nacional de recursos, la viabilidad de su
aprovechamiento, el desarrollo de materiales congruentes con los componentes de
origen nacional, desarrollo de tecnologías adecuadas al tipo, modalidad,
dimensión y condiciones climáticas y geográficas nacionales.
•
PROMOCIÓN DE INDUSTRIAS NACIONALES en las regiones donde existe la abundancia de un determinado
recurso, rompiendo la total dependencia actual de materiales, equipo y
tecnologías importadas para la instalación a pequeña y menor escala de
equipamientos de generación eléctrica, particularmente, y también de
calentadores solares.
•
PROMOCIÓN DE UNA NUEVA NORMATIVIDAD EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL TRANSPORTE (industrias de alto consumo energético), para
promover la adaptación de construcciones y transportes colectivos y
particulares, de diseños, normas, combustibles y equipos que permitan una alta
eficiencia bioclimática (en el caso de la construcción) y de menor consumo de
combustibles fósiles en el caso de la industria del transporte.
EL
COMPONENTE SOCIAL, ALGO SUSTANTIVO Y CONDICIÓN SINE QUA NON.
•
Condición territorial extensiva (dígase
hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, etc.), las instalaciones de las
energías renovables afectarán grandes extensiones de terreno, involucrando una
conflictiva social con los actuales dueños de esos territorios, comúnmente
usados para algún tipo de uso agrícola o agropecuario, por mencionar los casos
más frecuentes.
•
El caso más crítico es el de la construcción
de presas, particularmente las de mayor volumen y extensión, que tienen altos
impactos sociales y ambientales.
•
REIVINDICAR EL PLENO DERECHO DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS A PARTICIPAR DE LOS BENEFICIOS DE LA
GENERACIÓN DE LA RIQUEZA ENERGÉTICA, las
comunidades exigen un trato de igual a igual, esto es como socios de plantas de
mediana y menor escala de generación, lo que sugeriría formas de propiedad
colectiva, social o mancomunada con el estado, para el aprovechamiento de
energías renovables.
•
Sin una respuesta a fondo y socialmente muy
comprometida respecto de este componente social del tema renovable, la
viabilidad del proyecto sustentable queda en entredicho.
• Los aspectos meritorios por el uso de los recursos
eólicos no deben servir de justificación para profundizar el proceso de
privatización del sector eléctrico, con el gravamen de que dicho proceso se
lleva a cabo con el apoyo de recursos públicos, por lo que dicho uso debe formar parte de una política pública, en que
el Estado destine las inversiones necesarias para su explotación en gran
escala, conforme al mandato constitucional.
•
Una medida que coadyuvaría a reorientar ese
proceso de privatización, sería la modificación del artículo 36 de la LSPEE.
• En el caso de comunidades indígenas, deberá informárseles
sobre los beneficios e inconvenientes de estos proyectos y respetar su
decisión, conforme a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT suscrito por
México.
V. En materia de innovación técnica científica
Es necesario contar
con una política científica que permita a los institutos del sector, así como
en general a las universidades e instituciones públicas de educación, ciencia y
tecnología, hacer de la educación e investigación científica, instrumentos para
el desarrollo nacional con justicia y soberanía.
Esta política debe
incluir, principalmente:
- Aumentar
la inversión a corto, mediano y largo plazo en Ciencia y Tecnología.
Cumplir con el mandato de Ley de destinar al menos 1% del PIB a CyT.
·
Impulsar la investigación básica de frontera
y la generación de tecnología de punta.
·
Realizar megaproyectos de ciencia y
tecnología con impacto nacional.
·
Establecer las condiciones para que las
instituciones de investigación puedan explotar sus conocimientos, vía la
generación del producto o la prestación servicio. Lo que les permitiría
sustentar su desarrollo.
·
Crear en las instituciones de investigación
instancias de gestión profesional de derechos de autor, patentes o vinculación
con empresas. Formadas por personas que conozcan el proceso, para que no se
conviertan en nichos de oportunidad para la burocracia ignorante.
·
Crear más instituciones de investigación y
formar un mayor número de
investigadores. Los cuales puedan reforzar incluso los recursos humanos
de las empresas.
·
Más apoyo a las instituciones de educación a
todos los niveles, impulsando una formación científica.
·
Plantear el desarrollo tecnológico no sólo con
fines económicos, sino con interés social, lo que eventualmente redunda en
beneficio económico.
·
Tomar en cuenta que el desarrollo de
tecnología propia, permite a su vez, el desarrollo independiente del país, lo
que en áreas estratégicas y prioritarias como la energía, significa la defensa
real de nuestra soberanía nacional, actitud ahora mal denominada
proteccionismo.
·
Resolver problemas sistémicos en la
organización de las instituciones que realizan investigación: i) contar con
liderazgos científicos no sólo para conducir la investigación sino a las
instituciones, ii) eliminar los procesos burocráticos que implican gastos
mayores por salarios, complicación administrativa por los sistemas de control
absurdos, y la corrupción, y iii) contar con recursos económicos suficientes
para el tamaño de la institución y los retos que se pretenda que aborde.
En
particular, los institutos de investigación del sector energía, ININ, IIE e
IMP, además de contar con presupuestos adecuados a sus tareas, deben
participar, a través de sus especialistas, en el diseño y puesta en práctica de
la política energética nacional. Para ello, deberán contar con las condiciones
que les permitan impulsar proyectos y actividades interinstitucionales para
apoyar a las empresas públicas de energía y para trabajar conjuntamente con
otras instituciones por la construcción de la independencia tecnológica en su
materia.
Vl. En materia de un
nuevo modelo laboral
Una reforma energética integral estaría incompleta si no
considera un modelo de las relaciones labores compatible con ella, tanto desde
la óptica de la formación y profesionalización de los recursos humanos, como
desde la perspectiva del necesario
involucramiento de los trabajadores en el cumplimiento de los fines de
un sector estratégico para el desarrollo y la soberanía de la nación. Para ello
se necesita desterrar la corrupción implícita en un modelo laboral diseñado
para el control corporativo y clientelar de los trabajadores y construir una
relación laboral sustentada en existencia de organizaciones sindicales
representativas, autónomas y democráticas. Por ello, además de continuar
reivindicando el Proyecto de Reforma Laboral y Productiva de la UNT,
consideramos que en el sector energético se requieren tomar en cuenta los
siguientes elementos:
·
Se Fomentará la alta calidad profesional,
ética y de compromiso social de los liderazgos.
·
Se construirán compromisos claros en todas
las empresas del sector para APROVECHAR Y DESARROLLAR los recursos humanos,
materiales y tecnológicos. El desarrollo de las ingenierías debe ser un
objetivo de alta prioridad.
·
Se impulsarán esquemas de servicio de carrera
en todo el sector para garantizar que en los mandos altos y medios de las
empresas prevalezca el personal de probada capacidad y experiencia previniendo
la presencia de elementos improvisados además de la corrupción, con ello se
generaría una sana expectativa de ascenso y realización laboral y profesional
de los cuadros técnicos.
·
Se establecerán acuerdos dentro de los CCT’s
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos por nuestra Carta
Magna en materia de política energética. Los que permitirán el desarrollo tanto
de las fuentes laborales como de la materia de trabajo a partir de la mejora de
los procesos operativos, la planeación
así como de la formación y profesionalización de los recursos humanos. Para tal
efecto los sindicatos promoverán la discusión, entre sus agremiados, acerca del
destino, desenvolvimiento y alternativas de desarrollo de la industria a la que
sirven.
·
En este contexto los esquemas de
productividad y calidad serán pactados bilateralmente por lo que serán
sometidos a revisiones periódicas en las que se evaluarán sus resultados
considerando los avances, desviaciones y en su caso, retrocesos. Los programas
de productividad y calidad procurarán la óptima articulación entre los fines de
las empresas, previstos en la constitución y el mejoramiento de las condiciones
laborales y de vida de los trabajadores lo que implica contar con sistemas de
estímulos económicos congruentes con dicho propósito.
·
La seguridad y la salud serán una
responsabilidad compartida por las empresas y los sindicatos, considerando que
las energéticas son industrias de alto riesgo lo que hace necesario actualizar
la normatividad aplicable, eliminando duplicidades y burocratismo. Para
garantizar la adecuada aplicación de las normas de seguridad, salud e higiene
es indispensable fortalecer los sistemas de supervisión por medio de la
participación de trabajadores a través de las comisiones mixtas de seguridad e
higiene correspondientes, cuidando que el personal que participe en ellas reúna
el perfil profesional necesario.
·
La capacitación será un recurso permanente
para poder lograr la más alta productividad y el manejo adecuado de las mejores
tecnologías. Lo anterior generará asimismo alternativas para que, en aquellos casos en que sea
necesario pactar cambios en las estructuras de las áreas operativas, se
facilite la preservación de los empleos mediante la reubicación de los
trabajadores en áreas afines o en otro lugar de residencia, tomando en cuenta,
desde luego su opinión, intereses y formación profesional.
· Se
respetarán los derechos Laborales de los
trabajadores establecidos en los convenios internacionales y las leyes
laborales del país, especialmente los derechos de asociación y libertad
sindical.
· Se
eliminara la intimidación a trabajadores que luchan por ejercer su derecho de
asociación, por democratizar su sindicato y/o por defender al sector
energético.
·
Se impulsara la democracia sindical ya que es
la condición esencial para que exista verdadera representatividad de los
trabajadores, desde los centros de trabajo.
·
Se diseñaran mecanismos que hagan posible la
fiscalización sindical de los asuntos sustantivos de la empresa como los
indicadores de productividad, o los planes y programas.
· Se
Incluirán en los CCT’s, un apartado en el que se salvaguarden los derechos de
los trabajadores eventuales.
Finalmente
la administración de las prestaciones incluidas en los CCT’s y otros convenios
de carácter bilateral deberá realizarse por las organizaciones gremiales bajo
condiciones de transparencia, equidad y rendición de cuentas.
[1] 1 CEEN
México 2060. Propuestas estratégicas para que México sea potencia económica con
equidad social y soberanía, en la globalización. Borrador de Discusión.
Septiembre 8, 2011.
publicadas por Carlos Guillén S. a la/s
7:52 a.m.
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