Ayotzinapa, un problema de clases

Carlos Guillén S.

En un ataque de sinceridad, un legislador panalista dijo que las normales rurales son un riesgo para México. Seguramente es lo que piensan muchos políticos y gobernantes, independientemente de su partido de origen o del que les haya facilitado la franquicia para ocupar su actual posición.

Y es que esta forma de pensar es lo que puede explicar la virulencia de los ataques contra esa parte del sistema educativo nacional. El asesinato de tres estudiantes y la desaparición de cuarenta y tres más, no es un hecho aislado ni producto solo de la actitud represiva de un gobernante de mente enferma y acciones pinochetistas. Tampoco puede explicarse solo como la reacción de un grupo delictivo.

Se trata de un eslabón más de la permanente campaña, que data de décadas, contra un sistema escolar entre cuyas principales características están:

1. Se trata de un sistema escolar dirigido a los hijos de la población campesina.

2. Es, como el IPN, un producto surgido de la combinación de la lucha obrera y campesina por educación para sus hijos y la acción de la corriente nacionalista revolucionaria de la Revolución Mexicana, en el gobierno en los 30's.

3. Para muchas familias campesinas, este sistema es la única posibilidad de lograr una mejoría  social. 

4. Los egresados de las normales rurales han impulsado la conciencia y organización campesina y popular y, en algunos casos, incluso la lucha armada. 

Como los sindicatos, más que un obstáculo a la política de recuperación capitalista, las normales rurales son una posibilidad de resistencia organizada, un peligro potencial para el neoliberalismo. En ambos casos, los sucesivos golpes no han logrado desaparecer por completo la conciencia y la organización obrera y campesina. Quedan algunos sectores sindicales conscientes y ahí están las normales rurales.

Por eso, ya desde la contrarrevolución hecha gobierno con Avila Camacho, se ha golpeado a los sindicatos, al IPN, a la cultura proletaria, a las Normales Rurales.

Al igual que no lograron desaparecer por completo el ejido, tampoco pudieron desaparecer todos los avances en la cultura y la educación, pero si los han tratado de desnaturalizar y disminuir. Ya en 1956 desaparecieron el internado del IPN. En 1931 había 16 normales rurales; llegaron a ser 29 en 1969  y Díaz Ordaz cerró la mitad. Quedan 16.

La falta de presupuesto, la represión y el impulso a sistemas educativos que privilegian lo individual ante lo colectivo y el mercado por encima de lo social, han jugado un importante papel en el desmantelamiento de lo último que queda de la escuela socialista de los treintas. 

Las políticas de recuperación capitalista de las recientes décadas han puesto el destino de los trabajadores del campo y la ciudad en manos de intereses transnacionales. El campo ha sido convertido en exportador de mano de obra y la producción de alimentos está controlada por empresas agroindustriales transnacionales y comercializadoras nacionales, con quienes deben competir los campesinos que han decidido permanecer en los surcos. En semejante panorama es claro que la educación no es una prioridad del grupo gobernante en el devastado campo mexicano. 

Pero además, los estudiantes de las normales rurales están organizados. En un medio en que la organización al margen de los mecanismos oficiales de control debe enfrentar problemas de toda índole que van del vacío informativo a la desaparición física, es un mérito enorme que la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México haya resistido décadas de caciques,  gobiernos multicolores y seguramente no pocos conflictos y desviaciones propios. 

Lo que han sufrido las normales rurales no es, entonces, asunto menor, es una verdadera expresión de odio de clase. Se les ha acusado de ser nidos comunistas o escuelas de guerrilleros. Se les agrede con verdadera saña, porque son parte de un proyecto histórico que se niega a desaparecer. Igual que las culturas originarias, igual que la vida comunitaria, igual que el ejido, se niegan a desaparecer.

Lo ocurrido en Ayotzinapa no es entonces, un hecho aislado ni una represión más. Es parte de un proceso más complejo, inscrito en la vigente lucha de clases. Las clases dominantes buscan cerrar cualquier posibilidad de organización, educación y desarrollo propio al campesinado pobre. Ayer se cerraban por comunistas, hoy se les ataca con discursos de excelencia académica y se propone que sean escuelas de turismo. Ayer y hoy, el discurso contra estas escuelas para campesinos pobres es un discurso clasista.

Hoy todas las voces se deben unir para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas y el castigo a los responsables de la represión, pero también se debe exigir atención a todas las instituciones de educación, investigación y cultura, incluyendo de manera prioritaria al sistema de educación normal rural. Hoy, luchar por condiciones dignas de estudio para los hijos de los campesinos pobres, luchar por educación de calidad en el IPN, contra el recorte presupuestal al sector cultura, por una política de estado en ciencia y tecnología, son partes de una sola lucha por un país más justo para las mayorías, por un México con soberanía.