El nuevo gobierno y la Política científica

Carlos Guillén S.

Cada vez en más claro para cualquier país que quiera competir en condiciones adecuadas en un mundo globalizado, la urgencia de dotarse de políticas educativa y científica que le permitan construir un sistema acorde con las condiciones mundiales. Esto ha sido reconocido en el discurso por diversos gobiernos  mexicanos, sin embargo no se ha traducido en acciones y las políticas educativa y científica, distan mucho de ser un factor que ayude a cumplir los requerimientos de satisfactores que tiene una población en constante crecimiento, así como los problemas derivados del deterioro del planeta a causa de la actividad humana.

La educación y la ciencia en México han tenido algún impulso cuando se ha contado con gobiernos sensibles, capaces de ver al futuro o que se han dejado influir por promotores de estas actividades. Así, cuando la corriente nacionalista revolucionaria llegó a la presidencia con Cárdenas, fue creado el Instituto Politécnico Nacional, se puso en marcha la llamada educación socialista y se atendieron otras demandas y necesidades de la población. El retroceso posterior dejó al IPN durante décadas sin Ley Orgánica, se cambió el texto constitucional sobre la educación y se abandonaron planes y programas. La dinámica propia de algunas instituciones públicas del sector y la insistencia de personalidades de la naciente comunidad científica mexicana lograron, sin embargo, la creación de instituciones como el CINVESTAV, la CNIC-CNEN, el CIESAS, el ColPos, INIFAP y otras instituciones. Se llegó a tener condiciones en que existían recursos en las instituciones y una relativa libertad para su uso, pero adoleciendo de una política nacional, de Estado, en materia de ciencia y tecnología. El resultado: un desarrollo desigual y disperso, marcado por los intereses y acciones locales, en lugar de un plan nacional.

No hay que olvidar que la creación de tales instituciones se da en tiempos en que aun hay crecimiento económico, la agricultura es autosuficiente y fuente de acumulación y están presentes en el gobierno, remanentes de la corriente nacionalista surgida de la Revolución Mexicana. Esto cambia con la crisis económica y con el cambio del grupo en el poder. Si la dispersión y la ausencia de política eran los principales problemas, había al menos recursos que no siempre fueron orientados adecuadamente. El viraje internacional a la derecha producido hace unas décadas, tuvo su expresión en México con la llegada al poder del grupo de tecnócratas que aunque eran del mismo partido que sus antecesores, carecían de la tradición política,  un origen más o menos popular y relaciones con las masas que fueron características que, combinadas con el control político y la represión, mantuvieron en el poder durante décadas al viejo régimen.

Los nuevos criterios en la educación y la investigación seguidos por los gobiernos del neoliberalismo han sido similares a los dictados por los centros financieros internacionales para la política económica: privilegiar la acumulación capitalista y hacer de los países periféricos, meros maquiladores del gran capital transnacional. Los continuos cambios en la política educativa expresan la ausencia de un proyecto de estado en la materia y revelan el verdadero papel que el gobierno asigna a ésta. Tanto en la educación como en la investigación científica, se impulsan prácticas que promueven la dispersión y competencia entre los trabajadores académicos, forzando al cumplimiento de metas que equiparan productividad con cantidad, en detrimento de la calidad. Se sustituye la mejora salarial con bonos y estímulos, lo que lleva a profesores e investigadores a tratar de cumplir con metas de volumen de producción, dejando de lado la calidad de la enseñanza o la generación de nuevo conocimiento y afectando de paso el trabajo en equipo con prácticas para acumular puntos por el medio que sea. La idea dominante para evaluar el trabajo académico y científico es la cantidad de indicadores cumplidos, predominantemente de orden económico, independientemente de su impacto académico o científico y social.

No obstante, la influencia de un mundo en el que el avance tecnológico es patente a cada momento, tiene su influencia y se expresa en limitadas medidas de impulso a la ciencia. En décadas recientes, fueron creados el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores y hace una década fue aprobada la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que daría continuidad a la Ley de Fomento a la investigación científica, aprobada poco antes. Se trataba de primeros intentos por ordenar un sector que había surgido y crecido de manera dispersa. Los criterios rectores sin embargo, han sido los mismos que han prevalecido en la política oficial, privilegiando a empresas y ganancias sobre la soberanía y el desarrollo nacional. El SNI –independientemente de sus aspectos positivos-- dio carta de naturalización al individualismo y la competencia y la LCT resultó una poco disfrazada ley de fomento industrial. La nueva legislación creo también el sistema de centros públicos de investigación, dejó en manos del presidente de la república y un grupo de secretarios de estado el diseño de la política científica, no se dieron pasos hacia la descentralización de las actividades científicas y en el terreno laboral, fueron establecidos criterios que afectarían los derechos de los trabajadores de la investigación científica.

En el terreno presupuestal, se modificó la Ley General de Educación y junto con reformas posteriores a la LCT, quedó establecido que debía destinarse el 8% del Producto Interno Bruto a la educación y 1% del mismo a ciencia y tecnología.

No obstante el avance que puede representar contar con una ley donde no había antes nada, mucho de lo acordado por el Congreso quedó en el papel. Para 2006, de acuerdo a lo aprobado por el legislativo, debían alcanzarse las metas presupuestales y hoy, cinco años después, con dificultad se ha llegado a 0.4% del PIB lo aprobado para CyT. No solo eso, sino que muchos de los recursos destinados a CyT han ido a parar a la iniciativa privada con el pretexto de apoyar a empresas que hagan innovación tecnológica. Así, parte de los raquíticos recursos aprobados para investigación y desarrollo han ido a empresas transnacionales que tienen todos los recursos para hacer investigación y desarrollo o a nacionales cuyas aportaciones a la ciencia son discutibles. Las instituciones públicas del sector, en cambio, ven reducidos sus presupuestos al ser forzadas a generar recursos propios sin contar con las condiciones para hacerlo, ven sus plantillas laborales prácticamente congeladas y carecen de políticas de desarrollo y definiciones a mediano plazo. Al mismo tiempo, cronos va deteriorando paulatinamente a su personal, mismo que es víctima de un intenso stress por la necesidad de cumplir con las metas economicistas de producción y se ve impedido de jubilarse dignamente, a causa de las reformas a la seguridad social y para completar el sombrío panorama, tampoco tiene oportunidad de formar a sus sucesores en sus instituciones.

Con todo, el tema de la ciencia y la tecnología, ha ido avanzando. En más de la mitad de entidades de la republica,  se cuenta ya con organismos estatales de ciencia y tecnología, algunos medios de difusión han creado programas y suplementos sobre investigación y desarrollo y ocasionalmente el tema llega a pantallas, diales y páginas de los principales medios de difusión.

En los años recientes, organizaciones, autoridades e integrantes de diversas instituciones públicas educativas, científicas y tecnológicas, han realizado una intensa actividad para demandar a la Cámara de Diputados presupuestos adecuados que les permitan cumplir con las funciones que las leyes les asignan. La participación y los resultados han sido desiguales. En casos como la UNAM o el IPN, sus propias autoridades han realizado las gestiones correspondientes; en otras, como la UACh las acciones han sido conjuntas por parte de autoridades y sindicatos y en otras más, como el ININ, las peticiones y negociaciones han sido realizadas solo por los trabajadores sindicalizados. Por su parte, los partidos han brindado su apoyo en no pocos casos, con criterios electorales y clientelistas, ya que en sus plataformas políticas la educación y la ciencia aparecen solo de manera marginal o están por completo ausentes; es decir, no tienen propuestas ni políticas al respecto.

En 2011, la dispersión en las actividades de CyT dio paso a acciones coordinadas, al menos en la demanda de presupuesto. Por primera vez, autoridades universitarias y de instituciones de educación superior, organizaciones de la academia y de la iniciativa privada, unieron sus voces y desarrollaron una actividad particularmente intensa, llegando incluso a pedir que los diputados rindieran cuentas por el incumplimiento del añejo acuerdo legislativo de llevar el gasto en CyT a 1% del PIB. En esta más o menos intensa campaña, los grandes ausentes fueron los sindicatos. Tal vez con excepción del SUTIN –a través de un desplegado en 2011 y dos en 2012—los sindicatos estuvieron prácticamente al margen de esta campaña o la enfocaron centralmente en el aspecto salarial, dejando de lado la necesidad de cambios integrales en el sector.

El presupuesto aprobado finalmente, apenas difirió de lo propuesto por el gobierno federal. Se logró hacer reasignaciones en rubros como el campo, la educación y recursos a los estados. El monto de las modificaciones es una parte poco significativa del presupuesto. Se aspiró por diversos sectores castigados por la política económica oficial, a introducir modificaciones menores. Los partidos, respondieron medianamente a las presiones de aquellos, pero ni de lejos se plantearon modificar la política económica oficial.

De cualquier manera, las asignaciones presupuestales, con la importancia que revisten, son sólo una parte del problema. El verdadero problema de la educación, la ciencia y tecnología mexicanas, está en la falta de definiciones de mediano y largo plazo, en la inexistencia de políticas de estado en la materia. El problema se agudiza si consideramos que no sólo el gobierno federal adolece de un proyecto en este terreno, sino que casi ninguno de los partidos políticos, considera la CyT como tema prioritario. En este, como en muchos temas más, el país se encuentra frente a un gran silencio por parte de quienes lo gobiernan o aspiran a hacerlo. Este vacío, se puede y se debe ocupar, con propuestas que sean llevadas al conjunto del movimiento social, ganando a la sociedad a la lucha por una política educativa y científica para el desarrollo y la soberanía nacional.

Para el futuro, se debe tomar en cuenta que independientemente de quién gane las elecciones, las imposiciones y presiones de los organismos financieros internacionales, así como los compromisos contraídos con ellos por la llamada clase política, poco podrá hacer quien quede al frente del gobierno federal, si no cuenta con un proyecto y fuerza organizada propios. Una tarea para el movimiento social, es insistir con sus demandas, pero no sólo con el formato limitado de peticiones, sino con proyectos de verdaderas políticas públicas que permitan hacer valer la fuerza social y los eventuales espacios políticos ocupados por posibles aliados. Los temas de educación, ciencia y tecnología, tímida y tangencialmente mencionados por los hoy candidatos, deben ser puntos centrales en la agenda del gobierno que resulte de las elecciones de este año. Si no lo consideran, hay que forzarlos a hacerlo.